Opinión

Uno de los mayores conocedores del problema agrario en Colombia es Alejandro Reyes Posada, docente, consultor, columnista, autor de artículos en revistas especializadas, conferencista y tratadista en libros como “Guerreros y campesinos”; “El despojo de la tierra en Colombia”, entre otros. A raíz de la anunciada compra de 3 millones de hectáreas de tierra por el gobierno a los ganaderos, con la intermediación de Fedegán, el gremio de estos, el profesor Reyes publicó una columna el 7 de octubre de 2022 en el periódico El Espectador que titula “Es mejor extinguir el dominio que comprar la tierra”.

En los siguientes párrafos me permito discrepar parcialmente de la tesis y complementarla, pues me parece que es oportuno comprar la tierra y también extinguir el dominio, y recobrar los baldíos apropiados ilegalmente, como paso a señalarlo.

Dice el autor que la compra es muy costosa; que los vendedores son muy mañosos. A esto podemos agregar las preguntas que formula el Doctor Juan Camilo Restrepo: cómo se fijará el precio, forma de pago, por qué solo a los ganaderos pertenecientes a Fedegán, entre otras. 

Estas preguntas y otras válidas están resueltas en el acuerdo. Con toda razón hay mucha suspicacia en la comunidad pues los antecedentes de Fedegán no dan para pensar con tranquilidad, pero de eso el gobierno está advertido y los funcionarios que están al frente de las negociaciones, como la ministra de agricultura y el de hacienda, no son ningunos principiantes. Los asesores como Darío Fajardo o Gerardo Vega, director de la ANT (Agencia Nacional de Tierras), tampoco.

El profesor Reyes propone extinguir el dominio en lugar de comprar tierras. Yo creo que se deben hacer ambas cosas. La coyuntura política lo permite lo aconseja. La mirada de un gobierno de izquierda tiene que empezar por el campo, por la tierra, que al fin y al cabo ha sido el origen mayor de los enfrentamientos. Pero, más importante aún, las normas, desde la Constitución, las leyes agrarias y los acuerdos de la Habana, lo permiten.

En 1936, durante el mandato de Alfonso López Pumarejo, se expidió la ley 200, y en su artículo 6°, modificado por el artículo 3° de la ley 4ª de 1973 se dijo: “Establécese en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo 1° de esta ley durante tres años continuos”. El artículo 1° de esa misma ley señalaba como posesión válida “la que consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueños como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica”.

En este mismo año, por medio del acto legislativo número uno se reformó la Constitución de 1886, se advirtió por primera vez la necesidad de que la propiedad cumpliera con la función social, norma ratificada y complementada en la Constitución del 91 con la función ecológica, además de la función social.  Viene, entonces, la pregunta: ¿por qué en Colombia el 1% es dueño del 60% de la tierra? Y esta otra: ¿por qué en Colombia la ganadería extensiva ocupa 39 millones de hectáreas, cuando el hato ganadero, según el doctor Reyes, podría caber en 10 millones de hectáreas? Y esta otra: ¿por qué el país está importando el 30% de los alimentos que consume?

Las respuestas se resumen en una: no ha habido en Colombia voluntad política para solucionar el problema agrario. Todo lo contrario: desde muchos sectores se ha obstaculizado una política redistributiva de la tierra. Se ha impedido que la tributación llegue a muchos latifundios. Se ha impedido que opere debidamente el catastro multipropósito. No ha habido forma de atacar la ganadería extensiva. En una frase: muchas de las tierras no están cumpliendo con la función social como lo ordena la Constitución Política.

Intentos para solucionar el asunto de la inequidad en la tenencia de la tierra en Colombia ha habido. En la presidencia de Alberto Lleras Camargo y con el liderazgo de Carlos Lleras Restrepo se dictó la ley de reforma agraria 135 de 1961, en la cual se creó el Incora. En el artículo primero de esa ley se dijo: “Objeto. Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico; reconstruir adecuadas unidades de explotación en las zonas de minifundio y dotar de tierras a quienes no las posean”. Lleras Restrepo siempre pensó que la paz en Colombia debería pasar por el campo y de ahí su interés en dotar de tierras a los campesinos como estrategia para atacar la violencia. Por ello su empeño en impulsar la organización de los campesinos hasta el punto de haber liderado la creación de la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) en 1967 durante su mandato.

