Opinión

Pensar los problemas de justicia social en nuestro país debe resultar de la comprensión de la injusticia real que viven los millones de seres humanos excluidos de la posibilidad de disfrutar de las condiciones sociales, económicas y políticas que teóricamente les pertenecen como miembros de una comunidad política.

Fenómenos como la pobreza de los campesinos, el despojo de sus tierras y el desplazamiento al que fueron sometidos, no pueden entenderse como desgracias o consecuencias infortunadas de la guerra: son injusticias que tienen autores, como los ejércitos privados de derecha e izquierda, y el Estado en su incapacidad para detener actos privados o públicos de injusticia.

Partir de la injusticia para establecer cómo un Estado debe organizarse a fin de asegurar a todos unas condiciones justas, supone asumir una perspectiva diferente a la que han adoptado las democracias liberales. En estas, la justicia se deriva de principios abstractos y universales que aplican a todas o a la mayoría de las sociedades, con independencia de su configuración concreta y relaciones sociales.

Partir de la injusticia es encontrar y describir las experiencias de injusticia que se dan en la realidad social, para formular qué tareas tiene que cumplir una concepción de justicia en la definición de los fines del Estado y de la sociedad.

En este sentido, como formas de injusticia se pueden definir, por ejemplo, las prácticas por medio de las cuales los campesinos, obligados a la colonización de tierras baldías -tras el fracaso de la reforma agraria-, fueron posteriormente despojados de sus tierras por los grandes hacendados, mediante la fuerza y el engaño. En la Costa Atlántica, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales esta fórmula política de la gran propiedad hizo posible un importante proceso de acumulación de capital, que además fue sostenido por el Estado al desproteger los derechos de los campesinos sobre la tierra.

El resultado del despojo armado ha sido una mayor concentración de la propiedad. Actualmente el 77 % de la tierra está en manos de 13 % de propietarios, pero el 3,6 % de estos tiene el 30 % de la tierra. Se calcula que 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas por la violencia en las últimas dos décadas (Reyes).

Para superar la injusticia histórica del despojo, el Estado reconoce en el Acuerdo Final la existencia del conflicto armado y el daño que ha sufrido la población campesina como consecuencia de la guerra. Frente a esto propone el acuerdo agrario y el proyecto de ley de tierras.

La perspectiva de la injusticia permite mostrar que los grupos más poderosos, legales e ilegales, que han utilizado la corrupción estatal y la violencia tienen una responsabilidad directa en generar pobreza y desigualdad profundas en el campo.

Sus acciones no resultaron del carácter irremediable de los males humanos, que se pueden considerar como desventuras. Fueron injusticias.

Este proceso de reconocimiento de los derechos de los campesinos debe hacer posible que los ochocientos mil agricultores sin tierra y los dos millones de microfundistas puedan tener acceso a tierras productivas y a apoyo estatal.

Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el martes 23 de mayo de 2017

Nota

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