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Sociedad

Desplazamientos en Ituango, un infierno recurrente

20/09/2021
Por: Yenifer Aristizábal Grajales - Periodista

El municipio de Ituango fue el escenario de uno de los desplazamientos masivos más grandes de la historia reciente del país. Más de 1000 familias salieron de sus casas por cuenta de una amenaza enmarcada en la disputa que libran allí los grupos ilegales. En este artículo abordamos el porqué de esta afectación humanitaria recurrente.
 

Ituango hace parte de los cinco municipios con más desplazamientos en Antioquia durante el 2021 con más de 4218 víctimas. Foto Juan Luis Londoño

El pasado 19 de julio no fue el primer día en que los habitantes de Ituango, en el corazón del Nudo de Paramillo, norte de Antioquia, fueron desplazados por parte de los grupos al margen de la ley. «El municipio ha estado marcado por ciclos de violencia provenientes de actores internos y externos. Este responde a unas dinámicas de viejos actores con nuevos nombres, pero con los mismos objetivos que perseguían los grupos en las décadas del 50, 80 y 90: el control y la apropiación del territorio», explicó Nubia Ciro, líder social de Ituango y socióloga de la Universidad de Antioquia. 

Solo en 2020 la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios —OCHA—, dependencia del Secretariado General de las Naciones Unidas, reportó cuatro desplazamientos en o desde Ituango, producto de amenazas o enfrentamientos entre grupos. En lo que va corrido de 2021 ya ha reportado cinco eventos de desplazamiento, entre estos, el del 19 de julio, con 4099 personas afectadas. 

El Nudo de Paramillo es uno de los escenarios estratégicos de la guerra a nivel nacional. Permite el paso del oriente al occidente del país, con acceso al océano Pacífico, y el paso entre el sur y el norte de Colombia,  por la zona del sur de Córdoba. «Ese valor estratégico nos ha generado todos los conflictos», enunció Ciro. 

Explicó además que, en las décadas recientes, a partir del megaproyecto de Hidroituango, identificaron que recursos como el agua, la madera, la coca y minerales como el oro le interesan no solo a los actores armados, sino también a los «dueños del capital y del poder». Para ella, todos los actores interesados ejercen una presión sobre el territorio que deriva en conflictos sociales y ambientales. A esta disputa por los recursos se suma un elemento regional y es la salida de las Farc de algunas zonas de su dominio tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y esta guerrilla en 2016. 

Una nueva crisis humanitaria

Ituango representa, en sus más de 2300 kilómetros cuadrados, un fortín para la guerra que, a pesar de las desmovilizaciones y procesos de paz, vive una permanente reconfiguración del mapa de los actores armados. De acuerdo a alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, como la 004 de 2020, el vecindario, compuesto por municipios como Briceño, Valdivia, Peque, los seis municipios del Bajo Cauca y los cinco municipios del sur de Córdoba, comparten actualmente las presiones por cuenta de la presencia de las disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —AGC—, el Bloque Virgilio Peralta Arenas o Los Caparros y del ELN. 

Ciro explicó que para las AGC, con dominio territorial en zonas como Santander, sur de Bolívar y Córdoba, Bajo Cauca y nordeste de Antioquia, Ituango es el «último bastión del norte» para garantizar su paso a Urabá, al occidente y al Pacífico colombiano. De esta manera asegurarían el dominio completo de fuertes corredores de narcotráfico, minería ilegal y rentas ilegales producto de la extorsión a contratistas de megaproyectos. 

La socióloga también afirmó que esta crisis humanitaria no solo se debe a una guerra entre actores sino a una disputa por los recursos minero-energéticos. Organizaciones,  plataformas locales e investigadores han denunciado la relación entre el incremento de la violencia y el impulso de Hidroituango en los 90 y, ahora, los intereses mineros sobre el territorio: 67 solicitudes y seis títulos concedidos en Ituango para exploración y explotación minera.

«Lo que está pasando en Ituango es una nueva crisis humanitaria de una magnitud tal vez mayor que la de finales de los 90, pero que tiene mucha conexión», aseguró la profesora Deicy Patricia Hurtado Galeano, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, quien ha trabajado desde 2017 con las comunidades campesinas, comunitarias y educativas en el territorio ituanguino. 

Para la docente, se deben reconocer las diferencias temporales y de contexto de esta problemática, pero también las similitudes con el primer intento del control paramilitar en el Nudo de Paramillo: «Vuelven y aparecen amenazas, extorsiones, asesinatos selectivos, desplazamientos masivos e individuales, una cantidad de hechos de violencia que se reiteran y se actualizan en la disputa. Si en los 90 había una presión de los paramilitares —en su momento eran las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)—, hoy son los reductos y reconfiguraciones de esos grupos después de la desmovilización ocurrida entre 2003 y 2006», dijo.

