Opinión

Durante los días 23 y 24 de agosto del presente año se llevó a cabo el Congreso MilAgro: Igualdad alimentaria, organizado por La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura —FAO—, la Unión Europea, la Gobernación de Antioquia, entre otras organizaciones tanto nacionales como internacionales. Dicho encuentro, realizado en la Central Mayorista de la ciudad de Medellín contó con la participación de académicos, funcionarios de dichas organizaciones y del gobierno, asociaciones campesinas y artistas. 

Los temas centrales de conversación giraron en torno a políticas públicas, sistemas agroalimentarios sostenibles, ciudades verdes, innovación agrologística y ciudadanías alimentarias —MilAgro, 2023—. El congreso MilAgro es una apuesta urbano rural que busca el «fortalecimiento del consumo de la producción local de alimentos y el mejoramiento de los sistemas agroalimentarios como estrategia para reducir la inseguridad alimentaria que en 2022 alcanzó al 30 % de la población colombiana».

La inseguridad alimentaria se configura como uno de los problemas más urgentes a resolver en el país, dado que las diferentes privaciones a la alimentación de calidad tienen grandes impactos en la calidad de vida, el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza. Además, esta ha afectado de manera diferencial a poblaciones vulnerables: niños, habitantes rurales, personas en condición de discapacidad y mujeres. 

Así pues, el informe del Dane sobre seguridad alimentaria recogida en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del año 2022 arrojó que la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave, en Colombia, llegó al 4.9 %, lo que significa que «en cinco de cada 100 hogares al menos una persona se quedó sin comer durante todo un día por falta de dinero u otros recursos en los últimos 12 meses» (Dane, 2023). 

Lo anterior resulta más preocupante si se revisan a mayor profundidad los resultados, pues, en primer lugar, los centros poblados y rural disperso, donde se producen la mayor parte de los alimentos en el país, alcanzó un 6.1 % en inseguridad alimentaria. Asimismo, existen condiciones que aumentan la probabilidad de sufrir inseguridad alimentaria: pertenecer a los departamentos de La Guajira, Sucre, Atlántico, Magdalena, Chocó y César, es una de ellas, pues estos son los que cuentan con mayor inseguridad alimentaria grave y moderada. 

El tamaño del hogar también influye en la probabilidad de sufrir inseguridad alimentaria, pues a mayor número de integrantes, la probabilidad aumenta. Otra de las condiciones es la presencia de menores de cinco años, menores de edad y personas en condición de discapacidad en la familia. De la misma manera, la inseguridad alimentaria se aumenta con la jefatura familiar de una mujer, acentuándose aún más, cuando esta es una mujer rural. 

Por ello, es evidente que la inseguridad alimentaria afecta de manera particular a personas en situación de vulnerabilidad, principalmente a las mujeres rurales y los niños, lo que termina siendo una gran limitante en el goce efectivo de sus derechos y su calidad de vida. Por ello es importante encontrar una vía que permita la intervención de este problema, pero que, a su vez, integre a la ciudadanía como parte de la solución. 

Desde el Gobierno nacional se vienen adelantando iniciativas que, plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo y su línea 3 «Derecho Humano a la Alimentación», buscan aportar a la reducción de la inseguridad alimentaria, pues reconoce que existe una planificación deficiente en producción, distribución desigual de tierras, infraestructura suficiente, baja calidad de alimentos y falta de conectividad en ciertas regiones, lo que dificulta el acceso físico a alimentos.  

Por ello, buscan promover la producción local de alimentos, fomentar los circuitos cortos de producción y distribución de los mismos, invertir en planificación agropecuaria, provisión de factores productivos, mejorar el acceso físico a los alimentos a través de cadenas de suministros e infraestructura de transporte. 

También, se propone la adopción de buenas prácticas de producción, manipulación de alimentos, de forma que, toda la población colombiana tenga una alimentación suficiente, adecuada, sana e inocua. Esta propuesta si bien es muy importante y supone una fuerte y comprometida inclusión de campesinos en la producción y comercialización de alimentos, no vincula a la ciudadanía sino que busca, a través de programas institucionales solucionar el problema. 

Lo que no necesariamente significa que sean respuestas erróneas, sino que, adicional a estas propuestas, son necesarias respuestas vinculantes con la ciudadanía, pues es ella quien configura la demanda de alimentos. En Colombia se presenta una grave ausencia de conciencia agroecológica, pues son pocos los ciudadanos que tienen conocimiento de dónde vienen los productos que consumen, quién los produce y bajo qué prácticas, esto sucede porque hay pocas organizaciones que busquen vincular productores-consumidores y porque existe poca voluntad en involucrarse efectivamente en los procesos de compra responsable. 
 
Lo anterior se hace más grave, pues existen grandes distancias, que no son sólo físicas entre productores y consumidores, hay una escasa valoración a los productores rurales y existe una dependencia de la producción empresarial e industrial donde el productor es invisible (Machado,  2023). 

Por ello, es de suma importancia adoptar mecanismos que permitan que los ciudadanos hagan también parte del proceso de producción y comercialización de alimentos. Allí, como uno de los temas centrales del congreso MilAgro aparecen las ciudadanías alimentarias, que se refiere a la práctica de una ciudadanía en la que se accede a una alimentación suficiente, sana y de calidad, donde existe un interés activo por definir y ejercer las preferencias alimentarias (Gómez-Benito C & Lozano C, 2014). Esto pasa por informarse acerca de la calidad de la alimentación y procesos y condiciones de su producción y distribución, pues un ciudadano alimentario es consciente de las implicaciones sociales, ambientales y de bienestar, que implican la producción. 

Esta práctica de la ciudadanía permite que haya una mayor conciencia del consumo, haciendo que se priorice adquirir productos provenientes de prácticas sostenibles que garanticen una adecuada alimentación pero que también fortalezcan las economías campesinas a través del fortalecimiento de la relación productor-consumidor.

Dado que son los pobladores rurales, y en particular las mujeres rurales, quienes se encuentran mayoritariamente afectados por la inseguridad alimentaria, ambas propuestas, tanto las contenidas en la línea 3 del Plan Nacional de Desarrollo, como las ciudadanías alimentarias son el camino idóneo para hacerle frente a la inseguridad alimentaria, garantizando la participación y acceso al mercado de los campesinos, como una mayor demanda sobre los productos cultivados en prácticas sostenibles. 

Esto garantiza no sólo que hayan mejores condiciones de vida para los habitantes rurales del país, sino también permite que los ciudadanos comiencen a preferir alimentos ecológicos que garanticen una buena alimentación y nutrición, elementos importantes dentro de la seguridad alimentaria del país. 
 

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Notas:

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