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Periódico Alma Máter

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UdeA Noticias
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Academia Sociedad

«Este país necesita escucharse»: Marta Ruiz

08/08/2022
Por: Johansson Cruz Lopera / Carlos Olimpo Restrepo S. - Periodistas

La Comisión de la Verdad presentó el 28 de junio de 2022 el Informe Final, producto de su trabajo durante cuatro años escuchando a múltiples actores de la sociedad que han sido víctimas o victimarios del conflicto armado en Colombia durante cinco décadas. Como parte del programa de socialización del Informe, la Comisión presentó, en el Teatro Universitario de la Universidad de Antioquia, algunas de las conclusiones de dicho trabajo. Hablamos con Marta Ruiz, comisionada y egresada de la Alma Máter, quien estuvo en ese encuentro.  

Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F. 

En más de 50 años de conflicto armado en Colombia han sido asesinados 600 estudiantes. Para tener una dimensión de la tragedia, esto equivale a que, durante más de cinco décadas, fue asesinado un estudiante por mes en el país. De ellos, el 25 % pertenecían a la Universidad de Antioquia.  

Este dato revelador, y que da cuenta de la violencia vivida en las universidades del país, se dio a conocer el pasado 28 de julio de 2022, en el Teatro Universitario de la UdeA, durante la presentación del Informe Final en el departamento de Antioquia por parte de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 

Algunas de las cifras que deja el informe, que analiza el conflicto armado entre 1958 y 2016, son: 50 770 personas fueron secuestradas, 121 768 desaparecidas, 450 664 asesinadas y 7.7 millones sufrieron desplazamiento forzado. El Periódico Alma Mater conversó con Marta Ruiz, egresada de la Universidad de Antioquia, periodista y comisionada de esta entidad de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, producto del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. 

Luego de la presentación del Informe Final, algunas voces de víctimas en medios y redes manifestaron que no se había escuchado a todas las víctimas. Para aclarar eso, cuéntenos, ¿cómo se elaboró el informe? ¿Cómo fue el proceso?
 

Nosotros estuvimos en todos los territorios. Abrimos 28 casas en todo el país. Escuchamos a todos los sectores y víctimas. A las personas que dicen que no fueron escuchadas —he leído algunos reportes de propaganda política que dicen que la Comisión no escuchó, personas que aún no han leído el informe y ya están haciendo juicios— hay que decirles que el 30 % de las víctimas que escuchamos fueron víctimas de actos cometidos por las Farc. 

Nosotros no estábamos buscando las víctimas de las Farc ni de los paramilitares, abrimos una convocatoria universal a todas las víctimas. Fuimos muy cuidadosos para tener a víctimas de todos los hechos victimizantes, de todas las regiones, condiciones sociales, edades, etc., porque sí tenemos un criterio de representatividad. 

Usted es egresada de la Universidad de Antioquia, la cual le aportó a la Comisión de la Verdad dos informes sobre los impactos del conflicto. ¿Qué relevancia tiene esa vinculación de las universidades en ese ejercicio? 


El conflicto armado interno se expresó en todos los territorios y las universidades fueron un lugar muy importante por la expresión ideológica que tuvo el conflicto. Todos los grupos tuvieron presencia en las universidades, a través de sus formas guerrilleras, pero también en sus formas políticas y de organización social. Algunas guerrillas tuvieron sus núcleos fundadores en el movimiento estudiantil, como el caso del ELN. 

La universidad pasó de ser una cantera ideológica y de formación política a ser un teatro de guerra que comenzó a configurarse desde antes de los años ochenta. Lo que vimos es que hay una presencia fuerte de las guerrillas, que no solo se disputaban el poder con organizaciones de derecha, sino también de izquierda. 

Nosotros le hicimos un llamado a estos grupos de estudiantes, profesores e investigadores que presentaron informes para reconocer esa complejidad, no decir que solo los paramilitares hicieron, sino que también estuvieron las guerrillas. Sí, no hicieron las mismas cosas, no en la misma escala, eso es verdad. Luego de esos años de presencia guerrillera llegaron los paramilitares, quienes se tomaron algunas universidades. 

¿Cómo se las tomaron? De dos maneras: una, tratando de borrar cualquier sesgo de izquierda, una batalla ideológica; y la otra, apropiándose de la institucionalidad por razones económicas, para saquear las instituciones. Las universidades públicas se volvieron unos contratistas muy importantes porque no pasan por la Ley 80 —que regula los contratos de las entidades estatales y en la cual las universidades tienen excepciones— entonces se usaron como instrumentos de espoliar finanzas. En muchos momentos algunas universidades del país tuvieron más recursos que las mismas gobernaciones. Los paramilitares vieron allí unos botines económicos y clientelistas. 

El 28 de julio de 2022, en el Teatro Universitario de la Universidad de Antioquia, el Comisión de la Verdad presentó el Informe Final, en el marco de las presentaciones regionales. Foto: Dirección de Comunicaciones / Alejandra Uribe F. 

