Reportajes

Buscando los muertos que el silencio enterró

Luisa Fernanda Martínez Arenas
Sergio Ramírez Zuluaga

El número 21 de cierta lista le estaba reservando una sorpresa a Magdalena, un silencio que finalmente iba a ser roto. Habiendo llegado a este punto, a Magdalena ya no le bastaba encontrar respuestas sobre sus desaparecidos. Ella ya estaba decidida a encontrar a cada uno de los muertos enterrados por décadas de silencio.

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Frente a los crecientes episodios de violencia, entre 1996 y 2002, la Asociación de mujeres campesinas, cabeza de familia y empresarias del norte de Antioquia, junto con La REDEPAZ, que se formó en 1993, promovieron distintas campañas para visibilizar y resaltar la importancia de los derechos humanos, la dignidad humana, y la libertad.

A partir de su participación en la Asociación de Mujeres, se desempeñó en distintos cargos a los que fue postulada y elegida por esa Asociación. Entre estos, se destaca su puesto en la Asamblea Constituyente de Antioquia.

“Ahí se trabajaban cuatro ejes temáticos importantes”, explica Magdalena: Educación y Cultura de Paz, Desarrollo Humano Sostenible, Gobernabilidad con Participación Ciudadana, y Solución Política al Conflicto Armado. “En ese entonces había una división territorial en Antioquia y una desarticulación entre municipios”, continúa, “por eso nosotros en la asamblea le trabajamos otro eje temático, el orden social territorial”, con la intención de fortalecer la articulación entre municipios de Antioquia. Esa idea, explica Magdalena, allanó el camino para que se gestaran mayores movilizaciones en defensa de la paz.

En el 2006 se dio de nuevo otro punto de inflexión en su vida.

Cuando se implementó la ley 975 del 2005, la Ley de Justicia y Paz, pensada para la “reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley y para que estos contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional”, para Magdalena quedó en evidencia otro de los errores que se suele cometer a la hora de buscar la verdad, la justicia y el perdón.

Esta ley concedía la posibilidad a exparamilitares, y a otros actores armados, de que sus respectivas sentencias y penas fueran suspendidas o reemplazadas, a cambio de colaborar con la justicia y con la reparación a las víctimas, esto por medio de contribuir con la verdad.

De acuerdo con Magdalena y con otras organizaciones en las que ella ha trabajado, si bien era entendible que la ley estuviera centrada en los victimarios, esto mismo terminó por darle todo el protagonismo a ellos, ensombreciendo los relatos de las víctimas.

“Desde REDEPAZ discutíamos que si la Ley de Justicia y Paz tiene tres principios”, explica Magdalena, “que son la Verdad, Justicia y Reparación, no podemos dejar la verdad solo en las voces de los victimarios. Si es verdad que nosotros no tenemos toda la verdad, ellos tampoco la tienen”.

Como respuesta a esto, desde REDEPAZ y la Secretaría de Género de la Alcaldía de Yarumal, en colaboración con la Ruta Pacífica de Mujeres, y en el marco de una serie de movilizaciones nacionales, lanzaron la campaña Deletrear la Piel por la Verdad, la Memoria, la Justicia y la Reparación, con Sentido para las Mujeres.

“Empezamos todo ese trabajo, y como decimos nosotros los antioqueños, el Gobierno nacional no pensó que le iba a salir el muerto a la trocha”, comenta a propósito de las enormes dimensiones que tomó esa movilización de víctimas a nivel nacional.

Aquellas movilizaciones cimentaron las bases de lo que en el 2007 sería la organización Madres por la Vida, un movimiento nacional creado por Magdalena Calle en colaboración de REDEPAZ en Bogotá, con la intención de integrar a madres, esposas, hijas, hermanas y familiares de víctimas de infracciones a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario.

“Nosotros hacemos unas exigencias”, explica Magdalena, “la verdad, la justicia y la reparación integral, y el reconocimiento de la verdad por parte de las personas que cometieron esas infracciones al DIH o a los Derechos Humanos. También el que la justicia derrote la impunidad en un Estado con respeto para los Derechos Humanos, y la reconstrucción del tejido social, especialmente en esos lugares donde se cometieron masacres, se acabó con los líderes cívicos y jóvenes, se atropelló la dignidad de las mujeres, y se destruyó la confianza”.

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Entre el 2007 y el 2010, bajo la coordinación de Magdalena y con el apoyo de distintas instituciones y entidades como la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, la Defensoría del Pueblo, la Universidad de Antioquia y la Gobernación de Antioquia, Madres por la vida se dio a la tarea de conseguir una verdadera ley formulada para las víctimas, y que complementara la anterior ley de Justicia y Paz. Por eso mismo comenzaron a documentar los hechos que habían ocurrido a lo largo de más de 30 años en Yarumal.

