Opinión

Héctor Riveros publicó recientemente en la Silla Vacía una columna titulada ¿Las «reformas» no benefician a nadie? En esta pone el dedo en la llaga al señalar que las tres reformas más importantes que ha propuesto el gobierno del Presidente Petro, las cuales producirán, según Riveros, más beneficios que perjuicios a la mayoría de los colombianos —a las personas en edad de jubilación que hoy no reciben nada, a los trabajadores con condiciones laborales precarias y sometidos a regímenes laborales terciarizados, y a quienes no tienen o tienen un difícil acceso y de deficiente calidad al sistema de salud— son interpretadas por la clase política y empresarial y por la gran prensa como perjudiciales para el país, y como reformas que terminaran afectando los intereses de muchos sectores sociales, y de forma grave a la economía. La estrategia escogida para atacar estas reformas es la invención de grandes descalabros sociales y económicos como el fin de la inversión extranjera y del trabajo, la cárcel para los médicos, la expropiación, llegará el comunismo, mejor dicho el fin del mundo, la llegada del comunismo. 

La pregunta que uno debe hacerse es ¿por qué en una sociedad en donde se requiere con extrema urgencia sacar adelante una serie de cambios estructurales —la política social del Estado— los más ricos cierran toda posibilidad a cualquier transformación social y política? ¿Por qué los beneficios que puedan conseguir las mayorías mediante estas políticas sociales constituyen un gran prejuicio para las minorías ricas? Aquí está el núcleo de esta cuestión. No es la polarización que atraviesa la sociedad, lo que puede explicar esta contradicción entre clases sociales.  La razón fundamental para que esto suceda está en el predominio cada vez mayor en la sociedad de los intereses económicos de algunos pocos. Conservar el propio bienestar privando de él a los demás es el lema inconfesado de los más afortunados, y su mentira vital colectiva es negar ante sí mismos la dominancia de este principio de distribución y los mecanismos de su aseguramiento —Lessenich, 2013—. 

Entonces, más allá de una política definida exclusivamente en términos de los intereses económicos de los más ricos, se requiere una visión sobre el conflicto entre el bien del individuo y el bien común. Una visión que trascienda el liberalismo de los derechos individuales o el individualismo burgués.  

Según Leo Strauss, en la República de Platón se llega a la conclusión de que la ciudad justa será una asociación donde todos, hombres y mujeres, posean en cada caso un trabajo único que realicen bien y al que se dediquen de lleno, es decir, sin atender a su propio beneficio sino sólo al bien de los demás o al bien común. Aristóteles consideró que lo más valioso de la vida es cultivar un bien común, no promover la perfidia ni la envidia recíprocas, sino más bien los valores o las ventajas de la convivencia solidaria. 

Hobbes afirmó en su famosa metáfora de la guerra de todos contra todos que los dominados, debido a su incapacidad para convertirse en dominadores, el único camino que les quedó para no seguir sufriendo injusticias, fue la de disciplinar bajo la justicia a los autores de las injusticias. La justicia es entonces el resultado de una adecuación estratégica; nadie es justo libremente, sino sólo porque las relaciones sociales están construidas de tal manera que es racional preferir ser justo que injusto. Kant afirmó en La paz perpetua que «aunque no se pueda obligar al ser humano a ser alguien moralmente bueno, sí se le puede obligar a ser un buen ciudadano. El problema de la instauración del Estado tiene solución, incluso para un pueblo de demonios, por muy mal que pueda sonar esto». Así, lo que dice Kant es que si no podemos dominar nuestras inclinaciones egoístas —las pretensiones de mayor acumulación de riqueza que imponen el capitalismo y el crecimiento— a través del cultivo de nuestra racionalidad al menos debemos hacerlo por el temor al castigo de la ley. En Colombia este proyecto ha fracasado. Siguiendo a Kant, es muy claro, que no somos un pueblo de ángeles, más bien de demonios. Lo más complicado es que el sistema judicial coactivo no haya obligado a todos los miembros de la sociedad a cumplir nuestras obligaciones como ciudadanos o demonios. No tenemos una política basada en el bien común, ni en la solidaridad. 

Vuelvo a la pregunta, ¿por qué los beneficios que puedan traer las reformas sociales que propone el presidente Petro son interpretados por las élites política y económica como «prejuicios» o «daños»? Según lo desarrollado hay dos respuestas: siguiendo a Kant, somos un pueblo de demonios que no ha podido construir un contrato social y el sistema jurídico —penal y disciplinario— no funciona como un sistema que obliga a todos a cumplir sus obligaciones. Esto podría superarse sí el poder coactivo del Estado actúa de manera equitativa e imparcial y cuando el Estado social se haya convertido en un hecho social. ¿Puede darse esto?  

Cuando se genere una situación política que haga posible que la política social del Estado reaccione a problemas sociales. Para que esto sea posible, los derechos sociales —alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda y seguridad social— deben entenderse no como derechos subjetivos de la libertad, sino como derechos basados en la solidaridad. De este modo, el estado social y democrático de derecho debe asegurar las condiciones sociales, económicas, educativas y culturales que posibiliten la mayor realización de los derechos fundamentales para todos. ¿Es esto el comunismo?

El Estado social, que garantiza los derechos de participación a la riqueza socialmente producida, es la expresión de la lucha de los que no poseen nada contra los que todo lo tienen, del conflicto social moderno por las oportunidades de vida, y de la tendencia a adaptar las oportunidades de vida en la parte superior e inferior de la jerarquía social —Lessenich, 2013—.  

El momento más importante de la consolidación del estado social en Europa occidental se dio después de la segunda guerra mundial y se basó en un equilibrio entre la lógica del capitalismo y la lógica de la democracia, que se fundamentó en el compromiso histórico entre la racionalidad económica de la acumulación de riqueza, y la racionalidad social de la participación de todos los ciudadanos en la riqueza producida por la sociedad. Aunque con diferencias históricas, culturales, políticas, la sociedad colombiana se encuentra en un momento similar, en el que busca articular capitalismo y sociedad, pero con un problema que dificulta de manera muy importante ese intento, y es la inmensa resistencia de los privilegiados. 

• Esta columna de opinión fue publicada en La Silla Vacía el 2 de junio de 2023
   
• Para compartir esta columna, le sugerimos usar este enlace corto: https://bit.ly/EstadoSocial-Capitalismo-OP

Notas:

1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.

2. Si desea participar en este espacio, envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad al correo columnasdeopinion@udea.edu.co. Revise previamente los Lineamientos para la postulación de columnas de opinión.