Opinión

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se ha caracterizado en su carrera política por buscar objetivos que en muchos casos han sido contrarios a sus propósitos iniciales. Gutiérrez escogió en su primer mandato como secretario de Seguridad a Gustavo Villegas, quien resultó imputado por concierto para delinquir agravado. Ha sido también torpe e impreciso en sus respuestas a periodistas, como cuando le preguntaron en medio de la campaña presidencial sobre el uso de los recursos que se debían destinar directamente a las regiones a través de las alcaldías y afirmó: «Pero plata es plata». Nos hizo reír, pero esta respuesta, junto con otras expresiones y acciones triviales, develan el fondo de su sustrato moral. 

En este sentido, su decisión de borrar un mural que expresa la lucha de decenas de madres por sus hijos desaparecidos consiguió lo contrario. Despertar no solamente en Medellín, sino en muchos lugares de América Latina y del mundo, una indignación profunda frente a un gobernante, que desconoce públicamente que, en La Escombrera, yacen los cadáveres de cientos de personas que fueron torturadas, asesinadas y sepultadas entre 2002 y 2004 en el marco de la operación Orión, la cual fue ordenada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, y ejecutada por más de 1500 efectivos de la fuerza pública y organismos judiciales, que acompañados por paramilitares —como testificó Don Berna— intervinieron brutalmente en las calles de la Comuna 13 para eliminar y enterrar en un basurero a todos aquellos que fueran considerados presuntos colaboradores de las guerrillas. 

La Escombrera se ha convertido en un lugar de la memoria, así como lo es la acción de búsqueda de sus hijos por las madres de los «falsos positivos», las buscadoras en México o las madres y abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina. De manera similar a como el alcalde Gutiérrez arrasa con un lugar de la memoria, se ha intentado, en muchas otras ciudades del mundo, destruir la memoria o los lugares de la memoria, como ha sucedido, por ejemplo, en Perú contra el impresionante memorial «El Ojo que Llora», que ha sido víctima de todo tipo de ataques, incluyendo ataques institucionales.

Anuncié que mi interés en esta columna es mirar cuál es el fondo del sustrato moral del actual alcalde de Medellín. ¿De qué está hecho como sujeto moral un gobernante que no se inmuta frente al dolor de las madres y las familias que han sufrido la desaparición forzada de sus hijos en la guerra y que, recurriendo a un argumento de orden o higiene urbana, ordena borrar las expresiones populares y de memoria que se expresan en los graffitis callejeros? 

Debo aclarar que al tomar el ejemplo del alcalde Gutiérrez pretendo afirmar que la insensibilidad moral frente al sufrimiento que ha producido la guerra, la tienen o comparten políticos, líderes de la mayoría de partidos y gremios económicos, paramilitares y guerrilleros. Lo que está haciendo el ELN es aborrecible en sentido moral y humano. Lo que hizo el jefe paramilitar Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, en una audiencia pública en el 2013, en el marco de las negociaciones con los paramilitares para iniciar el proceso de paz —Ley de Justicia y Paz— fue también desproporcionado, como lo mostró la filósofa colombiana Ángela Uribe.
 
«El Iguano funcionaba voluntariamente. Voluntariamente ignoró el sentido de lo que estaba por producir y silenció la capacidad de producirlo» (Uribe, 2017). Lo que produjo fue la puesta en escena de un nuevo método en la guerra, que consistió en incinerar los cadáveres de las víctimas asesinadas por él. 

Hecha esta aclaración, quiero suponer, para avanzar en mi pregunta sobre de qué está hecho moralmente nuestro alcalde, quien ha mostrado en muchas ocasiones —es mi hipótesis— que no es una persona capaz de reconocer en otra el dolor que ha sufrido por la muerte o desaparición de sus hijos y que este desconocimiento o enceguecimiento frente al dolor del otro, le impide reconocer en el dolor de las «cuchas» su dignidad como personas morales. 

