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Sociedad

El hambre, un problema crónico en Colombia

17/09/2021
Por: Yenifer Aristizábal Grajales - Periodista

690 millones de personas padecen hambre crónica en el mundo y 840 millones la padecerán en 2030. En Colombia el 54.2 % de los hogares presenta inseguridad alimentaria. En este artículo se explora por qué permanece y se agudiza este fenómeno en el país.
 

 

Según investigadores de la Universidad de Antioquia, las PPAN han sido concebidas y gestionadas bajo una lógica de mercado. Infografía: Carolina Gomes

El hambre es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación —FAO—, el mundo no va por buen camino para erradicarla y menos tras la pandemia de la covid-19. En Colombia, por ejemplo, la pobreza monetaria actual está en un 42.5 %, según el Dane, y esto implica menos acceso a la canasta familiar. El 1.7 millones de hogares colombianos consumen solo dos comidas al día por cuenta de este impacto económico. 

«La forma en la que la mayoría de las personas acceden a los alimentos es por la compra. El poder adquisitivo es determinante en la seguridad alimentaria. Además, en este país, gran parte de la población económicamente activa se dedica al rebusque y con la pandemia esta situación recrudeció», explicó Lorena Patricia Mancilla López, coordinadora de la Unidad de Análisis de Políticas Alimentarias y Nutricionales de la Universidad de Antioquia. 

De acuerdo con la FAO, el hambre es una sensación física incómoda o dolorosa causada por un consumo insuficiente de alimentos, y se vuelve un problema crónico cuando no se consume la cantidad suficiente de calorías —energía— para llevar una vida sana y activa; va ligada a la inseguridad alimentaria, que consiste en la falta de garantías que tiene la población para acceder a la comida, ya sea porque no está disponible o no se tienen los recursos para comprarla. 

Pese a que el Estado colombiano ha promovido múltiples políticas y programas de alimentación y nutrición —PPAN— para disminuir la brecha entre quienes tienen y no tienen acceso a una comida de calidad, en cantidades adecuadas y de acuerdo a su cultura, el cuestionamiento acerca del porqué del hambre en el país permanece. 

La profesora Mancilla López lideró una investigación en la que se analizaron cualitativamente algunas políticas y programas y por qué, a pesar de su existencia, estas no han reducido considerablemente la problemática. Entre esas están algunas de orden nacional, departamental y local que estiman transferencias económicas a las madres de menores de seis años o realizan encuentros educativos grupales de nutrición, asesorías familiares, valoración antropométrica y entrega de paquetes alimentarios a los niños.

El equipo investigador llegó a la conclusión de que las políticas y programas públicos de alimentación y nutrición han sido concebidos y gestionados bajo una lógica de mercado,  la cual requiere de una institucionalidad que le sea funcional al modelo mercantil para proveer servicios públicos. De acuerdo con la investigación desarrollada desde la Universidad de Antioquia, esto se evidencia en el esquema de la subcontratación a terceros, especialmente empresas privadas, quienes implementan estas políticas con el propósito de lograr la rentabilidad financiera.

Otro aspecto, relacionado estrechamente con esta búsqueda por la rentabilidad, es la tercerización en todas las fases  de las PPAN del país. En esta contratación de operadores privados, el Estado, de acuerdo con Mancilla López, ha perdido terreno en la implementación de las políticas, en la medida en que su función se vuelca a la fiscalización y supervisión de los contratistas «sin la posibilidad de abordar la política de forma más integral, de repensar los procesos y de atender las necesidades de la población objeto». 

Pero el enfoque de las PPAN no son las únicas responsables del hambre que, tras la pandemia, se agudizó en el país. Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia —Abaco—, conformada por 22 bancos especializados en la lucha contra el hambre, indicó que hay un problema en todos los eslabones de la cadena de abastecimiento de alimentos. 

Cada año en Colombia se bota a la basura el 34 % de los alimentos que se producen, el 40 % de estos se pierde desde la producción agropecuaria, el 23 % en la poscosecha, el 21 % en la distribución y el 16 % en los hogares colombianos. Buitrago señaló que «con estos porcentajes podríamos darle de comer a ocho millones de colombianos. Tres veces al día durante todo el año». 

En Colombia el 40% de los alimentos que se pierden se pierden desde la producción agropecuaria. Foto Yenifer Aristizábal

Desarrollo rural

Buitrago y Mancilla, desde sus campos de trabajo e investigación, señalaron que el problema del hambre está estrechamente ligado al campo. La investigadora explicó que la búsqueda de la seguridad y soberanía alimentaria en nuestro país, es decir, la capacidad de producir los alimentos que se consumen internamente, dependen también del desarrollo rural, del acceso a la tierra y la promoción de una agricultura familiar y comunitaria. 

«Las políticas de desarrollo rural y agrario han estado centradas en ayudar al terrateniente casi siempre; a las explotaciones agrícolas de gran escala, como los monocultivos destinados a la exportación, y no el campo como una estrategia para producir los alimentos que requiere la población interna», expresó la docente. 

Buitrago, que tiene desde la Abaco la misión del rescate de alimentos en el país, explicó que esa pérdida que se da desde la producción se debe a que en Colombia no existen planes de abastecimiento de alimentos en los que se conozca la demanda y oferta de productos por región, sino que los agricultores cultivan lo que creen y lo que saben cultivar: «A veces cultivan más de lo que necesita la población o se cultivan tantos alimentos que los precios bajan, por lo que es más económico no cosechar», apuntó. 

Pese a que existe la Resolución 464 de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el fomento de la agricultura campesina, familiar y comunitaria; esta norma, según Mancilla, aún no se pone en práctica. De hacerse, «significaría una revolución para enfrentar el hambre y llevaría a que el rezago histórico y social al que tenemos sometidos a nuestra población rural, se comience a solucionar. Dignificaría su trabajo y mejoraría sus condiciones de vida». 

Aprovechar estos «excedentes agrícolas», hacer una mejor redistribución de los alimentos, políticas públicas ejecutadas de forma integral, un desarrollo rural más amplio ligado a la reforma rural integral pactada en los acuerdos de paz con las Farc, son retos que van más allá de la oferta de alimentos y que hacen parte de posibles soluciones a un problema crónico que la mayoría de los habitantes de Colombia desconocen, pero que para siete millones de personas es el «pan de cada día».

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