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Luego de pasar por ajustes, cambios y adiciones, el Proyecto de Ley 010 sigue generando confusión y carece de bases para reformar la salud.

Por: Lourdes Cruz Cárdenas  -Facultad de Ciencias Económicas-

El proyecto de Ley 010 es una propuesta suscrita por cerca de 90 congresistas con el propósito de realizar ajustes en el marco del sistema general de salud, desarrollar la Ley Estatutaria 1751 y dictar otras disposiciones para su sostenibilidad, sin embargo, expresó el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, Jairo Humberto Restrepo, “es una iniciativa que carece de sustento técnico y legislativo, organización de capítulos y calidad de escritura y deja en entredicho la seriedad del Congreso de la República”.

En la foto: el profesor Jairo Humberto Restrepo del Departamento de Economía de la FCE

Luego de su primer debate en Senado y Cámara el pasado 2 de diciembre de 2020, el articulado pasó por audiencias, propuestas de ajuste, cambios y adición de artículos y, más recientemente, el anuncio del Congreso de realizar foros para escuchar otras voces frente al proyecto, por lo que el pasado 12 de mayo, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes decidió aplazar la reforma hasta tanto haya un consenso y una propuesta que refleje la conciliación del sector salud.

Inicialmente, señaló el académico y director del Grupo de Economía de la Salud –GES– durante el encuentro, ¿Qué es el Proyecto de Ley 010 y qué implicaciones tiene en nuestro sistema de salud?, donde participaron varios analistas frente al tema, si bien el sistema de salud propende por mejorar la salud de las personas mediante acciones institucionales, Colombia tiene un contrato social inconcluso y es que hay dos visiones acerca de cómo organizar el sistema de salud; por un lado la Ley 100 que creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud y por el otro, la Ley Estatutaria, y en tal sentido, la reforma da a entender que subsisten dos sistemas generando una gran confusión. 

Un tema bastante sensible para la ciudadanía, sostuvo Hernando Torres Corredor, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, “hablamos de un asunto constitucional y de recursos públicos, toda vez que desde la ley 100 se introdujo un modelo de aseguramiento privado –las EPS–, incluso se llaman empresas y se establece sobre un modelo competitivo generando tensión frente a lo que es el derecho fundamental”.

En la foto: Hernando Torres Corredor, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional

De acuerdo con Torres, director del Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud, el punto no es excluir al sector privado, pero “el derecho fundamental a la salud anuda los elementos más importantes de convivencia social, así mismo tiene una característica básica y es su universalidad, por tanto, no es una petición asistencial, sino que al tratarse de un derecho pasa a ser una exigencia ciudadana, colocando en ejercicio el derecho fundamental a la salud”.

En tal sentido, el proyecto de reforma no está desarrollando la Ley Estatutaria que es la piel de la Constitución en materia de salud, sino que dicta ajustes a la Ley 100.

Por otra parte, el Dr. Torres insistió en el Artículo 50 de la reforma, el cual se refiere al Hospital Público y que tiene un problema de enfoque por la competencia que genera entre instituciones, pues como sostuvo el académico, “en los 1.100 municipios del país, el 90% de los hospitales están entre el primer y el quinto nivel y tienen recursos muy limitados en la atención, pero se plantea su liquidación, venta o que se fusionen, en lugar de fortalecer la oferta pública”.

Retos sin resolver

Ahora, en materia de financiación señaló Ana María Vesga, Directora de la Cámara Farmacéutica de la ANDI, el proyecto rescata de manera importante el concepto de corresponsabilidad de pacientes y usuarios del sistema de salud y en materia de sostenibilidad, recoge el interés del Gobierno de avanzar con los temas de saneamiento financiero, iniciando con la propuesta de Acuerdo de Punto Final y acuerdos de pago, donde el proyecto tiene herramientas como el giro directo, la contratación entre agentes del sistema y el saneamiento financiero entre las EPS y los proveedores.

En la foto: Ana María Vesga, Directora de la Cámara Farmacéutica de la ANDI

“El proyecto no es la solución total a los retos del sistema, el reto está en los fondos y la eficiencia del gasto, donde la propuesta de reforma se queda corta, pero en estos puntos creo que hay una coherencia y continuidad a la posición del Gobierno alrededor del saneamiento financiero. Sin embargo, el sector salud no puede seguir acumulando carteras permanentes afectando la calidad del servicio y a los usuarios”, explicó Vesga.

Entretanto, el proyecto de Ley 010 no resuelve preocupaciones persistentes como el modelo de atención, pues desde el aseguramiento plantea un sistema de atención primaria con médico de familia, centros complementarios, así como centros de excelencia y regionalización. Este último, descuida el principio de accesibilidad y genera preocupación para los analistas frente a la prevención y el tratamiento del riesgo individual en salud. 

Para el docente en Salud Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana, Gabriel Jaime Guarín y ex Secretario de Salud de Medellín y Antioquia, la reforma está marcada por un aseguramiento individual, donde se evidencia la incapacidad de registrar un modelo de atención realmente integrado al seguir hablando de actividades individuales y actividades colectivas, éstas últimas quedan desfinanciadas y sin coordinación, pero en cambio se dedican 15 artículos a desarrollar un modelo de atención individual. 

Así lo expresó el profesor Guarín, “cuando creíamos que la medicina familiar iba a estar más adherida de la atención primaria en salud como enfoque territorial, lo suman a la estructura del aseguramiento individual y ahí la propuesta tiene un error de diseño institucional”.

En la foto: el ex Secretario de Salud de Medellín y Antioquia, Gabriel Jaime Guarín

Otro asunto que llamó la atención del académico, es el currículo único de medicina familiar, “currículo que estaría definido por el Ministerio de Salud y Protección Social y sería un elemento que va en contra de la autonomía universitaria, en el sentido que el conocimiento generado, como activo mundial y que se apropia a nivel de las universidades para las mejores prácticas, se estandariza para el Ministerio en una lógica de regular y generalizar aspectos que creo deben tener el desarrollo de más actores”.  

Por lo tanto, resaltó el profesor Restrepo, “si realmente queremos hacer una reforma al sistema de salud, necesitamos revisar su estructura, conformación y la manera como se toman las decisiones, de allí que se requiera un capítulo especial sobre gobernanza (…) la reforma es necesaria, pero debe ampliar el debate sereno y bien documentado, así como considerar investigaciones de años y, de manera especial, las lecciones de la pandemia”.

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