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AccionesReforma tributaria, una discusión más allá del Congreso
AccionesReforma tributaria, una discusión más allá del Congreso
El debate sobre el proyecto del presidente Gustavo Petro apenas empieza y cada sector político y productivo trata de defender sus puntos de vista, para no verse muy afectado. Investigadores de la UdeA dan claves para entender algunos aspectos de esta nueva reforma.
Ilustración: Carolina Gomes
La administración nacional requiere de una elevada cantidad de dinero para su funcionamiento, para atender la deuda externa y para los programas fijados en las leyes, sea por políticas de Estado o del gobierno de turno, entre otros aspectos.
En el caso colombiano, por lo general, cada nuevo ejecutivo lleva al Congreso un paquete para cumplir sus promesas de campaña —Plan Nacional de Desarrollo—, junto con una propuesta para financiarlo, que, por lo general, es una reforma tributaria, como sucede en el momento con el recién llegado gobierno de Gustavo Petro.
Según Germán Valencia Agudelo, docente del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA, las reformas tributarias o financieras tienen dos razones fundamentales: «Primero, dan dinero para hacer cosas, y, segundo, incentivan o desincentivan las acciones de los actores —personas naturales y personas jurídicas—. A lo que valoramos en una sociedad lo ponemos a pagar pocos impuestos y a lo que no valoramos le cobramos más. Por ejemplo, el Gobierno invertirá más en alimentación saludable y pondrá impuestos a la comida chatarra».
Este economista e investigador consideró que, aunque la experiencia histórica ha mostrado que las reformas tributarias en el país no siempre han sido suficientes para cubrir los gastos de las administraciones de turno, en el caso actual se diferencia en que «lo que se trata de hacer es equidad, justicia: los que tienen poco pagan poco o nada, y los que tienen mucho pagan mucho, porque históricamente en Colombia se había cobrado mucho más a la población en general y al consumo de la gente».
En ese planteamiento coincidió el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas —FCE—Mauricio López, quien aseguró que «la reforma propuesta por el Gobierno se acerca mucho a lo que necesita el país, en el sentido de que pretende gravar salarios y pensiones más altas, patrimonio, incrementar el tributo a dividendos y ganancias ocasionales», entre otros aspectos.
Omar Hernando Bedoya Martínez, también docente de la FCE, coincide con estos analistas en que el gobierno de Petro necesita recaudar mucho dinero, no solo para sus programas sociales, sino para las obligaciones que vienen de tiempo atrás, pero anotó que «la reforma es dura, sobre todo para la clase media-alta. En cuanto a la renta, nos pone a pagar mucho. Junta todo lo que las personas se ganan por concepto de salarios, arriendo, intereses, dividendos, ganancias ocasionales, etc., y lo mete en una bolsa común que va a una tabla del estatuto tributario, por la cual necesariamente vamos a pagar más impuestos. Antes esos ítems tenían unas tarifas diferenciales».
Los frentes adicionales
Los investigadores consideran que, además, la reforma debe estar acompañada de acciones fuertes desde los organismos de recaudo y de control, con el fin de aumentar los recursos del Gobierno y que se pueda atender no solo lo programado, sino también los imprevistos que surgen en el Estado.
«La Contraloría y la Fiscalía hablan de una corrupción que ronda los 50 billones de pesos al año —dos veces la meta de la actual propuesta de reforma tributaria—. ¿Dónde está esa plata? Si esos organismos hacen bien su función, que es velar por los dineros públicos, recuperar esa plata, o parte de ella, sería menos necesaria la reforma», destacó Omar Hernando Bedoya.
Para Mauricio López «quizá el país no necesite más reformas en el corto plazo si se acompaña con otros elementos como combatir la evasión y la elusión, luchar contra la corrupción, y también que haya una posición decisiva del Gobierno de ajustarse el cinturón; es necesario que se proponga reducir gastos de funcionamiento, reducir salarios de los congresistas y funcionarios y disminuir el tamaño de algunas entidades del Estado, si empezamos a tocar rubros que en apariencia no son significativos, el agregado va a dar un monto importante».
Pero mientras la Dian, la Contraloría y la Fiscalía hacen más eficiente su lucha contra la corrupción y contribuyen a aumentar el recaudo del Estado, será necesario, consideran estos profesores de la UdeA, mantener la costumbre de reformas tributarias por parte de los gobiernos de turno.
Las comidas ultraprocesadas, además de etiquetas de advertencia, tendrán un impuesto sobre el precio de venta, con el cual se busca disminuir su consumo. Foto Pixabay
Puntos clave del proyecto de Minhacienda
Impuestos a personas naturales: mayor tributo a quienes ganan más de $ 10 millones en 2022, tanto por concepto de salario como de pensión.
Eliminación de beneficios tributarios a empresas: la tasa de tributación se conserva entre 35 % y 38 % en general. Se propone gravamen del 10 % adicional al petróleo, carbón y oro cuando los precios internacionales de estos se encuentren por encima de un piso de precios fijado por el Gobierno. Las regalías del sector minero-energético no serán deducibles ni descontables del impuesto de renta.
Impuestos saludables: impuesto a partir del 10 % a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados sobre el precio de venta, recaudado al productor o al importador al momento de la nacionalización.
Impuestos ambientales: quienes utilicen plásticos de un solo uso para envasar, embalar o empaquetar bienes deberán pagar un tributo de 1,9 pesos por gramo del plástico. Para el impuesto al carbono —que se cobra a quienes emiten gases de efecto invernadero— se pretende ampliar la base desde un 25 % en 2025, hasta la tarifa plena en 2028.
Lucha contra la evasión: desde el objetivo y en su título vi, el proyecto de reforma formula nuevos mecanismos para luchar contra la evasión y la elusión, mediante una reforma a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —Dian—.
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