Reportajes

La lucha que todavía no termina

Luisa Fernanda Martínez Arenas
Sergio Ramírez Zuluaga

El cinco de junio de 2015 se le apareció a Magdalena casi como un recordatorio burlón del destino, un recordatorio de que todavía falta mucho para que Yarumal; Antioquia; Colombia conozca la paz. Y sin embargo, como si el peso de toda una vida  no fuera suficiente, Magdalena no ha tenido peros en convertirse en un símbolo.

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Con la información recopilada por Madres por la vida entre el 2007 y el 2010, empezaron a trabajar en que se diera, esta vez sí, una verdadera ley de víctimas.

“Si bien en el gobierno de Álvaro Uribe no se pudo establecer una ley para las víctimas”, cuenta Magdalena, “como había elecciones en el 2010, nosotros empezamos a hacer una incidencia política. Diseñamos una agenda y la presentamos a los candidatos que había a la presidencia, al Senado, al Congreso”.

Gracias en parte a la influencia de organizaciones como Madres por la vida, que hicieron del reconocimiento y reparación a las víctimas del conflicto armado un tema central en las agendas de la rama ejecutiva y legislativa, se consiguió que fuera aprobada la ley 1448 del 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual tomaba por objetivo uno particularmente ambicioso.

En el artículo primero de la ley se lee: “Establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales”.

Además, por primera vez había disposición para reconocer de una manera precisa y extensa las víctimas del conflicto armado.

En el artículo tres se lee: “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.

Además, se consideraron víctimas a familiares, parejas, personas que hayan asistido a víctimas o las hayan defendido, además de los menores de edad reclutados en grupos armados y a familiares de miembros de estos grupos.

Este reconocimiento tan amplio y accesible hizo posible la creación de espacios oficiales como las Mesas de Participación de Víctimas, las cuales hicieron que las víctimas pudieran tener peso e influir en las decisiones tomadas desde el Estado que involucren, o afecten de una manera u otra, a las víctimas del conflicto armado.

Todo esto terminó por allanar el camino para que las víctimas finalmente pudieran tener un espacio en negociaciones y acuerdos como los diálogos con las Farc, que comenzaron en el 2012 y condujeron al acuerdo de paz con la guerrilla más longeva de Latinoamérica.

“Asistíamos a los diálogos regionales”, recuerda Magdalena, “unas veces íbamos solamente al departamento de Antioquia, otras veces íbamos a Chocó, al eje cafetero, entonces empezamos en los diálogos regionales, y nos delegaban a los diálogos nacionales en Bogotá”.

 El fruto de esas colaboraciones fraguó los seis puntos de los Acuerdos de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, orientados a reformar el campo colombiano, a la apertura democrática para construir la paz, a ponerle fin al conflicto armado, a llegar a una solución del problema de las drogas ilícitas, y sobre todo, a llegar a un acuerdo sobre las víctimas del conflicto y a implementar todos estos puntos.

Desgraciadamente, en el 2014 y el 2015, casi como un recordatorio de que todavía falta mucho para que haya una verdadera paz en Colombia, una nueva tragedia se dio en la familia de Magdalena.

El cinco de junio de 2015, un titular proveniente de Yarumal circuló a nivel nacional. En Caracol Radio se presentó así:

“Asesinan a comerciante líder de víctimas en Yarumal, Antioquia.

Su esposo y su hijo habían sido desaparecidos por paramilitares.

Las autoridades reportaron el asesinato en el municipio de Yarumal, norte de Antioquia, de María Eugenia Calle, integrante de la organización de víctimas Madres por la Vida.

María Eugenia fue asesinada cuando regresaba a su vivienda luego de cerrar su negocio. La mujer había tomado un taxi y tras descender del vehículo fue baleada por un joven que le disparó en el rostro”.

 De acuerdo con Magdalena, lo ocurrido a su hermana menor fue el resultado de una serie de eventos que iniciaron a finales de 2014.

“Aquí, a finales de cada año, los meses entre septiembre, octubre y noviembre, se inician casi siempre unas épocas de extorsiones y amenazas”, comenta Magdalena. Su hermana era propietaria de un almacén de materiales de construcción, un negocio heredado de su padre. Y en aquella época del 2014, ella se convirtió en uno de los blancos de esas victimizaciones.

“Ella dijo ‘yo no me voy a poner a trabajar para mantener unos sinvergüenzas que no hacen nada’, y denunció ante la Fiscalía”, recuerda Magdalena. Eso solo empeoró la situación.

María Eugenia, sin embargo, no era la única víctima.

“En enero del 2015 hicimos una reunión con la Alcaldía, el Secretario de Gobierno y la Asociación de Comerciantes. Ellos ahí contaron lo que estaba pasando en Yarumal. Contaron, no denunciaron, ella fue la única de la Asociación de Comerciante que presentó la denuncia ante la Fiscalía”.

Producto de esas conversaciones, el alcalde notificó a la Policía y al Ejército, y se empezaron las investigaciones.

“La Policía le puso un esquema de seguridad, e infiltraron unos policías en el almacén. En el momento que llegaban por la extorsión, cuando salían con un fajo de plata, fueron capturados los cobradores”.

Esas operaciones no solucionaron el problema.

En mayo del 2015 ella cumplió los 60. En ese mismo mes, la Policía, asumiendo que su tarea estaba hecha, le retiraron ese esquema de seguridad, dejándola indefensa.

“La Policía siempre dice que denunciar paga. Denunciar no paga. Ella había puesto dos denuncias, la del 2014, y las amenazas que empezó a recibir en el 2015. Pero al final fue asesinada el 4 de junio de ese mismo año del 2015”.

Para Magdalena, incluso después de la firma del Acuerdo de Paz, todavía queda mucho por hacer, no solo en Yarumal, sino también en Colombia.

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Antioqueña de Oro. Sembradora de semillas de paz. Defensora de la vida y la tierra. Yarumaleña ejemplar. Yarumaleña épica. Resulta sorprendente que tantos reconocimientos, tanta admiración y tantas esperanzas de un futuro en donde la violencia no sea omnipresente, sean depositados en los hombros de una doña menuda, con gafas para una vista reducida; pelo corto teñido ahora gris por 70 años de vida; y que ha procurado toda su vida evitar llamar demasiado la atención, un esmero que quizá sea responsable de que sea más fácil leer su nombre referenciado o citado a encontrar información detallada o imágenes de aquella señora que podría ser cualquier madre, tía, abuela.

Sin embargo, es bastante diciente el cómo, a medida que la paz se ha convertido en un tema cada vez más conversado y presente en el país, cada vez es más fácil encontrar su nombre y rostro, imponente, combativo, en un mar de personas.

Magdalena, como si el peso de toda una vida, de toda SU vida no fuera suficiente, no ha tenido peros en convertirse en un símbolo.