En un país que ha sufrido un conflicto armado tan largo y donde las víctimas se cuentan por millones, ¿por qué es importante tener una Comisión de la Verdad? 


Las comisiones de la verdad no son grupos de investigación. Para eso están las universidades. Tampoco son grupos de memoria histórica. Una comisión de la verdad —especialmente la colombiana— es un mecanismo de transición para hacer un pare cuando se cierra un ciclo como el nuestro, pasar de la guerra a la paz. Es revisar el pasado críticamente, es una oportunidad de cambio. 

Nosotros intentamos recoger la experiencia del pasado para ver qué pasó, explicar por qué pasó y tratar de recomendar qué hacer para que no suceda más. El Informe Final recoge esa experiencia, es testimonio de lo que pasó. 

¿Cómo se llegan a esas recomendaciones que dejan en el Informe Final —crear un Ministerio de la Paz, regular los ascensos de militares, crear una política de memoria, separar la Policía del Ministerio de Defensa, entre otros—? 


Surgen directamente de los factores de persistencia. Luego del análisis de lo que vimos y de lo que escuchamos, llegamos a la conclusión de que acá hay unos temas que están en el fondo de lo que pasa. En cada tema vimos lo que emerge en esos factores de persistencia y de ahí salen las recomendaciones. Necesitamos una política de paz, sin duda, crear una política de memoria, etc. Llegan del proceso mismo. 

De las recomendaciones que deja el Informe Final, ¿cuál debería ser prioridad para este Gobierno? 


Las recomendaciones son de corto, mediano y largo plazo. Al Gobierno de Petro le tocaran unas de corto plazo. Solo el Comité de Seguimiento para las recomendaciones dura siete años, más que este Gobierno. Las recomendaciones no son solo para el Gobierno, son para muchas instituciones. 

Hay dos o tres cosas que no dan espera: el tema del narcotráfico, por ejemplo. Hay que empezar, así la solución sea de largo plazo. La paz es otro tema. Están matando la gente en el Bajo Cauca, en Arauca, en muchas regiones. Por eso es necesario resolver ese problema humanitario ya. No da espera. 

Coincidimos con el nuevo Gobierno en que la política de paz debe ser territorial. Ya no hay una guerra en todo el país, hay sin duda expresiones de delincuencia, de crimen organizado, de violencia, pero en ciertos territorios. La Cruz Roja Internacional ha dicho que hay cinco conflictos armados localizados —Catatumbo, el eje Arauca y sur de Córdoba, el Pacífico y Cauca—. Algunos de ellos son entre grupos diversos, que no son contra el Estado. 

En el narcotráfico es donde se está reproduciendo todo y hay que intervenir ahí ya. 

Usted tuvo a cargo el capítulo de «Narrativa histórica», el cual aborda los diferentes periodos del conflicto armado y los hitos que han marcado ese conflicto. ¿Por qué hablar de narrativa histórica y para qué nos sirve como país? 


Porque nos permite ver, justamente, que esto es un proceso, y su complejidad y los múltiples actores de ese proceso. En otros capítulos vemos qué hicieron los actores y qué implicaciones tuvieron los armados, pero la narrativa histórica nos dice que no es solo de los que tienen el arma, que también es con los que toman decisiones políticas y los que tienen el poder económico. Tratamos de enmarcar esto en la dinámica social y política. 

Otro punto es para mostrar que sí hay instrumentos de cambio y que hemos cambiado. La paz en Colombia se ha hecho a pedazos, pero esos pedazos de paz que hemos ganado han sido cruciales. La Constitución del 91 fue un momento de paz crucial. Tenemos instituciones, capital social, infraestructura para la paz y es de eso que nos podemos aferrar. 

Usted es periodista, ese ha sido su oficio, además editora de grandes medios. ¿Cómo ve el compromiso de los medios, primero frente a lo que fue el proceso de paz, la implementación, y luego frente a la labor de la Comisión de la Verdad? 


En general creo que hubo muchos prejuicios y se estigmatizó. En Colombia y muchas partes del mundo, la narrativa la instalan los políticos. Depende de la narrativa política predominante los medios se inclinan a un lugar u otro. Si la narrativa predominante es: desconfíe de la JEP, desconfíe de la Comisión, pues esa desconfianza se sintió. 

Llega un nuevo Gobierno que dice: vamos a confiar en eso y de inmediato uno se da cuenta que cambia. Y eso es fruto de que los medios más poderosos son gobiernistas. Eso ha sido así toda la vida. Pero ya no estamos en el mundo donde los grandes medios decían cómo se pensaba. Hay una democratización de la opinión y una diversidad muy grande. 

Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F. 

