Opinión

Una cosa es decir que el hombre tiene una libertad que le pertenece por naturaleza en un nivel moral, y otra es afirmar que el hombre es libre en el plano político. En el ámbito moral el hombre tiene una dignidad que le pertenece en tanto ser racional, autónomo, capaz de darse las leyes que determinan su obrar, libre en lo que respecta a las leyes de la naturaleza y obediente solamente de aquellas leyes que él mismo se da. El ser que tiene autonomía exige un reconocimiento como ser libre. Autonomía significa en este contexto: el hombre se da a sí mismo su posición como creador de la ley, y a partir de aquella exige el respeto recíproco de los otros hombres como legisladores en el mundo moral.

Este es el fundamento de la libertad en el nivel moral. Pero esto no resulta válido en el plano político, en el que se trata precisamente, de establecer mediante las leyes, cuáles son para un pueblo concreto, en un momento determinado de su historia, las condiciones prácticas y suficientes para hacer posible que la libertad, inherente a la naturaleza humana, pueda desarrollarse sin límite alguno para que contribuya al bienestar común de la sociedad.

La libertad pasa a ser en el campo político, entonces, un asunto externo, interindividual, que concede a cada uno de los miembros de la sociedad, el conjunto de los derechos subjetivos, los cuales, como están formulados en las constituciones de las sociedades liberales, como la colombiana, cumplen la función de determinar para el sujeto individual una esfera protegida de las intromisiones externas, tanto estatales como no estatales, dentro de la cual pueda explorar y probar su propia idea de bienestar, sin que nadie lo limite. La libertad política es, entonces, la libertad de traducir en acciones exteriores la propia libertad moral.

Visto en esta perspectiva, el problema de la libertad nace de la sociedad. La idea liberal llevada al campo político, significa esto: en una sociedad democrática y liberal se establece que los derechos fundamentales son el núcleo del orden constitucional. El fundamento de legitimidad de la Constitución es la igualdad de todos en las libertades fundamentales liberales, civiles, políticas y en los derechos sociales. Estas libertades y derechos fundamentales son los límites sustanciales que garantizan que cada hombre pueda, del modo más amplio posible, traducir su libertad moral en asuntos prácticos, de forma compatible con la igual garantía para todos los demás ciudadanos.

Esto es un poco abstracto, debo reconocerlo, pero esta tensión entre libertad moral y jurídica está en nuestra Constitución, las leyes y en el núcleo del Acuerdo Final que se suscribirá próximamente. Estas normas básicas contienen el deber ser de la política: cómo traducir la idea moral de la libertad en la creación de unas instituciones que sirvan para concretar las garantías jurídicas del sistema de los derechos y las libertades, y poder salir así, paso a paso, de la situación de la guerra de todos contra todos.

Este texto fue publicado en el periódico ElColombiano el martes 20 de septiembre de 2016

Nota

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