Periódico Alma Máter

Según el presidente Gustavo Petro, la reforma pensional beneficiará a más de dos millones de adultos mayores, que no alcanzaron a pensionarse, que recibirán una renta básica. Foto: Alexa Rochi / Presidencia de la República

En medio de la Plaza de Bolívar, en la ciudad de Bogotá, y acompañado por grupos de la tercera edad, campesinos y mujeres, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionó, el 16 de julio, la Ley 2381 de 2024, «por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común», la nueva norma para regular las pensiones en el país.  

Después de un largo trámite por el Congreso de la República, esta se convierte en la primera reforma social aprobada en el actual gobierno por este cuerpo colegiado, máximo órgano representativo del poder legislativo del país. «Eso que parece una tontería para el que tiene, para un viejo que no tiene se llama comida, se llama un colchón amable... se llama familia. ¡La reforma ya está firmada!», expresó en su alocución presidencial Gustavo Petro, como representante del Gobierno, en el acto de promulgación de la nueva ley que entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2025.  

Carolina Montoya, docente e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y quien ha estudiado el tema pensional en el país por tres lustros, consideró que era necesario hacer una reforma pensional en Colombia y, especialmente, que fuera estructural. «Si bien esta no es la mejor reforma posible, sí se acerca al cometido de una cobertura integral en materia de protección social para la vejez. Responde a problemas estructurales del sistema anterior, por ejemplo, la baja cobertura, la inequidad entre regímenes, las deficiencias institucionales y la insostenibilidad financiera del sistema», indicó.    

La nueva reforma pensional modifica el Sistema General de Pensiones creado con la Ley 100 de 1993, que establecía un sistema contributivo, cuya principal fuente de financiación eran las cotizaciones pagadas periódicamente por trabajadores dependientes e independientes. Este sistema se basaba en dos regímenes: el régimen de prima media, administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual, gestionado por las administradoras de fondos de pensiones. 

Con la Ley 2381 se crea un sistema de pilares donde todas las personas que cotizan al sistema hacen parte del pilar contributivo público. Esto quiere decir que todos los empleados cotizarán en Colpensiones el equivalente a 2,3 del salario mínimo legal mensual vigente —SMLMV—, que a 2024 equivale a 2 990 000 pesos, y lo que esté por encima de ese umbral irá a las administradoras de fondos de pensiones, al ahorro individual. «Este modelo ya lo tienen Panamá, Uruguay y Costa Rica y se evidencian unas mejoras frente a otros modelos, como el de reparto o el de capitalización», indicó la investigadora.  

«¿Qué se gana y qué se pierde, en términos fiscales, con esta reforma? Acaba, por ejemplo, con los subsidios en el régimen de prima media para las personas que cotizaban con altos salarios, pero significa un mayor esfuerzo fiscal que hará necesario que en las próximas décadas se revise cómo se le va a garantizar a esas personas, de menores recursos, la pensión», señaló Luquegi Gil Neira, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho.  

Esto último teniendo en cuenta que, según el Departamento Nacional de Estadística —Dane—, Colombia está en un periodo de transición demográfica con tres situaciones destacadas: su población trabajadora está envejeciendo, hay menores tasas de mortalidad y menores tasas de fecundidad. Todo esto lleva a que las personas mayores se conviertan en un grupo cada vez más predominante en la población. Mientras que en 1950 las personas mayores de 65 años representaban en el país apenas el 3,5 % de la población total, se proyecta que este porcentaje alcanzará el 11 % en 2025 y aumentará al 20 % en 2050 y un 29 % en 2070.  

Cerrar una brecha de género 

«El enfoque de género en la reforma pensional representa un avance en términos de equidad y justicia social por varios aspectos fundamentales. Primero, reconoce desigualdades estructurales y en este sentido la Corte Constitucional, en 1994, había reconocido las diferencias entre hombres y mujeres en el sistema pensional, al declarar exequible la diferencia de edad establecida en la Ley 100, que venía históricamente. del esquema anterior, la posibilidad de que las mujeres se pensionaran 5 años antes que los hombres. No obstante, esa exigencia hacía que las mujeres tuvieran que cumplir el mismo número de semanas en menor tiempo, eso era bastante cuestionable. Eran las desigualdades estructurales relacionadas con la maternidad y el cuidado del hogar. 

También hay un elemento estructural: el reconocimiento del trabajo del cuidado. En este evento la ley establece la disminución en la cotización de 50 semanas por cada hijo, hasta un máximo de tres. Reconocer el esfuerzo de las mujeres como trabajadoras y cuidadoras es un aspecto definitivamente crucial para abordar la desigualdad en la distribución de las tareas de cuidado. Para 2036, cuando el requisito de semanas cotizadas sea de 1000 para las mujeres, las madres con tres hijos se podrán pensionar con 850 semanas», Carolina Montoya, docente e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA