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La Universidad adoptó en 2018 la política integral de riesgos en la que se compromete a gestionar de manera integral los riesgos institucionales y a emprender las acciones necesarias para proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento de su misión y en procura de la sostenibilidad, el desarrollo y el bien común. 

En dicha política se establece que la orientación de la gestión integral de riesgos será responsabilidad de los órganos de gobierno universitario en el ámbito de su competencia y su aplicación será responsabilidad de los demás servidores públicos en las actividades de docencia, investigación, extensión y administrativas. 

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Un riesgo se entiende como la posibilidad de que ocurra un evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales, la continuidad de sus operaciones, las personas, el medio ambiente y los recursos públicos. 

Dentro de la clasificación de los diferentes riesgos en la Universidad, se destacan los riesgos estratégicos, entendidos como aquellos eventos posibles, con impacto a toda la universidad, que pueden generar un daño, una afectación o un perjuicio al cumplimiento de su misión y al logro de sus objetivos estratégicos. 

Al momento, han sido identificados 19 riesgos estratégicos para la institución, son: 

1. Contaminación ambiental grave de recursos bióticos, abióticos, edáficos o antrópicos a causa de actividades propias de la Universidad o de su gestión ambiental. 
2. Pérdida de la acreditación de alta calidad institucional de la Universidad. 
3. Estrategias de comunicación y apropiación del quehacer y de los planes de la Universidad hacia los diferentes actores de interés internos y externos de bajo impacto. 
4. Situaciones o eventos vinculados o derivados de problemáticas sociales, internas o externas, que afecten la ejecución de las actividades de la Universidad o la integridad de los diferentes actores que intervienen en la vida cotidiana de la institución.  
5. Desfinanciación estatal sostenida y baja autofinanciación para garantizar el funcionamiento de la Universidad, el cumplimiento de sus funciones misionales y el crecimiento institucional. 
6. Fraude, ocultamiento o desvíos en el manejo de recursos financieros de la Universidad. 
7. Fallas en la administración de los recursos financieros en las operaciones y planes de la Universidad 
8. Gestión limitada o insuficiente de capacidades, recursos e infraestructuras organizacionales, físicas y materiales de la Universidad. 
9. Toma de decisiones directivas que pongan en riesgo la estabilidad institucional o el cumplimiento de los planes de la Universidad. 
10. Oferta misional de la Universidad de baja pertinencia e impacto en relación con las necesidades, los intereses y las posibilidades de los actores, los territorios o las dinámicas del conocimiento. 
11. Bajas capacidades para la innovación, transformación y adaptación al cambio en el accionar académico y administrativo de la Universidad frente a las dinámicas del entorno. 
12. Situaciones o eventos vinculados o derivados de problemáticas laborales o sindicales que incidan en la suspensión o afectación de las actividades en la Universidad. 
13. Fallas en la integración y coordinación de las diferentes áreas, procesos y dependencias con miras al direccionamiento y despliegue estratégico de la Universidad. 
14. Prácticas sociotécnicas, políticas y culturales en la Universidad que no reconocen e incorporan el significado y valor del direccionamiento estratégico de cara a su crecimiento, desarrollo y transformación. 
15. Poca o nula disponibilidad de planes de contingencia institucionales ante graves afectaciones a la continuidad de procesos y funciones críticas. 
16. Graves incumplimientos de políticas y normativas en los procesos académicos o administrativos de la universidad. 
17. Cambios en políticas públicas generales o sectoriales que afecten el accionar y la estrategia de desarrollo de la Universidad. 
18. Afectación de las infraestructuras físicas y materiales de la Universidad ante eventos graves de índole natural, físico o social. 
19. Incidentes graves de seguridad que atenten contra la información, las plataformas y las infraestructuras de tecnología informática y de telecomunicaciones de la Universidad.