Instituto de Estudios Políticos
Claustro de profesoras y profesores

COMUNICADO

Sobre las Violencias Basadas en Género en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Ciudad Universitaria, 16 de agosto de 2022
 

Las manifestaciones directas, los espacios asamblearios y deliberativos abiertos por las estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política para denunciar las violencias basadas en  género –VBG-, son actos profundamente políticos que expresan un cansancio, un malestar y, por supuesto, un dolor acumulado por décadas que las nuevas generaciones de estudiantes no están dispuestas a seguir cargando como un lastre, como parte del paisaje, como un sino trágico del relacionamiento cotidiano impuesto por algunos docentes y estudiantes. Y es un conflicto político, justamente, porque lo que estos actos expresan y la intensidad que han adquirido, cuestionan los cimientos mismos de este ámbito de convivencia universitaria. 

Estas mujeres jóvenes y disidentes sexuales de la Facultad tuvieron la valentía de “empezar algo nuevo”, de salir al espacio público universitario y poner en duda, para ellas y para todos y todas, si algunas formas de relacionamiento en el aula de clase, en los pasillos universitarios, en las cafeterías, en las oficinas, en las salidas pedagógicas, en el espacio virtual, o por fuera del campus se corresponden con la posibilidad de vivir una vida digna, libre de violencias físicas y simbólicas. Con estos actos se han hecho oír, se han dejado ver y, por supuesto, han generado consensos y críticas a sus denuncias, reclamos y exigencias de transformación; y, lo que también es seguro, es que han desatado una senda de actuación conjunta para que estudiantes, profesores y personal administrativo nos sentemos a hablar de esa universidad realmente existente que encarna lo bello, lo sublime, lo creativo, lo humano, la libertad; pero también, la maldad, el dolor, la coacción y la violencia. Porque en eso radica la complejidad de lo humano.

Los mecanismos, instancias y formas institucionales son fundamentales para tramitar este conflicto político; pero es claro que, en esta Universidad, los mecanismos institucionales se han mostrado insuficientes o precarios para atender un problema anudado y encarnado en la cultura, en los mandatos del género, en las pautas de comportamiento y en las prácticas cotidianas. Esto hace más difícil la tarea de develarlo o desanudarlo para encontrar caminos asertivos de atención y protección; para hallar dispositivos sancionatorios hacia quienes acuden a estas prácticas dañosas y persisten en ellas; así como para generar la reflexividad colectiva en una comunidad universitaria a la que le urge confrontar y desnaturalizar esas formas de ejercer violencia y autoridad que debilitan y degradan la existencia de quienes se atreven a denunciar, y rompen con la confianza de todas aquellas personas que habitamos este espacio común de conocimiento y creación. La universidad fracasa cuando no es capaz de proteger a sus estudiantes y fallamos como comunidad política cuando grupos armados toman la vocería para solucionar nuestros conflictos políticos. 

Los hechos ocurridos el 5 de agosto en la FDCP y las reflexiones derivadas de ellos nos invitan a estar a la altura del momento para hacer que este acontecimiento se traduzca en la capacidad de construir un orden de cosas distinto, unas reglas, unos procedimientos acordados intersubjetivamente para sanar el dolor causado y que, simultáneamente, transformen lo que hemos hecho por costumbre en las interacciones cotidianas: naturalizar, ridiculizar, rutinizar, evadir, justificar, negar y hasta encubrir este tipo de violencias. Solo así podremos empezar a materializar aquello del nunca más violencias en razón del género. Se trata de generar las condiciones de lo posible:  construir una Universidad, una Facultad, un Instituto, unas aulas seguras y libres de violencias.

Como profesores y profesoras del Instituto de Estudios Políticos, nos comprometemos: a no dudar de los testimonios de las víctimas; a reconocer y respetar el debido proceso; a generar espacios de diálogo y reflexión; a revisar críticamente y afrontar las situaciones que nos involucran en los casos de VBG; a prevenir y alertar comportamientos ofensivos, sexistas, violentos hacia y entre estudiantes, así como entre colegas; a buscar el acompañamiento de unidades, dependencias académicas, colectivos y personas que tienen trayectorias, aprendizajes y experticias en la comprensión y tratamiento de estos asuntos.

Nos comprometemos también a participar activamente en los espacios de discusión que propicie la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y la Universidad en la construcción de la ruta de atención a las VBG y de la política de equidad de género,  para que entre todos y todas evitemos que en ellas se reencarnen dominaciones arbitrarias, conductas humillantes e injusticias en razón del género y las disidencias sexuales; a que las teorías políticas feministas, afrofeministas, los feminismos indígenas, así como los enfoques decoloniales, la interculturalidad, la interseccionalidad y los estudios sobre disidencias sexuales y de género, entren con decisión en los procesos formativos curriculares, extracurriculares y en la agenda investigativa.

Finalmente, nos comprometemos a aportar elementos de análisis político en los escenarios de gobiernos universitario en los que participamos, con el fin de que la equidad de género transversalice los procesos macro, meso y microcurriculares, y las violencias basadas en género sean incluidas en el Régimen disciplinario como falta grave. 

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8 de junio de 2022

Comunicado

El equipo docente y administrativo del Instituto de Estudios Políticos expresa su solidaridad con la docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que ha recibido amenazas a su vida e integridad personal y se une al rechazo categórico comunicado por el Consejo de la misma Facultad frente a las intimidaciones recibidas.

Tenemos la convicción de que una de las principales tareas que nos convoca como miembros de una comunidad académica es promover la reflexividad, pero esta solo tiene sentido si se realiza en condiciones de libertad y respeto por la diferencia; de suerte que este tipo de actos intimidatorios ejercidos por poderes arbitrarios contra la persona de la maestra y, por extensión, contra el ejercicio de la función profesoral, contrarían lo que como comunidad universitaria hemos acordado defender: la libertad, la inclusión y el reconocimiento de la pluralidad, que tienen como propósito servir al cultivo del pensamiento crítico, el diálogo constructivo, la convivencia y la paz.