Opinión

El fracaso del modelo de democracia liberal que se propuso en Colombia desde la Constitución de 1991 descansa en un viejo problema que este paradigma ha tenido, que consiste en la ampliación de los derechos, libertades, recursos y posibilidades para unos y la limitación de espacios de derechos y libertades para otros.
Es indudable que la Constitución del 91 marcó un cambio fundamental en la historia política del país, que creó nuevas instituciones, derechos y prácticas de participación democrática, pero no permitió pensar reformas concebidas en términos de igualdad social y económica.

El estado social y democrático de derecho, que se formula como un ideal en la Constitución, no pudo ser desarrollado para asegurar las condiciones sociales, económicas, educativas y culturales que posibilitaran la mayor realización de los derechos fundamentales para todos. La gente esperaba que la democracia produjera igualdad social y económica, pero esto no sucedió con la Carta Magna.

En términos estadísticos esto se puede apreciar en los últimos datos de pobreza, que el Dane reveló en el 2023, según los cuales el 33 % de los colombianos estaba en condición de pobreza monetaria. La pobreza en las cabeceras municipales en ese mismo año fue del 30.6 % y la pobreza monetaria en los centros poblados y zonas rurales dispersas fue del 41.2 %. En 2023, en el total nacional, 16 708 153 personas estaban en situación de pobreza monetaria.

En el campo las desigualdades son también enormes. Según Oxfam, Colombia se sitúa en el primer lugar en el ranking de la desigualdad en la distribución de la tierra en América Latina, seguido por Perú, Chile y Paraguay. El 1 % de las explotaciones agrícolas de mayor tamaño ocupa el 81 % de la tierra, mientras el 99 % ocupa tan solo el 19 %. Las explotaciones agrícolas de menos de diez hectáreas representan el 81 % del total, pero ocupan apenas el 5 % del área, con un tamaño promedio de dos hectáreas.

Esto muestra de forma clara que el tipo de instituciones que se han desarrollado desde la nueva Constitución, definida a partir de los valores de la libertad, la igualdad, la equidad, no han servido para construir aquellas condiciones estructurales y materiales que hacen posible la garantía de espacios de derechos y libertades para todos. Un 30 % de la población colombiana —la población que algunos dicen es la que sigue a Petro— es precisamente el grupo de aquellos que no tienen parte en el disfrute de la totalidad de la torta social, porque han sido marginados, excluidos y no se los ha tratado como sujetos políticos iguales.

Por estas razones y por la fuerza política que tuvieron las movilizaciones políticas contra el gobierno del presidente Iván Duque, surgió un gobierno de izquierda que ha buscado cambiar un sistema basado en una desigualdad vergonzosa y una política entregada a la corrupción sistémica. Sin embargo, estos procesos de transformación de algunas instituciones no se han podido realizar debido en parte a la oposición radical que algunos sectores políticos y sociales tienen frente a las propuestas de cambio social basadas en una idea de sociedad más solidaria y justa, pero debido también a que el gobierno de Petro cayó en la tentación pragmática de buscar un cambio utilizando los mismos instrumentos que han usado los partidos políticos tradicionales y a que ha sido extremadamente caótico en el plano administrativo. ¿Qué debe seguir?

Para los sectores de la política tradicional de centro y de derecha, la democracia se debe definir a partir de la idea que representa en la actualidad el neoliberalismo, según el cual, las desigualdades sociales y económicas existentes en la sociedad no deben ser asunto de la agenda democrática. A partir de esta idea se afirma, como lo ha proclamado el neoliberalismo, que todas las personas serán tratadas como iguales, y sus vidas estarán libres de interferencias indebidas de otros, incluido el gobierno. La tesis central es: la democracia es un mecanismo político que trata a todos los participantes por igual sin hacer ninguna consideración frente a la desigualdad socioeconómica.

Esta tesis tiene dos elementos complementarios y una conclusión. i) La idea de que la disposición privada del proceso de creación de valor económico —la propiedad privada— no debe entrar en el ámbito de organización de la democracia, sino que los derechos vinculados a la propiedad privada deben ser sustraídos del ámbito de la discusión democrática. ii) Esto permite fundamentar la tesis, según la cual, se establece que es inviable cualquier forma de distribución o redistribución de la propiedad privada porque esto va contra los principios básicos en que se basa un Estado de derecho.

El conjunto de conflictos alrededor de la construcción de una agenda política con una base social tiene que ver con estos dos elementos. La realización de esta supone la redistribución de las ganancias obtenidas; y esta presupone afectar el ámbito del derecho a la propiedad privada.

La conclusión permite determinar el lugar que tienen los derechos sociales no solo en la Constitución del 91, sino en las políticas que defienden el centro y la derecha contra las propuestas del Pacto Histórico. Los derechos sociales han sido planteados de un modo fuertemente individualista, o, más precisamente aún, a partir de un individualismo posesivo, como se afirma en el lenguaje académico, lo cual quiere decir que los derechos sociales —alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda y seguridad social— no pueden entenderse como parte del sistema de los derechos subjetivos de la libertad, sino como derechos basados en la solidaridad. Son derechos con un estatus secundario.

La democracia liberal siempre ha aplicado un doble rasero a estos asuntos: aunque desde el principio haya valorado, en su autodescripción, no solo el principio de libertad, sino también el de igualdad, ha tenido muy pocos problemas con el no reconocimiento de iguales derechos para todos, particularmente con los derechos sociales.

En esta estrategia teórica, que la oposición está convirtiendo en su estrategia práctica para mantener las estructuras del poder excluyente, radica precisamente que el 30 % de la población colombiana continúe atrapada en una situación social y política sin futuro ni ilusiones. Estamos atrapados en lo que se planteó desde la Constitución de 1991: la ampliación de los derechos, libertades, recursos y posibilidades para unos y la limitación de espacios de derechos y libertades para otros.

• Esta columna fue publicada en el sitio web La Silla Vacía. 
   
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