En esa época comenzó a conocer los destinos de sus familiares. Entre esos momentos, hay uno que todavía perdura en su memoria.

En el 2010, recibió una llamada de la Fiscalía 15 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz. Se habían puesto en contacto con ella debido a que ‘Julián Bolívar’, exjefe del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, había confesado algunos hechos que tuvieron lugar en Yarumal a finales de los 90, y al ser Magdalena una reconocida líder entre víctimas del conflicto, el ponerse en contacto con ella sería la mejor forma de comenzar a encontrar a los familiares de las personas asesinadas y desaparecidas en los hechos reconocidos por el exparamilitar.

Aquello, sin embargo, no le encajaba a Magdalena.

“Es que de esos grupos armados se tiene una georreferenciación de dónde actuaban. Y yo le preguntaba a la fiscal con la que hablé:

—‘Julián Bolívar’? ¿Aquí en Yarumal?” - porque se cree que ‘Julián Bolívar’ actuaba en el centro, sur de Bolívar, por los Santanderes.

— No, lo que pasó es que él actuó en Yarumal como Pérez.  Rodrigo Pérez Álzate.

— Pero si las personas que son víctimas de Pérez dicen que Pérez está muerto

— Pérez está vivo, Pérez está en la cárcel de Itagüí.”

 La fiscal le compartió una lista con las 23 víctimas reconocidas por ‘Julián Bolívar’, para que Magdalena pudiera ubicar a sus familiares.

 “Yo tenía una base de datos de las víctimas”, recuerda Magdalena, “yo iba mirando el listado, iba sabiendo de quién era, lo comparaba con la base de datos que yo tenía. Cuando llegué al 21…el 21…”

 El 21 tenía por nombre Luis Alonso Jaramillo López.

 Tras 13 años de ausencia, por fin lo tenía enfrente suyo, una vez más.

 “El 21 era mi esposo”.

En la versión dada a la Fiscalía, ‘Julián Bolívar’ confesaba que su esposo fue raptado y llevado a una finca en Llanos de Cuivá, uno de los corregimientos de Yarumal. Allí fue torturado y herido con armas de fuego con la intención de que finalmente confesara que ayudaba a la guerrilla, y les diera a los paramilitares una justificación a su actuar.

Ante el dolor, nunca cedió. Sin embargo…

“Le dijeron que recordara que tenía familia”, cuenta su esposa, “Ahí... Él ahí les dijo que sí… Que era colaborador de la guerrilla”.

 Fue asesinado y enterrado en esa misma finca.

‘Julián Bolívar’ reconoció que ellos sabían que su esposo nunca fue colaborador de la guerrilla. Solo era un líder, un político y un empresario que se negó a cooperar con los paramilitares.

 “Él dijo que un integrante del grupo había cometido un error y lo había desaparecido sin causa justa, entonces asumió el hecho por la línea de mando”, comenta Magdalena.

 Sin embargo, hasta el día de hoy el cuerpo de su esposo permanece lejos de casa.

 “La Fiscalía no ha encontrado el cuerpo de él por el tema de la formación geológica del terreno. No han podido porque según parece el producto de una grasa o algo un producto que tienen los pinos hace que él… que los cuerpos se descompongan de una manera que no se encuentren”.

 Aun así, la tarea de Magdalena cobró incluso todavía más valor.

 Más tarde, la sentencia de Rodrigo Pérez Álzate lo invitaba a participar en un acto de perdón frente a las víctimas.

“Nosotros le dijimos a la Gobernación que no queríamos ese acto de perdón aquí en Yarumal”, comenta Magdalena, “cuando se dan esos actos de perdón, les dan el protagonismo a ellos, a los victimarios, no a las víctimas. La Gobernación lo programó en el cuarto piso del edificio de la Gobernación, en Medellín, él estuvo allá y pidió perdón por los hechos causados”.

Llegada a este punto, a Magdalena ya no le bastaba encontrar respuestas sobre sus desaparecidos. Ella ya estaba decidida a encontrar a cada uno de los muertos enterrados por décadas de silencio, y no estaba dispuesta a aceptar que ningún otro desaparecido permaneciera olvidado, y sus familias, ninguneadas.

Quisieran o no sus victimarios, Magdalena se había convertido en la embajadora de grandes cambios, cambios que vislumbraban una verdad que se avecinaba, ineludible.