Opinión

El panorama político colombiano atraviesa uno de sus momentos más sombríos. Lo que antes era un espacio para el debate democrático hoy parece una guerra sin reglas, marcada por la agresividad verbal, la estigmatización del contrario y el uso sistemático del odio como estrategia de poder. Esta lógica no distingue bandos: tanto desde el Gobierno como desde la oposición, se ha instaurado un ambiente tóxico donde el adversario político no se enfrenta con argumentos, sino que se desacredita, se ridiculiza y se deshumaniza.

Asimismo, el atentado reciente contra el senador Miguel Uribe Turbay no solo es lamentable por el hecho en sí, sino por la manera en que fue instrumentalizado por sectores de todos los espectros ideológicos. En lugar de rechazar unánimemente la violencia, muchos actores aprovecharon la situación para atacar a sus enemigos políticos, convertir el dolor en propaganda y agudizar aún más la polarización. Esta reacción deja en evidencia un oportunismo profundamente dañino, que ha convertido la política colombiana en un campo de batalla donde la ética pierde sentido.

La gravedad del atentado contra Miguel Uribe debería haber generado una reacción unánime de rechazo a la violencia. Sin embargo, lo que presenciamos fue el uso del hecho como una herramienta más de campaña. La Fundación Santa Fe —hospital donde fue atendido el senador— se convirtió en una especie de tarima improvisada desde donde miembros del Centro Democrático ofrecieron declaraciones más cargadas de acusaciones que de solidaridad.

Más allá del caso puntual, este episodio muestra una tendencia: los hechos violentos ya no se lamentan, se capitalizan. Y en ese terreno, la ética política se convierte en una moneda devaluada. La vida humana, incluso la de los propios aliados, queda subordinada a los réditos que puedan obtenerse en redes sociales, medios y urnas.

Por otra parte, el presidente Gustavo Petro no ha sido ajeno a esta dinámica. De acuerdo con un análisis de La Silla Vacía, Petro es el líder político colombiano que más utiliza lenguaje agresivo en redes sociales. Su posición como jefe de Estado le exige una comunicación institucional responsable, pero con frecuencia recurre a trinos incendiarios, señalamientos y polarización.

Este tipo de retórica no solo profundiza la división, sino que también otorga legitimidad a quienes lo imitan. Además, los medios afines al oficialismo replican y amplifican estos discursos, generando burbujas de indignación que refuerzan el «nosotros contra ellos». Cuando desde el poder se promueve la idea de que cualquier crítica es un ataque de las élites o una conspiración mediática, se corre el riesgo de debilitar los canales democráticos del disenso legítimo.

Del otro lado del espectro político, la oposición ha convertido el odio en su principal herramienta de comunicación. María Fernanda Cabal, Vicky Dávila y Miguel Polo Polo son figuras que han construido su imagen pública a través del ataque constante y la estigmatización de todo lo que huela a progresismo o al gobierno actual. Su discurso se basa en el miedo, la caricaturización del contrario y el uso indiscriminado de términos como «castrochavismo», «narcodictadura» o «mamertos».

Además, los medios tradicionales, lejos de actuar como moderadores o garantes de un debate informado, muchas veces sirven de plataforma para que estas figuras difundan sus posturas sin contradicción ni contexto. Así, terminan siendo cómplices —por acción u omisión— de una narrativa que no busca construir país, sino anular al adversario.

En este escenario, los medios de comunicación juegan un papel determinante. Algunos han renunciado a su papel de mediadores del debate público para convertirse en actores políticos con agendas claras. Las redes sociales, por su parte, amplifican los mensajes más radicales porque son los que generan más clics, más viralidad y, por tanto, más ingresos publicitarios. Y en ese orden de ideas, el periodismo ha cedido espacio al espectáculo, y la verdad ha sido reemplazada por narrativas convenientes. En ese contexto, la ciudadanía queda atrapada en una guerra de versiones, sin posibilidad de construir un pensamiento crítico o acceder a una visión equilibrada del país.

Recalco que Colombia necesita recuperar la política como un espacio de encuentro, no de exterminio simbólico. Es urgente que tanto el Gobierno como la oposición asuman su responsabilidad en la escalada de discursos de odio y comprendan que sus palabras tienen consecuencias reales. También los medios deben reevaluar su papel: informar no es agitar, y comunicar no es manipular.

En ese sentido, la democracia no se sostiene solo con elecciones, sino también con un lenguaje que dignifique al otro, que permita el disenso sin deshumanizar y que nos recuerde que, por encima de las diferencias, compartimos un país. En tiempos de tanta polarización, sembrar pensamiento crítico es un acto de resistencia y responsabilidad colectiva.

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