Opinión

En uso de buen retiro, luego de que la presidenta Dina Boluarte le otorgara un cuestionado indulto, el exdictador Alberto Fujimori, anunció, a mediados de julio, que se volvería a medir como candidato en las elecciones generales del 2026. El anunció sorprendió por su desmedida desfachatez; sin embargo, resultaba ajustado con la estrategia para lavar su imagen que emprendió «el chino» —como también fue conocido, aunque su ascendencia es japonesa— recién salió del presidio donde purgaba una condena por crímenes de lesa humanidad.  

Pero la muerte que no discrimina entre poderosos o entre quienes ya dejaron de serlo, se le atravesó en el camino, echando por el suelo aquella obsesión por retornar al poder. 

Con la muerte de Fujimori se cierra un capítulo que la sociedad peruana no ha logrado cerrar en lo que va del siglo, y no lo ha cerrado, no solo porque el fujimorismo sigue siendo una fuerza política que en ciertos momentos se presenta como un verdadero huracán, sino porque Fujimori en primera persona pervirtió la democracia desde sus cimientos legando un sistema político inestable y caracterizado por su volatilidad, clientelismo y corrupción. 

El chino patentó un manual para dinamitar la democracia desde sus entrañas que inicia por algo tan elemental como ganar una elección. Porque así hoy se le presente como un arquetipo del «dictador moderno»; Fujimori llegó al poder ganando democráticamente las elecciones de 1990. Fue un outsider —considerado por la clase política de ese tiempo como un intruso— que tuvo la capacidad de interpretar el estado de ánimo de una sociedad que para esos años asistía a la mayor crisis económica de su historia. 

Ya en el poder, aplicó el autogolpe. En medio de una alocución en cadena nacional el 5 de abril de 1992, Fujimori suspendió el poder judicial, militarizó los medios de comunicación y disolvió el Congreso. Así, dio inició a un inédito Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional encaminado a reestructurar el Estado desde sus bases. Un episodio de gran resonancia en América Latina y que pasaría a la historia como el fujimorazo. 

Consumado el fujimorazo —que estuvo apoyado por amplios sectores de la población— y tras una inmediata reacción de la comunidad internacional, el intruso convertido en dictador convocó a una elección para conformar un Congreso Constitutivo con la misión de diseñar una nueva constitución. Debido a que una gran mayoría de los partidos que integraban el disuelto Congreso decidieron no participar, el fujimorismo —aupado en los partidos Cambio 90 y Nueva Mayoría— obtuvo, con 44 de 80 escaños, una mayoría absoluta. 

Del Congreso Constitutivo salió el mayor legado de Fujimori: la Constitución de 1993 —aprobada mayoritariamente mediante un referendo—. 

De esta forma el chino liquidó el viejo sistema de partidos y a los sectores opositores, pues la nueva Constitución amplió sus facultades presidenciales; le otorgó mayor control sobre las fuerzas militares —controladas con mano de hierro por Vladimiro Montesinos—; y especialmente, le permitió ajustar cuentas con la clase política del viejo Congreso, ya que, instó a sus fuerzas en el Congreso Constitutivo a reducirlo a una sola cámara con 120 miembros.

Para 1995 y ya concentrando todos los poderes, el tándem Fujimori-Montesinos se reeligió con 4 798 515 votos, asimismo, su coalición obtuvo mayoría absoluta en el nuevo Congreso.  

Cuando se analizan rupturas en el orden institucional o las derivas dictatoriales en América Latina, el fujimorazo emerge como uno de los episodios más estudiados. Y lo es en tanto tiene su punto de partida en el juego electoral: con un presidente democráticamente electo que se vale de los resquicios de la Constitución para liquidar el orden institucional vigente e instaurar un régimen autoritario; a su vez, respaldado en un férreo control de los medios de comunicación y legitimado en varios procesos electorales. 

Es un manual que se ha empleado varias veces en la región —con relativo éxito—, ya sea por la derecha, ya sea por la izquierda. El manual resulta funcional sin importar ideologías.  

Habrá que ver si con su muerte el sistema político peruano se logra sacudir del legado de Fujimori, que pervive como una fuerza política —aliada de la presidenta Dina Boluarte— y goza de cierto arraigo social, porque para muchos peruanos, el chino fue el presidente que los salvó del terrorismo de Sendero Luminoso y acabó con la hiperinflación. Parece que poco les importa que haya dinamitado la democracia y creado un régimen autoritario y violento.

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