Sociedad

Durante la última década, el Sistema Universitario Estatal —SUE— ha demandado la reforma urgente de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, de manera que se pueda subsanar el desfinanciamiento estructural que acumula el sistema como resultado de la base normativa que se estableció hace más de 32 años y que no es proporcional con el crecimiento, ampliación de cobertura, aumento de la presencia regional y cualificación del recurso humano que han alcanzado las universidades públicas colombianas en las últimas tres décadas.

Luego de un proceso amplio de análisis y reflexión del sector, el Ministerio de Educación Nacional radicó ante el Congreso de la República —el pasado 3 de septiembre de 2024— el proyecto de ley «Acuerdo Nacional por la Educación Superior», propuesta que pretende modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el fin de garantizar una financiación adecuada para las universidades públicas y las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales del país.

Como Consejo Superior Universitario vemos con preocupación que, aunque ya han pasado varios meses desde que se radicó el proyecto, los avances para su análisis, retroalimentación y aprobación dentro del legislativo no han tenido la premura y urgencia que se requiere, dada la situación financiera de las universidades públicas colombianas y, en particular, el déficit actual que enfrenta la Universidad de Antioquia. Como ya lo hemos hecho en otras oportunidades e, igualmente, lo han planteado otros actores del sector educativo, consideramos prioritario el trámite oportuno y efectivo de esta reforma, pues hay en ella una gran posibilidad de atender los problemas de financiamiento que experimenta el sector y, de manera particular, nuestra institución. 

Como ha sido de conocimiento público, en el último año nuestra Alma Máter ha sorteado una coyuntura financiera retadora que es evidencia de los desbalances que, en las últimas tres décadas, ha acumulado la institución —producto de su presencia y cobertura regional, las mejoras permanentes en la calidad de los programas académicos y su crecimiento científico e investigativo— derivado de los insuficientes recursos que recibe.

Por esta razón, insistimos en este llamado al Congreso de la República para que dé trámite prioritario a esta iniciativa legislativa, con la expectativa de que su materialización aporte significativamente en la resolución del desfinanciamiento estructural y garantice la continuidad en la prestación del servicio de educación superior pública de calidad, clave para el desarrollo científico y social de nuestro país. 
 

Consejo Superior Universitario
Universidad de Antioquia
8 de mayo del 2025