Opinión

Durante décadas, la agenda informativa en Colombia fue moldeada por los intereses de los grandes grupos económicos y los medios tradicionales —televisión, radio y prensa—, que decidían qué pensar, a quién o qué rechazar y por quién votar, aprovechando su capacidad de influir en la opinión pública. Pero con la Constitución del 91, el acceso a la información, la expansión de internet, las redes sociales y el surgimiento de medios alternativos, ese dominio narrativo ha empezado a ser cuestionado, poniendo en jaque su credibilidad y legitimidad. 

Aunque suene evidente, muchos medios tradicionales y alternativos en Colombia construyen sus agendas según la ideología de partidos que respaldan o por intereses económicos que los financian. Aunque esto no siempre sea reconocido o genere polémica, no es ilegal. En las democracias modernas, la libertad de prensa protege precisamente el derecho de cualquier medio a tener una línea editorial, así esté alineada con intereses políticos o empresariales. Sin embargo, que sea legal no significa que sea éticamente correcto. 

Desde una perspectiva ética y crítica, dicha práctica desprestigia uno de los principios fundamentales del periodismo, que es servir al interés público con información veraz, contrastada y libre de sesgos. Asimismo, cuando los medios se instrumentalizan para fines económicos o políticos, la ciudadanía se convierte en objeto de manipulación y deja de ser sujeto activo en la deliberación democrática. 

En ese orden de ideas, los medios dejan de ser vigilantes del poder y se convierten en actores de poder cuando priorizan intereses particulares sobre la búsqueda imparcial de la verdad. Esto distorsiona el debate público, menosprecia la opinión libre y debilita la confianza ciudadana en la información. Según el informe de Media Ownership Monitor Colombia, en sociedades desiguales como la colombiana existe una concentración mediática que va ligada a la concentración del capital, lo cual tiene consecuencias negativas que se reflejan en la falta de ética informativa, privilegios de élites, ocultamiento de luchas sociales y reproducción de violencias simbólicas. 

La historia mediática de Colombia revela patrones que invitan a cuestionar las narrativas dominantes. Durante la violencia bipartidista, emisoras partidistas avivaron el odio entre liberales y conservadores. La televisión, introducida bajo un régimen militar, nació como instrumento de propaganda.

En 1985, durante la retoma del Palacio de Justicia, la entonces ministra de Comunicaciones ordenó transmitir un partido de fútbol, evidencia de que los medios también manipulan desde el silencio. Más recientemente, en el plebiscito por la paz de 2016, varios medios se alinearon con sectores de derecha para difundir desinformación y promover el voto por el «No», apelando a la rabia como estrategia. En el estallido social de 2021, medios tradicionales enfocaron la cobertura en los disturbios y «vándalos», ocultando o minimizando las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública. 

Mi intención no es restarle valor al papel fundamental que cumplen los medios en las democracias, ni generalizar sobre todas las casas editoriales. También hay ejemplos de valentía periodística y compromiso con la verdad que merecen reconocimiento, como el de El Espectador, que denunció los vínculos de Pablo Escobar con el narcotráfico, una labor que le costó la vida a su director, Guillermo Cano Isaza. Casos como este abundan: periodistas y medios menos visibles que informan con ética, rigor e independencia. Sin embargo, en una esfera pública dominada por el espectáculo y el entretenimiento, la verdad y el pensamiento crítico son opacados. 

Ahora bien, el panorama actual del país en relación con los medios de comunicación, a simple vista, es desalentador. Colombia atraviesa una disputa por la verdad. Tanto medios tradicionales y hegemónicos como alternativos crean sus agendas alineadas con sus partidos políticos de preferencia; en vez de invitar al debate y a la contrastación de información, se han convertido en jueces que, de manera sesgada, dictan el rumbo que debe tomar el país. 

Hoy son pocos los medios en Colombia que promueven el pensamiento crítico y motivan a la ciudadanía a cuestionar y analizar el panorama político. Pongamos como ejemplo la reforma laboral que es el tema de interés actual; el debate de esta ha dejado de enfocarse en los derechos y condiciones de los trabajadores para convertirse en una disputa de poder entre partidos. 

No es un capricho afirmar lo anterior: los hechos recientes evidencian las preferencias políticas de los medios. Desde la elección del primer gobierno de izquierda, este retiró el financiamiento que históricamente recibían las casas editoriales de las élites, lo que desató una guerra mediática contra el actual gobierno. Un ejemplo es el periódico El Colombiano, que últimamente destaca por publicar titulares, notas y artículos de opinión en cantidades considerables con narrativas orientadas a poner a la ciudadanía en contra del Ejecutivo. 

Hoy es evidente el bando que cada medio ha escogido. Por un lado, medios de élite que, tras años defendiendo al gobierno de turno, ahora emplean toda su maquinaria para desprestigiar al actual; por el otro, medios alternativos que gozan de privilegios institucionales y cubren la agenda del presidente, generando el resentimiento de las casas editoriales tradicionales debido a que ya no son los consentidos del establecimiento. Puede parecer cómico este panorama, pero, en lo personal, me resulta cínico y preocupante. 

Reitero, con todo lo anterior no pretendo negar la importancia de los medios y la labor periodística en Colombia. De hecho, han sido pieza clave para mantener la democracia más sólida de Suramérica —aunque no perfecta—. Pero también es fundamental que, como ciudadanos, cuestionemos constantemente la información que consumimos, porque la verdad no puede ser monopolizada jamás. El panorama mediático deja entrever que en Colombia no solo hay una soberanía en disputa, sino también una disputa por la verdad. Asimismo, el sistema comunicativo del país está en permanente construcción, al igual que nuestra democracia, y es tarea de todos los medios de comunicación esmerarse por ofrecer información veraz, contrastada e imparcial, para así contribuir a la formación de una sociedad del conocimiento capaz de discernir y debatir con responsabilidad sobre los asuntos fundamentales de la nación.

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Notas:

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