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Academia Sociedad

Lo que espera del próximo presidente la universidad pública

24/05/2022
Por: Carlos Olimpo Restrepo S. - Periodista

Son temas clave para la educación superior y para el desarrollo del país, para avanzar en equidad, para el cierre de brechas, para mejorar en el campo  competitivo y para lograr un mayor bienestar y formación de alta calidad para cualquier persona. El rector de la UdeA, el presidente del SUE y el representante profesoral ante el Cesu plantean algunas propuestas.


Las instituciones de educación superior públicas dependen de los recursos del Gobierno Nacional para garantizar su funcionamiento y, por eso, una de las solicitudes más habituales es la garantía de la financiación de sus actividades. Foto: Alejandra Uribe - Dirección de Comunicaciones 

En tiempo de campañas, con miras a buscar el próximo presidente de la República, es habitual que desde diferentes sectores surjan propuestas o se retomen algunas de años anteriores, con el fin de que los aspirantes las tengan en cuenta como prioridades dentro de sus programas de gobierno

A comienzos de marzo pasado, el Consejo Académico de la UdeA presentó el documento Agenda para el debate: prioridades en educación superior de Colombia para los próximos cuatro años, el cual recoge cuatro temas que considera claves para que desarrollen el presidente y el Congreso del periodo 2022-2026 en beneficio de la educación superior y de la sociedad colombiana. 

En este sentido, la educación superior pública se ha convertido en un actor destacado a lo largo de las décadas y, por eso, desde Alma Mater nos dimos a la tarea de buscar personas representativas que planteen propuestas para atender a este importante sector del país, destinadas a quienes buscan dirigirlo durante el cuatrienio 2022-2026

 

Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba, presidente del Sistema Universitario Estatal —SUE—. 

Financiación: Desde el SUE hemos tomado la iniciativa de presentarle al país y a la sociedad la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que es la que rige la educación superior en Colombia. El artículo 86 establece que el indicador de transferencia de los recursos de la nación año por año a las universidades es el IPC, y nosotros desde el Sistema Universitario Estatal hemos demostrado que el crecimiento año a año de las universidades ha estado cinco puntos por encima del IPC, lo que se ha traducido en un déficit estructural que ha hecho prácticamente inviable a la universidad pública en cuanto a poder responder en su tarea misional de investigación y extensión. Esta es una responsabilidad que queda para el próximo Gobierno junto con el próximo Congreso de la República, que deberá tramitar esa reforma. Esperamos que sea una realidad antes de finalizar el 2022. 

Cobertura: Hoy, en Colombia, el 50 % de los jóvenes aptos para ingresar al sistema de educación superior no tiene acceso y eso se profundiza en las regiones. Si tenemos en cuenta que más del 55 % de la oferta académica universitaria está concentrada en cuatro ciudades en el centro del país, eso profundiza la brecha social y la inequidad. Un tema prioritario del próximo Gobierno será hacer posible la masificación y la democratización en cuanto al acceso a la universidad, para que la educación sea realmente un derecho fundamental y no un privilegio. 

Ciencia y educación como eje del desarrollo del país: Que esto no sea una simple narrativa o un discurso subjetivo, sino que realmente le responda al país, que tiene todas las potencialidades y ventajas comparativas para ser próspero, desarrollado, moderno; lo que no es posible sin ciencia y educación. Por eso estas deben ser el eje sobre el cual graviten las políticas del próximo Gobierno, para que Colombia pueda revindicar este derecho fundamental que ha sido postergado por décadas y que hoy más que nunca se hace imperioso e inaplazable

 

John Jairo Arboleda Céspedes, rector de la Universidad de Antioquia

Financiación: Este Gobierno entregó recursos muy importantes de base presupuestal, unos incrementos porcentuales adicionales al IPC que nos han permitido fortalecer la institucionalidad de la universidad pública y mantenerla en servicio para la sociedad. Lo importante es convertir esto, que es una política de gobierno, en una política de Estado, lo cual requiere una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Esta va a ser una tarea que vamos a llevar al próximo Gobierno y al Congreso de la República. Es un tema fundamental y por eso existe la propuesta que le apunta a solucionar esa situación o por lo menos a mantener esos recursos que nos permitan mantener viva y vigente la educación. 