¿Por qué se produce ese enceguecimiento? ¿Es un problema de educación moral y política? ¿Es asunto de la comprensión de sí mismas de nuestras élites políticas y económicas que se conciben como superiores racialmente porque se entienden como o de raza blanca, o herederos de riquezas y apellidos de sus antepasados coloniales, o se sienten más productivos, o más inteligentes, o más ricos? ¿O porque en la escala social se conciben jerárquicamente como el grupo social que ha luchado por ascender a la categoría de nobles, teniendo así un valor más alto en virtud de su posición alcanzada, y por esta razón han concluido que son los únicos a los que les corresponde el estatus de personas con dignidad?

El alcalde Federico Gutiérrez —como los miles de federicos, uribitos, paracos, proparacos, jefes guerrilleros, que hay en nuestra clasista, racista, discriminadora y excluyente sociedad— desconoce con seguridad que en el nivel moral los seres humanos somos iguales, es decir, tenemos una igual dignidad. Y debido a que tenemos una igual dignidad humana somos sujetos de derechos y obligaciones, primero, de que cada uno pueda desarrollarse a sí mismo como persona, y segundo, tenemos la obligación, en relación con los demás, con cada una de las personas que componen nuestra sociedad, de contribuir a su libre e igual desarrollo.

De esto puede deducirse, como lo ha hecho la concepción del Estado de Derecho que proviene de Kant, que la dignidad obliga «a no discriminar a la gente, a no tratar a un individuo de manera distinta que otro, por razones que son ajenas a su voluntad, y a respetar la libertad de los individuos, en el sentido de garantizarles un ámbito —el mayor posible— de no interferencia por parte de los demás» (Atienza, M., 2020). Y también obliga, podría decirse en forma de un imperativo categórico, a no borrar los graffittis que expresan el dolor de las madres por sus hijos desaparecidos. 

La dignidad, señor alcalde y compañía en el poder, tiene que ver, como lo señaló el autor del libro El principio esperanza, Ernst Bloch, no con el ascenso de todos los hombres a la categoría de nobles, sino con el fin de la humillación humana y la servidumbre, con el hecho de que todos los seres humanos puedan caminar en este mundo con paso erguido, concepción que se relaciona con el derecho a una existencia humanamente digna. 

Y a partir de este derecho a una existencia humanamente digna, Bloch revaloriza la función que debe tener el derecho, que no es, como sucede en Colombia, un mero instrumento de la política, sino un elemento indispensable para la construcción de la idealidad social, porque precisamente el derecho va ligado al valor de la dignidad humana. «No hay dignidad humana sin la eliminación de la miseria, pero tampoco ninguna dicha verdaderamente humana sin la eliminación de toda servidumbre», escribe Bloch. 

Sobre esto último, es importante destacar que el problema que revela el enceguecimiento moral del alcalde Gutiérrez, manifiesta una patología social. La élite antioqueña que construyó un modelo de gobierno corporativo para la planeación urbana, después de superar el trauma de Pablo Escobar, se ha decantado, en la medida en que ha perdido iniciativa y competencia nacional e internacional, hacia distintas formas de capitalismo no-productivo: desde el graffitour de la Comuna 13 de Medellín, hasta la narcoestética y la escandalosa prostitución infantil; frente a la cual se hacen de oídos sordos. Con la capacidad para construir un gran parque cultural a partir de sus grandes pintores y escultores, como lo hizo Barcelona cuando construyó el Parque de Montjuïc y el parque Güell, proyectado por Antoni Gaudí, los cacaos paisas posicionan a Balbín, Karol G, y Maluma. Negocios. Han perdido hace rato la visión de futuro para su propia sociedad. Basta mirar el abandono en que tienen a la Alma Mater de Antioquia y la reconversión de Eafit en una universidad empresarial. ¿Plata es plata?. Recuerden que no hay dignidad humana sin la eliminación de la miseria.

• Esta columna fue publicada en el sitio web La Silla Vacía, el 3 de febrero de 2025. 
   
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