Opinión

El nombramiento del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso Gómez, como gestor de paz, por el presidente Gustavo Petro —Resolución 244 del 14 de agosto de 2023—, además la solicitud de la suspensión de las medidas judiciales vigentes una vez regrese a Colombia, ha despertado en una discusión jurídica, política y ética muy importante para el país. Afrontar esta controversia con responsabilidad permitirá dejar clara la importancia de esta figura en la construcción de paz y, además, reconocer los límites y posibilidades hacia el cierre del conflicto armado. 

En lo jurídico la discusión se orientó hacia las responsabilidades penales que tienen los gestores de paz. Una figura que se restringe a «miembros de grupos armados organizados al margen de la ley», que en la mayoría de los casos están pagando penas o se encuentran en procesos judiciales, debido, precisamente, a su pertenencia a la organización criminal.  

En este sentido, es claro para la legislación —la Ley 975 de 2005 y el Decreto 1175 de 2016— que el presidente de la República es quien posee la discrecionalidad para nombrar los gestores de paz. Además, la designación de esta labor no conlleva, en ningún caso, ni amnistía, ni indulto, ni finalización de los procesos judiciales. Como ejemplo se tienen a Francisco Galán o Carlos Arturo Velandia, quienes, desde la cárcel o fuera de ella, cumplieron la tarea de acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), durante el gobierno de Ernesto Samper —Resolución No 207 de 1996—.  

En el caso Mancuso, que se encuentra detenido en Estados Unidos, se debe concretar el mecanismo de repatriación y será responsabilidad de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hacer seguimiento al implicado como gestor de paz y comparecer ante las Salas de Justicia y Paz —artículos 2, 3 y 4 de la Resolución 244 de 2023—.  

En lo político, el tema es un poco más difícil. Para el Gobierno ha resultado complejo justificar el nombramiento de Mancuso, como gestor de paz, pues, generalmente, esta figura se usa para contribuir a gestionar e implementar acuerdos humanitarios durante la fase de diálogos con su respectivo GAOML. En esta lógica, se esperaría que su papel fuese acercar al Gobierno al Clan del Golfo.  

Sin embargo, las críticas en este componente se sitúan, primero, en que es con esta agrupación con quien menos se ha avanzado en la política pública de Paz Total; y segundo, a que existen serias discusiones para aceptar al Clan como organización armada con fines políticos. A pesar de ello, el involucramiento de Mancuso permitiría aumentar los esfuerzos para el sometimiento a la justicia y avanzar en el desmantelamiento de la agrupación y el fin de sus negocios criminales. 

Finalmente, en lo ético, el imaginario que se tiene con los gestores de paz es que son personas cuidadosas y respetuosas de la vida, por tanto, su trayectoria es generalmente intachable. Situación que, desde la misma norma que regula la gestión de paz, se desvirtúa.  Un ejemplo, lo encontramos en Elda Neyis Mosquera García, alias "Karina", quien, a pesar de su sanguinario pasado, fue nombrada durante el Gobierno de Álvaro Uribe como gestora de paz, aportando a la reconciliación y al perdón entre víctimas y victimarios. 

En el caso de Mancuso, la iniciativa de nombrarlo gestor de paz nace de su disposición ante la justicia de contribuir a la verdad. Son millones de víctimas las que requieren de su sinceridad y arrojo para contar por qué hizo lo que hizo y, además, dónde están los cientos de cuerpos que asesinó. Estamos ante una magnífica oportunidad de traer al país a una persona a la que se le nota el deseo de contar la verdad y ayudar a sanar las heridas que ha dejado la larga y sangrienta guerra en el país. 

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