A esto se suma la matrícula cero. Se ha dicho que esta beneficia financieramente a las instituciones —reconocemos el esfuerzo que hizo este Gobierno en ese sentido—, pero eso no significa que estas vayan a recibir recursos adicionales. Esa carga no queda para los estudiantes y sus familias, pero preocupa que en la Ley de Inversión Social no se establecen con claridad los montos que deben asumir el Estado y las universidades. Esto es algo que también debe convertirse en una política de Estado. 

Ciencia, tecnología e innovación: La financiación de este campo no solo preocupa a las instituciones de educación superior públicas, sino también a las privadas; estamos muy abajo en el mundo, incluso en Latinoamérica y el Caribe estamos por debajo del promedio, con porcentaje de inversión muy bajo —0.28 del PIB, según el documento Conpes aprobado—. Tenemos que hacer grandes esfuerzos en este campo y eso requiere grandes recursos para la formación del talento humano, pues hay un enorme déficit en el número de doctores —Ph. D.— por cada 100 000 habitantes, y a todos esos indicadores habrá que apostarles para darle respuestas a las recomendaciones que hace la Misión Internacional de Sabios, por lo que será necesario fortalecer el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Sistema educativo: Articular las distintas divisiones para asuntos administrativos que se han estructurado a lo largo de los años —educación básica, media, superior, educación para el trabajo— y convertirlas en un solo sistema educativo que contemple los distintos niveles, junte y haga responsable a toda la institucionalidad de lo que es la educación en el país. Se ha hecho un gran esfuerzo en términos de cobertura y son necesarios muchos esfuerzos adicionales para avanzar en calidad. Sabemos que este Gobierno va a dejar asignados unos recursos de la banca internacional para que haya una participación de las universidades acreditadas, públicas y privadas, para acompañar esos procesos de formación y calidad en la educación precedente. Esta es una buena señal que debe ser discutida y analizada y ojalá se vuelva un programa del próximo Gobierno. 

La investigación en las universidades públicas es uno de los aspectos que más requiere de la financiación estatal. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA/Alejandra Uribe

Luis Orlando Aguirre Rodríguez, representante profesoral ante el Consejo Nacional de Educación Superior —Cesu— 

Sistema de educación superior: Se debe garantizar la sostenibilidad del Sistema de Educación Superior, no solo del público, mediante un sistema que tenga en cuenta la formación precedente al ingreso a la universidad. Este debe, junto con la educación básica infantil y la media, constituir el gran sistema de educación, es decir, una armonización entre el Sistema de Educación Superior y su precedente. Para ello la sostenibilidad financiera es muy importante, porque implica desarrollar programas sociales en beneficio de todos los niveles, así como un reconocimiento a la dignidad de la actividad profesoral, para que la educación básica infantil y la básica media cuenten con profesores de alto nivel y competencias muy desarrolladas. 

Cobertura de la educación superior: Impulsar la creación de un sistema nuevo, tipo Icetex, pero con claras diferencias con el actual, que cubra también la educación rural de calidad que incluya tecnología, infraestructura. Para esto se deben formar profesores que construyan un Sistema de Educación Superior rural desde el campo y para el campo. Se comprobó que el campo nos permitió llevar de la mejor manera posible los efectos de la pandemia y hoy vemos el impacto que hay sobre algunos de los elementos que se utilizan para la producción agrícola. 

Cambiar el concepto de investigación y de gobernanza: Las universidades públicas manejan recursos públicos, es decir, que son de todos, y por eso deben responderle a todos. Entonces se debe pensar en que las instituciones de educación superior tengan unos indicadores de retorno social, mediante los cuales quede claro qué es lo que se está haciendo y cuál o cuáles son los impactos que esto produce en la sociedad, tanto de las actividades de docencia como de investigación. Desde ese punto de vista debe considerarse la formación de los profesores, que se adapten a un modelo híbrido presencial-remoto, teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje, el impacto de todos los modelos que tiene la universidad en la transformación de la sociedad, una mucho más justa y equitativa, de tal manera que no se apunte a una cultura de la competencia sino a una cultura de la colaboración para construir una sociedad mejor para todos. 

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