Opinión

Los anuncios del Gobierno Nacional relacionados con la matricula cero para los estudiantes de estratos 1,2 y 3 en lo que resta de la administración del Presidente Duque (semestre 2021-2 y 2022-1), como resultado de las movilizaciones registradas en gran parte de territorio nacional durante mayo, es una noticia importante para cerca del 97% de los estudiantes matriculados en las universidades publicas colombianas que pertenecen a estos estratos.

No cabe duda que esta medida, denominada de choque y focalizada, representa un subsidio importante ante la dura realidad económica que están viviendo miles de hogares en el país, muchos de ellos ubicados en estos estratos. Téngase en cuenta que la crisis económica derivada en parte por la emergencia sanitaria en el último año, ha generado una profunda recesión materializada en una pérdida de 3 millones de empleos, alto desempleo, una reducción de los ingresos laborales del orden de $35 billones de pesos y un incremento de $3,5 millones de colombianos en condiciones de pobreza monetaria.

El costo fiscal

Sin conocer aún el monto final que dispondrá el Gobierno Nacional para atender este subsidio, las cifras grosso modo de las universidades concentradas en el Sistema Universitario Estatal —SUE— revelan un costo anual por matriculas de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 alrededor de $950.000 millones de pesos, lo que equivaldría para el semestre 2021-2, a una cifra cercana a los $475.000 millones de pesos. Si se incluyen las Instituciones Técnicas y Tecnológicas Universitarias —ITTU—, para todo el conjunto de Instituciones de Educación Superior —IES—, el valor ascendería aproximadamente  $600.000 millones de pesos.

Como se recordará, el Ministerio de Educación Nacional desde el año anterior viene otorgando apoyos para el pago de matrículas de los estudiantes, acompañando el esfuerzo que vienen haciendo las universidades públicas, las ITTU y algunos Entes Departamentales y Municipales para lograr la matricula cero ante la actual crisis. Los aportes del MEN alcanzaron en los semestres 2020-2 y 2021-1 los $196.300 millones de pesos, lo que representa el 32,7% del costo que implica atender hoy la promesa de gratuidad en los estratos antes mencionados en el semestre 2021-2.

Este nuevo esfuerzo fiscal de matrícula cero, junto a los que ya realiza el Gobierno Nacional por efectos del Acuerdo logrado con las plataformas estudiantiles y profesorales del paro de 2018, para funcionamiento e inversión que alcanzan los $2 billones de pesos en el periodo 2019-2021; representa una ayuda monetaria transitoria para las familias de los estudiantes, pero no para las finanzas de las universidades. En sentido estricto, para éstas, la matricula cero representa un cambio de financiador, es decir, lo que antes pagaban las familias, ahora lo va a realizar el gobierno, tal como lo viene asumiendo junto a otros Entes gubernamentales del orden regional y por supuesto de las mismas universidades.

Responder con medidas de emergencia focalizadas a la población universitaria, representa un reto muy importante para las finanzas debilitadas del Gobierno Nacional. Lo anterior exige precisar la fuente de recursos que se van a destinar para financiar este programa, sin que ello implique sacrificar recursos para las mismas universidades. Es imperativo que no se repita la experiencia negativa del Programa Ser Pilo Paga que terminó por acelerar, además del desfinanciamiento de las universidades públicas, una gran movilización nacional en el segundo semestre de 2018 que llevó a su desmonte, y por primera vez, lograr que un gobierno entregará recursos adicionales al IPC para ampliar la base presupuestal de las universidades en el período 2019-2022.  

