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Tras una iniciativa ciudadana muy diversa que buscaba darle respuestas a la crisis social, económica y de legitimidad por parte del Estado que vivía Colombia a finales de los ochenta, se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que dio como resultado una constitución humanista y más respetuosa de la individualidad.

“A los señores presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente les invitamos que se sirvan acercarse a la mesa para la proclamación”. En ese momento se acercaron a la mesa frente a los asistentes, Álvaro Gómez Hurtado, del movimiento de Salvación Nacional; Antonio Navarro Wolff, de la Alianza Democrática M-19 y Horacio Serpa Uribe, del Partido Liberal, cruzaron unas palabras y después de contar hasta tres leyeron en coro: “en nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva constitución de Colombia”. Inmediatamente el recinto se llenó de aplausos y segundos después, una banda comenzó a tocar el Aleluya de Georg Friedrich Händel.

Así fue como el 4 de julio de 1991, la Asamblea Nacional constituyente, oficializó la nueva constitución que entraría en vigencia tres días después como una respuesta institucional a las exigencias de la ciudadanía que reclamaba una nueva constitución, la cual terminó consagrando derechos fundamentales, económicos, sociales y colectivos. Además de crear los mecanismos para asegurar y proteger los mismos.

Gabriel Ignacio Gómez, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia explicó que la constitución de 1991 generó varios puntos de ruptura. El primero es que se generó una “legitimidad de una constitución y un nuevo orden constitucional porque estábamos en una constitución del siglo XIX, basado en un proyecto de la regeneración de finales del siglo XIX que era tremendamente conservador, centralista, restrictivo y autoritario”, explicó Gómez.

Además de reivindicar los derechos de minorías, se crea un Estado laico que respeta la libertad religiosa. Siendo consecuente con la separación de poderes, la constitución de 1991 trata de equilibrar las relaciones entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, así que limita el control del ejecutivo que durante gran parte del siglo utilizó el estado de sitio, consagrado en el 121 artículo de 1886, que faculta, en caso de guerra o conmoción interior, al presidente para dictar decretos con fuerza de ley. Esto, según Gómez, representaba un “hiperpresidencialismo” que se traducía en un abuso de la normatividad, pero fue limitada en la constitución de 1991.

Quizás es mayor avance es el del compromiso con los derechos. “La carta de derechos de la constitución del 91 es muy extensa y no solo la carta, sino los mecanismos de protección: se crea la tutela, las acciones populares y acciones de cumplimiento. En ese momento había un compromiso muy grande con la protección de los derechos humanos porque veníamos de violaciones sistemáticas de derechos humanos”, explicó Gómez.

Si bien la constitución de 1991 es extensa en su carta de derechos, justo cuando se conmemoran 30 años de la promulgación de esta, Colombia vive un estallido social desde el pasado 28 de abril que inició como protesta al proyecto de reforma tributaria, pero a medida que avanzaron las jornadas de movilización, tomó más fuerza la exigencia al gobierno del cumplimiento de esos derechos estipulados en la constitución y la búsqueda de una igualdad social ya que según cifras del DANE, el 42% de los colombianos viven en condición de pobreza y el índice de desigualdad en Colombia es de los más altos del mundo.

Dicha constitución fue producto de una gran movilización social que se materializó en el movimiento de la Séptima papeleta, donde en las elecciones del 11 de marzo de 1990, se votaba por senadores, representantes a la cámara, diputados, concejales, alcaldes y el candidato presidencial del Partido Liberal. La séptima papeleta consultaba a los votantes si estaban de acuerdo o no con la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente. Debido al resultado a favor de la constituyente, poco tiempo después el presidente Virgilio Barco decretó un estado de sitio para llevar a cabo un plebiscito constitucional en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de ese año.

Gabriel Ignacio Gómez aseguró que esta “fue una constituyente muy plural, muy representativa en la diversidad y la participación del M-19 le dio cabida a muchas voces diferentes. Fue un proceso muy valioso y esperanzador”. La Asamblea Nacional Constituyente estuvo conformada por 70 miembros de diversas corrientes políticas que comprendieron movimientos indígenas, cristianos, miembros de la Unión Patriótica, del Movimiento de Salvación Nacional, del partido Liberal, del partido Conservador y de la Alianza Democrática M-19.

Gómez aseguró que desde finales de los ochenta diferentes fuerzas democráticas venían pidiendo una Asamblea Nacional Constituyente, pero justo después del magnicidio el precandidato liberal Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989, los estudiantes comenzaron a marchar y pensar qué a hacer para cambiar el norte del país.  Así pues, la idea de la constituyente tomó más fuerza pues era una idea que incluso se había comentado en los procesos de paz con el M-19 y el EPL.

Pero Gómez aclara que no fue solo la reacción al asesinato de Galán, “sino a todo el ambiente de destrucción, de muerte y desligtimidad del sistema político e institucional. Entonces son los estudiantes quienes comienzan a converger en la necesidad de un movimiento constituyente”, concluye.

La constitución de 1991 fue un gran avance en términos de garantías de participación, inclusión y respeto por la individualidad, una constitución humanista que se diferencia totalmente, en su sentido, de la constitución previa, aunque el cambio no ha logrado darle las herramientas necesarias para que los ciudadanos vivan en igualdad y sin la violencia estructural que predomina en el país.

21/05/2021

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Espíritu Crítico y Compromiso Social
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