Más de 4.000 desplazados por las amenazas de grupos al margen de la ley tuvieron que regresar a sus territorios sin garantías de seguridad. Foto Juan Luis Londoño.

El espejo retrovisor 

En términos de desplazamiento, uno de los periodos más cruentos de la guerra en el país ocurrió entre 1997 y 2004, cuando se presentó un gran éxodo forzado en Colombia, de acuerdo al informe «Una Nación desplazada», del Centro Nacional de Memoria Histórica —CNMH—, publicado en 2015. 

Los índices de desplazamiento aumentaron desde la creación de las Convivir en 1994. En 1997 el total de desplazados superaba las 171 000 personas, de las cuales el 40 % habían sido expulsadas de sus territorios de forma masiva. 

En este contexto sucedieron en Ituango dos de las masacres más recordadas en Antioquia: la de La Granja, perpetrada por las ACCU en 1996, y la segunda por las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC— en octubre de 1997, después de que los grupos paramilitares anunciaran ese año su proyecto de consolidación en una misma estructura nacional. 

En abril de ese año, las ACCU,  las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio —ACMM— y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las AUC y desplegar acciones por todo el territorio. En medio de esa consolidación, Ituango y el Nudo de Paramillo vivieron un nuevo pico de violencia. 

«Cuando los paramilitares entraron con una ideología contrainsurgente, utilizaron unos mecanismos de guerra devastadores para los territorios que se concentraron en las veredas y en los liderazgos. Ejemplo de ello fue El Aro con la muerte ejemplarizante del presidente de la Junta de Acción Comunal, un evento que significó romper absolutamente el tejido social. A estas horas El Aro no ha podido superar el miedo ni proyectarse hacia el futuro», comentó Ciro. 

Después de este dominio avasallador de los grupos paramilitares, hasta su salida de Ituango en 2003, las Farc fueron un actor hegemónico en la zona hasta la firma de los acuerdos de paz. Después de esto, «el Estado colombiano no alcanzó a entender la necesidad de lograr el control territorial y permitió que otros grupos llegaran», explicó Óscar Yesid Zapata, vocero de la ONG Proceso Social de Garantías, organización que  documenta y sistematiza el conflicto armado en Antioquia. 

El investigador señaló que el fenómeno de desplazamiento ha sido una estrategia histórica por parte de los grupos que hacen presencia en la zona: «Nosotros identificamos por ejemplo que en Ituango, cuando estaban las Farc, desplazaban a las comunidades para que le exigieran a la Fuerza Pública que se retirara. En este último evento de julio fue distinto: las disidencias desplazan a las comunidades para que el Estado militarice el territorio e impida el avance de las AGC». 

Esta disputa no es la única causa de los desplazamientos en este territorio estratégico. Clara Inés Atehortúa Arredondo indicó que el desplazamiento no puede reducirse a un fenómeno exclusivamente ligado a la presencia de los grupos, sino que este es multicausal. «En general, cuando hay un megaproyecto en cualquier sitio del país, hay un momento de desplazamiento para vaciar el territorio», explicó la docente e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

«Los actores ilegales ven que allí hay una zona de interés y llegan a tratar de tener el control sobre la tierra y la población, sumado al abandono del Estado, que lo que hace es poner a las personas en una situación de vulnerabilidad que, al primer estallido, se tengan que ir», dijo. 

La investigadora señala otras causas ligadas al desplazamiento y al control del territorio: la acción armada en contra de la población, el control sobre la población, riesgos de reclutamiento forzado, incluso cuando hay un actor ilegal hegemónico. «Obviamente, cuando hay una puesta en peligro de ese control territorial, ese desplazamiento se dispara e incluso se presentan los desplazamientos masivos. En estos juega la estrategia de guerra del grupo que la genera o se desplazan producto de los enfrentamientos», añadió. 

A pesar del estruendo que generó este desplazamiento masivo y las múltiples denuncias por la situación de guerra que afecta a los ituanguinos y los habitantes de municipios vecinos, este nuevo ciclo de violencia parece agravarse cada día. Mientras los líderes señalan una respuesta insuficiente por parte del Estado, los más de 4 000 desplazados volvieron a sus veredas sin contar aún con condiciones de seguridad para permanecer y los demás colombianos seguirán observando las dinámicas convulsas de esta parte de la «Colombia profunda». 

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