Los dilemas de la sostenibilidad

Si bien este subsidio a la demanda para la gratuidad le permite al Estado atenuar la presión social en el corto plazo y con ello poder acompañar las necesidades de gasto de las familias en tiempos de crisis, desvía el problema de fondo de las IES para atender una adecuada cobertura educativa a nivel del acceso de los miles de jóvenes bachilleres a las universidades e institutos técnicos y tecnológicos de carácter público en el país. El problema real está en los cupos y no en el valor de la matrícula. En efecto, la falta de cupos obedece, entre otros asuntos, a las restricciones de entrada a través del examen de admisión que establecen la mayoría de IES, debido a la falta de capacidad instalada de éstas para atender la creciente demanda de jóvenes que quieren estudiar en las instituciones públicas. Igualmente, a esto se suma, los altos costos de la matrícula en la educación privada en un país de bajos ingresos que impide el acceso de los jóvenes a la educación superior. Por otro lado, téngase en cuenta que las matriculas en lo público se liquidan la mayoría de las veces sobre el estrato donde vive el estudiante y del colegio donde estudió, y no sobre el costo real que le cuesta a una IES atender la formación de un estudiante.

Lo anterior explica las dificultades históricas de financiamiento en la educación superior pública. Esta brecha entre el costo real de las matrículas y el valor de las liquidaciones no lo cubren las transferencias de la Ley 30, lo asumen las instituciones con sus recursos que, dicho sea de paso, también financian la mayor cobertura con calidad, la infraestructura educativa, el desarrollo de la investigación y el bienestar estudiantil, entre otros compromisos misionales que la Ley 30 no contempló desde que se creó. Incluso, en algunas pocas universidades del país, desde hace rato se vienen otorgando gratuidad a los estratos 1 y 2, sin que ello haya dado lugar al reconocimiento financiero por parte del Gobierno Nacional y mucho menos de gobiernos locales en donde hacen presencia estas universidades. El ejemplo más representativo es la Universidad de Antioquia, 18 años de gratuidad para estratos 1 y 2 y con presencia en todo el departamento.

El resultado del descalce financiero de la Ley 30 de 1992 ha conllevado al desfinanciamiento de la educación superior pública, el cual se ha venido conteniendo con los recursos adicionales obtenidos en el Acuerdo de diciembre de 2018. Como ya se mencionó, a la fecha se han girado más de $ 2 billones de pesos que han servido de manera importante, no sólo para frenar el déficit presupuestal derivado de la Ley 30, sino también, para atender en el último año, los problemas de liquidez que ha generado en las finanzas universitarias la pandemia del coronavirus. Así mismo, estos recursos vienen impulsando planes de fomento a la calidad, nuevos programas de bienestar y el cierre de brechas entre las instituciones, entre otros temas de trascendencia en las IES.

En síntesis, más allá de las buenas intenciones con este subsidio en atención de las demandas sociales de las movilizaciones, la delicada situación de las finanzas públicas en el país pone de manifiesto la necesidad de soluciones inteligentes, creativas y con impacto positivo en la sostenibilidad de las IES que permita garantizar, además del funcionamiento sin sobresaltos, el crecimiento permanente de los compromisos misionales. Al respecto, hoy cobra vigencia la necesidad de acelerar el debate sobre una nueva Ley de financiamiento para la educación superior pública que reforme los artículos 86 y 87 de la Ley 30, dado el fin de los recursos adicionales a la base presupuestal en 2022 y las propuestas que se están manejando en las mesas de diálogo nacional, una de ellas, el acceso de los jóvenes a la educación superior. Una ruta diferente, pone en riesgo el problema de fondo asociado con el financiamiento de largo plazo de las IES, concentra la atención en un gasto de emergencia que puede ser altamente regresivo y desgasta el nuevo esfuerzo fiscal del Gobierno.

Para cerrar, la discusión de una nueva Ley de financiamiento, cualquiera sea la iniciativa, requiere de fórmulas para ampliar la base presupuestal de las IES indexando los recursos sobre las necesidades reales y permanentes de las IES. Esta Ley debe convertirse en una política de Estado que supere las angustias del corto plazo y resuelva los desbalances financieros que han limitado el fortalecimiento de la educación superior pública en el país.

Notas:

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