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No habrá paz donde se perpetúa la desigualdad

La estructura tributaria en Colombia podría ser uno de los grandes obstáculos para la paz: esa es una de las conclusiones de Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia en el encuentro “Perspectivas de planeación, desarrollo y paz con enfoque territorial a partir de escenario de desigualdad social”, auspiciado por la Universidad de Antioquia.

El pasado miércoles 7 de diciembre, la Unidad Especial de Paz, la Facultad de Ciencias Económicas y la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia, convocaron el encuentro académico “Perspectivas de planeación, desarrollo y paz con enfoque territorial a partir de escenario de desigualdad social”, el cual contó con la participación de más de 30 profesores y estudiantes y tuvo lugar en el edificio de Extensión. 

Algunos de los objetivos del evento fueron incentivar el debate alrededor de la actualidad y el futuro de la economía del país entre los miembros de la comunidad académica, y potenciar el papel que como universitarios pueden ejercer para transformar la sociedad, en beneficio de la equidad, la igualdad y la construcción de paz.

Por eso mismo fue importante la participación de los economistas Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, dos académicos que han colaborado a lo largo de los últimos años en diversas investigaciones acerca de la estructura tributaria y la desigualdad en Colombia. 

Precisamente de estas investigaciones hablaron Garay y Espitia, publicaciones que apuntan a una serie de preocupantes conclusiones, entre las que mencionan que: La estructura tributaria en Colombia podría ser uno de los grandes obstáculos para la paz.

Una de las razones detrás de esto es que la tributación, lejos de reducir la desigualdad, la perpetúa y la profundiza.
En entrevista con la Unidad Especial de Paz, Garay explicó que, por sí mismas, las desigualdades en el país han provocado que históricamente haya una población que “no tiene las condiciones materiales para poder ejercer el papel de ciudadanía”, una población que se encuentra en exclusión social, que se siente abandonada.

Esto a la larga ha llevado a una deslegitimación de las instituciones, a la pérdida de confianza en estas, y finalmente, “a una conflictividad no necesariamente violenta, una de no acatamiento de normas de juego, de indisciplina social, ante la falta de oportunidades y la no perspectiva de inclusión en la sociedad”.

Si bien a lo largo de la década pasada se había anunciado progresos en la reducción del número de personas que viven en condición de pobreza y de vulnerabilidad (que viven con menos de 11 mil y 24 mil pesos al día, respectivamente, según el Dane), Garay y Espitia calcularon que tras la cuarentena el porcentaje que vivía en pobreza o en vulnerabilidad pasó del 67% en el 2019 a más del 80% en el 2022. En otras palabras, actualmente hay una gran población que vive con mucho menos del salario mínimo.

De acuerdo con Garay, en cuestión de meses se dio un retroceso de más de 20 años. “¿Qué tan perdurable, qué tan sostenible, qué tan profunda era esa reducción de la pobreza?”, se preguntaba.

La actual estructura tributaria podría estar agravando esta problemática todavía más.
“Las distorsiones que hay en el sistema son tan profundas”, sentenció Garay, “que ir hacia una estructura tributaria de un verdadero estado social de derecho que redistribuya el ingreso, implica un proceso estructural muy complejo que no se puede hacer con una reforma tributaria”.

Una de estas distorsiones es el sesgo a favor de los más ricos, y de ciertos sectores económicos, como el financiero.
En el caso del  5%, el 1%, y el 0.1% de los hogares más ricos del país, este sesgo se traduce en beneficios tributarios que los eximen de pagar ciertos impuestos, a la par que obtienen descuentos y reducciones a sus cargas tributarias. Como resultado, los hogares más ricos no pagarían más impuestos que los hogares de clase media colombianos.

Algo similar ocurre en el sector empresarial. Si bien durante años se ha generado críticas con respecto a lo alto que es su carga tributaria, en realidad las empresas no pagarían más del 5% en promedio gracias a los beneficios de los que gozan ciertos sectores, un porcentaje ínfimo con respecto al 35% que en teoría todas ellas deberían pagar.

De acuerdo con los académicos, estos favorecimientos le costarían al Estado el 3.5% del PIB (1% de los más ricos, y 2.5% por parte de las empresas), o lo que es lo mismo, aproximadamente unos 41 billones de pesos teniendo como base la cifra reportada por el Dane en el 2021.

En contraste, según las investigaciones de Garay y Espitia, buena parte del peso de la tributación se enfoca en los ingresos laborales, de los cuales dependerían la mayoría de los trabajadores en Colombia teniendo en cuenta que, según el Dane, alrededor del 80% de la población ocupada en Colombia gana menos de dos salarios mínimos.

Garay señaló que cuando la pobreza y la desigualdad se dan en un sistema que no es justo y meritocrático, sino uno dentro del cual pesan más ciertos intereses particulares respaldados por influencias ajenas al Estado, en este caso, grupos económicos y gremios empresariales, se crean las bases y se incentiva la “ilicitud e ilegalidad, no solo de los pobres y desiguales, sino de todo el sistema en su conjunto”.

“Entonces ante esa conflictividad sistémica, porque está en las raíces de la estructuración de la sociedad, se hace muy complejo la construcción de una sociedad con condiciones para todos”, concluyó.

 

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