En Argentina, Perú, Sudáfrica, entre otros países, han tenido comisiones de la verdad con el propósito de tener una versión «oficial» o de esclarecer hechos allí ocurridos, y han sido muy importantes para dar un paso en la reconciliación. ¿Qué papel deben jugar ahora los medios en la divulgación del Informe Final? ¿Por qué es importante que se involucren? 


Estamos en un momento donde necesitamos escucharnos y tener mucho diálogo. Los medios podrían ser plataformas muy grandes para ese diálogo. Deben tener mucho cuidado en reproducir prejuicios, y cuando hablo de prejuicios me refiero a esas suposiciones de: ya sé qué vas a decir porque eres de izquierda o sé qué piensas porque eres de derecha. 

Cuando la Comisión escuchó a Uribe, por ejemplo, le llovieron rayos y centellas. Criticaron todo: la mesa, la silla, la posición en que estaban sentados, el mantel. ¡Todo! ¿Por qué no teníamos que escuchar a Uribe? Querían que la Comisión peleara con Uribe. En nuestro trabajo estos cuatro años nosotros aprendimos a escuchar y es un ejercicio que debemos hacer. 

Yo le aprendí a Alfredo Molano el valor de escuchar. Era un hombre que sabía escuchar y cuando hablaba decía una frase, le bastaba eso para dejarnos a todos atónitos, porque él ya había escuchado y discernido. Ese fue un gran legado que nos dejó. Escuchar toma tiempo, no es posible si hay afán. Este país necesita escucharse. Necesitamos menos discurso y más escucha. 

Hoy el país está a la expectativa de lo que será el nuevo Gobierno, especialmente en la implementación del acuerdo de paz. «Llegó el momento de la paz», dijo el presidente electo Gustavo Petro. Desde su experiencia como periodista, comisionada, ¿cómo ve el escenario de unas posibles negociaciones con el ELN? 


Nosotros lo que pudimos constatar es que el ELN sigue siendo muy fuerte en unos territorios, haciendo prácticas totalmente inhumanas y en enfrentamiento con otros actores. Están en modo guerra. Ellos no han entendido hasta ahora que el país no quiere la guerra y creemos que el Gobierno de Duque no quería escucharlos ni entender ellos cómo entienden la paz. 

Se debe reactivar ese proceso de paz porque no hay otra solución. Debe ser una negociación que tenga en el centro a las víctimas. Esas víctimas del ELN sí nos dijeron: ¿y mi verdad qué? Los del ELN no quisieron hablar con nosotros porque no están en el sistema, en la dinámica actual del país. 

Hoy hay víctimas del ELN en Arauca, en Chocó. Tienen un poder político de muchos años en ciertas regiones y dominan unos renglones de la economía, esa es una realidad. No son unos locos armados y deben hablar con ellos. 

También se ha hablado de negociar con algunas bandas criminales, en esa apuesta por la paz, ¿qué opina de negociar con esos grupos? 


Hay que hablar con todos. Hace diez años sacaron un cuerpo élite para acabar con el Clan del Golfo y duraron ese tiempo para capturar un señor que nunca salió de Necoclí. Eso genera muchos interrogantes. El problema de las bandas criminales no es que un señor domina, es un sistema. Debemos entender que el problema criminal del narcotráfico es sistémico, no basta con capturarlos a todos y extraditarlos, eso ya ocurrió con los jefes de las AUC y el problema siguió, no se resuelve. 

Ya llevamos cuarenta años así. Debemos pensar con cabeza propia el problema del narcotráfico, no lo hemos hecho. No tenemos una política nuestra. Sí, es un problema internacional, pero debemos elaborar una política sin esperar autorización de la DEA. Eso nos ha llevado a la perdición, como lo fueron los Pepes. 

Tenemos un problema en Urabá, en el Cauca y debemos solucionarlo ya, nosotros. 

De esa experiencia que ustedes tienen del conflicto después de todos estos diálogos, ¿qué le puede servir a esos procesos de paz? 


Detrás de toda estructura armada hay un entramado político y económico. Desarmando grupos no vamos a conseguir la paz. Eso es silenciar los fusiles, pero van a volver a sonar después de unos años. Debemos develar el entramado: cómo funciona el narcotráfico en la economía, en la política, y veamos esas relaciones y cómo los protegen y se prestan servicios. 

¿Meterlos a todos a la cárcel? No. Eso ya lo hicimos. Necesitamos es ver cómo desmontamos esa máquina, tendrá que haber un sometimiento a la justicia y unos mecanismos para que esos sometimientos impliquen verdad, justicia, reparación y no repetición. Esos son sistemas complejos que deben tener políticas de justicia, seguridad, económicas y sociales. 

Desmontar esos sistemas implica análisis territoriales. No es lo mismo un territorio indígena que otro territorio. No es lo mismo la ciudad que el campo, porque también hay que visibilizar el narcotráfico en las ciudades, las redes de consumo están en todas las ciudades. Necesitamos involucrar muchos esfuerzos y cambiar el paradigma. 

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