Desafortunadamente a Lleras Restrepo lo sucedió, como último presidente del frente nacional, el conservador Misael Pastrana quien acabó con las políticas redistributivas en el campo.  Impulsó el pacto de Chicoral, celebrado en ese municipio en 1972. En este pacto se abandonó la idea de repartir tierras a los campesinos sin tierra. Se impulsó, pensando en un desarrollo capitalista en el campo, el propósito de apoyar la gran propiedad y el crédito para los terratenientes. La misma idea que años después promovió el ministro Andrés Felipe Arias con Agro Ingreso Seguro, con las funestas consecuencias que conocemos.

En 1994 se dictó la ley 160 sobre reforma agraria. En el artículo 1°, numeral segundo de la ley, hablando de su objeto, se dijo: “ Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico y dotar  de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores de 16 años que no la posean, a los minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar, a las comunidades indígenas y a los beneficiarios de los programas especiales que establezca el gobierno nacional”.

Pero, todos esos intentos han sido en vano. En más de cincuenta años desde la reforma agraria que creó el Incora, solo se han repartido cerca de dos millones de hectáreas de tierra. Todo parece indicar que con el cambio de gobierno sí se va a atacar el problema como debe ser. ¿Y cómo debe ser? El doctor Reyes dice que extinguiendo el dominio. Mi opinión es que la compra de tierras anunciada es viable política, jurídica y económicamente, negociando con los ojos muy abiertos por el gobierno, teniendo en cuenta con quién se va a negociar.

Pero, me parece que lo que hay que hacer es cumplir con el punto primero de los acuerdos de La Habana en donde leemos: “Que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social”. 

Con este propósito se dice allí, en el punto 1.1.1., que se creará un fondo de tierras para la Reforma Rural Integral, con 3 millones de hectáreas durante sus primeros doce años. Luego dice cómo se adquirirán esas tierras, y entre las fuentes de adquisición trae la extinción de dominio, por supuesto que en los casos de ley, y allí están las tierras mal habidas y las que no cumplen con la función social. También trae la recuperación de baldíos indebidamente apropiados. Acá hay una buena veta. La sentencia T. 407 de 2017 se pronuncia sobre la prohibición de la adjudicación de baldíos en procesos de pertenencia, o sea aquellos en que se alega prescripción por el transcurso del tiempo y posesión.

Resulta que son muchos los procesos que se adelantan sobre baldíos de esta manera ilegal, con la actuación de abogados, notarios y registradores inescrupulosos. El doctor Reyes dijo al respecto: “En Sucre nueve clanes familiares, emparentados vía matrimonio, eran dueños del 55% de la superficie del departamento. Y cuando me puse a mirar las formas de adquisición, la gran mayoría se dio por sentencias de juicios de pertenencia. Es decir que esas tierras, que antes eran baldíos de la Nación, con solo dos testigos de la zona, fueron tituladas por un juez”. Pero, esa situación no se dio solo en Sucre sino en gran parte del país. Entre otras razones, porque, aunque la ley 1579 de 2012 ordenó registrar los baldíos, no se ha cumplido con este mandato.

Nos queda claro, entonces, que, si se compran las tierras, no tienen que ser los tres millones anunciados por el gobierno, sino que, al utilizar la herramienta de la extinción de dominio y la recuperación de los baldíos ilegalmente apropiados, más las ya extinguidas, en manos de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), el gobierno podría realizar la verdadera reforma agraria que nunca se ha hecho en nuestro país. La sola extinción nos llevaría muchos años por lo lento de los procesos y las artimañas de los abogados y terratenientes. Por eso se deben implementar las  estrategias: compra, extinción y recuperación.

Notas:

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