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Comunicado a la opinión pública - IEP UdeA

Comunicado a la Opinión Pública

Claustro de Profesores del Instituto de Estudios Políticos

Medellín, 6 de mayo de 2021

 

Hace una semana se presentan en Colombia manifestaciones diarias a causa de una propuesta de reforma tributaria lanzada por el ministro de Hacienda. Tras siete días de movilización se registran muertos, mujeres víctimas de violencia sexual, así como centenares de heridos y detenidos. La propuesta de reforma ha sido retirada mientras se debate una nueva sin presencia de la oposición; los reclamos de los manifestantes crecen a medida que aumentan los abusos de la fuerza pública.

Tenemos profunda empatía con aquellos sectores que han sido excluidos del bienestar económico, social y cultural. Sabemos de la importancia de las garantías para la movilización social y la protesta en un Estado de Derecho. No dudamos en manifestar nuestra solidaridad con las familias de cada una de las personas que han perdido la vida en estas jornadas de protesta. Entendemos la rabia y la tristeza de todos aquellos que han sentido vulnerados sus derechos en el marco de la movilización. Nos preocupa la deriva autoritaria del Gobierno nacional y la arbitrariedad en el uso de la violencia legítima por parte de la fuerza pública. Reclamamos el pronunciamiento y acción de los organismos de control y de aquellos poderes que hacen peso y contrapeso al Poder Ejecutivo. Reiteramos nuestra convicción sobre los riesgos que supone el ejercicio de la violencia y, en concordancia con esto, reafirmamos nuestro compromiso con los procesos de transición hacia la paz.

El Claustro de Profesores identifica en la acción del Gobierno los trazos de un largo y progresivo proceso de deterioro de la institucionalidad en Colombia, lo que limita las posibilidades de los agentes para impulsar alternativas de solución, así como estrategias para dar respuesta a las reivindicaciones expuestas por los y las manifestantes.

Esta gradual captura horizontal de las instituciones del Estado por parte del Poder Ejecutivo ha sido advertida y denunciada en los últimos años por la opinión pública y se notan sus efectos perversos en las actuales circunstancias. Es así como la concentración de poder en la figura del presidente de la República y en su círculo más cercano dentro y fuera del Gobierno, se expresa entre otras, en el control que ejerce sobre la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público (Procuraduría y Defensoría del Pueblo), por lo que resulta preocupante el papel de este último en la inspección de las actuaciones de la fuerza pública —uno de los reclamos más sentidos— y el acompañamiento a las denuncias de la ciudadanía sobre casos de vulneraciones a los derechos de los manifestantes. Completa este desbalance la debilidad histórica del Congreso de la República y de las élites nacionales que han sido mezquinas e inferiores a su deber constitucional de formar la voluntad política requerida para adelantar las reformas estructurales que requiere el país (agraria, tributaria y sobre política de drogas por decir tres gruesos ejemplos).

La actuación de la fuerza pública integra otro factor de análisis que es central, ultrasensible y dependiente de la percepción de la ciudadanía ya que ambas interactúan permanentemente y con especial tensión en el marco de las protestas —y no solo de las actuales—. El lamentable costo que hace ambivalentes los resultados de la lucha social que experimenta actualmente el país tiene que ver precisamente con las violencias allí desatadas. Como se ha visto en los últimos días, el mandato de “asistencia militar” a la Policía para el control del orden público en algunas ciudades manifiesta una tendencia aún no superada de tratamiento guerrerista del conflicto con sectores de la sociedad civil, contradiciendo el proyecto transicional que derivó del Acuerdo Final de 2016. Muchas de las decisiones del Gobierno en medio de las protestas responden a las lógicas de un país en guerra, y no a los espacios de la transacción política y de cambio institucional que supone la transición hacia la paz.

La indignación de muchos por cuenta de estos abusos ha coincidido en buena hora con un contundente rechazo de la comunidad internacional a los excesos de la fuerza pública, contrastado con la pasividad del Estado y de la misma institución policial para adelantar las investigaciones internas tendientes a establecer responsabilidades y sanciones ejemplarizantes. Pero la Policía no es un actor político autónomo; su dependencia de las élites civiles la convierte en un instrumento del status quo, por lo que una eventual reforma policial que organizaciones civiles vienen demandando con más empeño en el último bienio, deberá establecer también escrupulosamente las condiciones en las que cabría imputar responsabilidad de las autoridades civiles en los casos de la extralimitación de funciones de la fuerza pública, especialmente de la Policía.

El Claustro de Profesores llama igualmente la atención sobre el uso privado de armas por parte de algunos ciudadanos para repeler, contener y enfrentar algunas de las manifestaciones violentas de la protesta y, fundamentalmente, expresa su preocupación con la permisibilidad, inacción o complicidad de agentes del Estado con este tipo de reacciones. Ante la negligencia de un gobierno que, en el mejor de los casos, se hace el de la vista gorda, esos eventos evidencian esa gran anomalía colombiana de la privatización permanente de la seguridad, es decir, la apropiación o delegación en civiles de la función policial y la privatización del uso legítimo de la violencia.

La historia colombiana muestra el caudal de violencia homicida que estas prácticas han generado contra sectores subordinados y grupos de oposición, y los ciclos de destrucción y venganza que a ellas subyacen. En tal sentido, el Claustro es enfático en señalar que la acción de civiles disparando contra otros ciudadanos es absolutamente peligrosa, así como las acciones de oportunistas, radicales y agentes oficiales que tienen la convicción de mantener instalada la violencia en la sociedad para realizar sus intereses privados, a costa de las posibilidades de construcción de un futuro posible en el que se excluya esa violencia del trámite de diferencias y conflictos.     

No obstante, el Claustro destaca la masiva movilización de una ciudadanía con profundos deseos de cambio y la potencia creativa de la protesta que en la voz de múltiples actores manifiesta su inconformidad, malestar, e indignación. La ira que en los eslogan se ha equiparado con la dignidad no obedece a pasiones desmedidas e irracionales; lleva décadas alimentándose de experiencias de injusticia, desigualdad y precariedad que se nutren de pensamientos y preguntas que disputan otras moralidades, otros proyectos de sociedad, otras racionalidades, y que invitan a proveerse de razones legítimas para la movilización social. 

En los eventos de esta semana se hace visible una sociedad que interpreta el escenario transicional con discursos creativos y renovados de la política.  Pese a lo agobiantes y abrumadores que han sido los últimos días y noches, vale la pena llamar la atención sobre esta ciudadanía pensante, crítica, con cada vez mayor capacidad de discurso e incidencia en la política nacional. Las y los jóvenes, protagonistas en las protestas, son también hoy las principales víctimas; les rodeamos, acompañamos y extendemos nuestra solidaridad, y reiteramos nuestro llamado al diálogo como oportunidad de ampliación de la democracia en un país en un contexto transicional.

 

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