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Por Miguel Ángel González T. - Proyecto Ciudades Sin Borde

Barranquilla - Distrito Especial

¡Haz clic en los puntos del mapa para conocer los testimonios de este recorrido así como las 5 localidades de Barranquilla!

En los barrios de Barranquilla habita una diversidad cultural en constante crecimiento que esconde una realidad invisible pero apremiante: las personas venezolanas, así como las personas residentes colombianas que viven en las zonas vulnerables, enfrentan obstáculos significativos para acceder a servicios públicos básicos.

Esta urbe colombiana está conformada por cinco localidades: Norte Centro Histórico, Suroriente, Metropolitana, Suroccidente y Riomar. A lo largo de estas zonas se revelan desafíos relacionados con el acceso a servicios públicos esenciales como la electricidad, el gas doméstico, el transporte público, el agua potable, la telefonía, el Internet y el alcantarillado; siendo afectadas especialmente las comunidades que de Venezuela han llegado a Colombia y sus comunidades de acogida.

Para mapear esta problemática, recorrimos las cinco localidades de Barranquilla y esto fue lo que encontramos:

Lo que dicen los reportes

Para el año 2008, en el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, se reportaron cifras positivas en Barranquilla sobre el acceso a servicios públicos básicos: 98 % de cobertura en acueducto, 99 % en alcantarillado, 100 % en gas natural y 100 % en energía eléctrica. 

Por otro lado, el censo de personas refugiadas y migrantes venezolanas en la capital del departamento del Atlántico alcanzó alrededor de un octavo de la población total, reportando una cifra de 149 165 personas de acuerdo con los datos del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos -GIFFM- Caribe para febrero de 2023. Esta realidad, de una nueva comunidad que llega a la ciudad con sus desafíos y potencialidades, se suma a la que venían viviendo las personas que integran su comunidad de acogida, panorama que lleva a Barranquilla a enfrentar nuevos retos en materia de acceso a servicios públicos.

[ACCEDE AQUÍ AL INFORME COMPLETO DEL GIFFM]

Prueba de esto es la diferencia entre el estado presentado en 2008 por el DANE y las conclusiones del informe realizado en enero de 2022 por el Centro de Migración Mixta y el Mayors Migration Council (MMC²) en Barranquilla, como parte de un piloto del proyecto 4Mi Citie, donde se reveló que el acceso a los servicios públicos es inadecuado. 

Dentro de los datos a destacar del informe se encuentra que solo el 66 % de las personas encuestadas tenía acceso adecuado al agua y el 54 % de ellas tenía acceso a un baño privado en su hogar. Si bien el 96 % de las personas encuestadas indicó tener acceso a la electricidad, datos cualitativos adicionales indican que dicho acceso puede no ser legal, ya que la conexión a la red eléctrica de manera artesanal y sin pagar por el servicio es común en estos asentamientos.

El informe del MMC también destaca que las estrategias de los hogares para hacer frente a la falta de recursos financieros incluyen reducir las porciones de alimentos para todos los miembros del hogar (69 %), pedir dinero prestado (61 %), priorizar la seguridad alimentaria para los miembros más vulnerables de la familia (52 %) y reducir otros gastos como servicios públicos, ropa y alquiler (50 %).

De otro lado, según una fuente consultada por el proyecto Ciudades Sin Borde en la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Barranquilla, la población venezolana ha logrado acercarse y convivir con sus comunidades de acogida: la ciudad está atravesada por la experiencia de la inmigración, y esto ha posibilitado que se compartan la cultura, las costumbres y la idiosincrasia. A su vez, estas oportunidades de integración y enriquecimiento están atravesadas por las condiciones de desigualdad que son comunes a la población: se resalta que una porción importante de quienes habitan en Barranquilla, especialmente donde hay mayor asentamiento de personas venezolanas, enfrenta situaciones como la falta de pavimentación de calles, la falta de acueducto o alcantarillado, el generalizado acceso a la electricidad mediante conexiones ilegales, el acceso algunas veces limitado al servicio de gas, las limitaciones para gozar del servicio de agua, y el poco saneamiento y aseo que conlleva altos riesgos para la salud y para el incremento de enfermedades como el dengue.

Los datos tienen nombres y apellidos

¿Qué sienten y viven las comunidades cada día frente a la imposibilidad de tomar un vaso de agua limpia o encender una luz en su hogar? ¿Cómo afecta esta situación sus derechos y su posibilidad de desarrollar proyectos de vida dignos? En la búsqueda por activar la reflexión y la acción colectiva desde el reconocimiento de esta realidad, nos embarcamos en un recorrido guiado por personas que en sus territorios, desde sus roles como ediles, lideresas comunitarias y líderes de organizaciones, y por supuesto, como residentes de las cinco localidades de Barranquilla, hacen ingentes esfuerzos para resolver sus necesidades de acceso a los servicios públicos y trabajar por el desarrollo integral de su colectividad.

Los testimonios que nos compartieron estructuran, como piezas de un rompecabezas, un panorama fiel sobre las limitantes para disfrutar de los servicios públicos en la ciudad, y sobre las acciones llevadas a cabo por la ciudadanía para afrontar esta realidad.

Las voces de quienes a continuación presentamos nos llevan a reconocer la lucha y la capacidad de resiliencia de las personas que han compartido su experiencia para hacer visible una problemática que, por cotidiana, ha terminado volviéndose paisaje a los ojos de la ciudad.

Una lideresa que busca opciones

Mariana Hernández tiene 48 años. Es oriunda del estado Zulia, y desde que cruzó la frontera entre Venezuela y Colombia en el 2018 con sus dos hijos menores –de los cinco que tiene–, reside en el asentamiento Isla de Lomas, ubicado en la localidad Norte Centro Histórico de la capital del Atlántico.

Ella se gana la vida brindando refuerzos académicos a niños y niñas. También es recicladora, vende hilo, y ha alcanzado un destacado rol como lideresa comunitaria, siendo un referente clave en la organización y empoderamiento de quienes habitan la comunidad. Allí, Mariana ha logrado registrar 513 viviendas habitadas entre población colombiana y venezolana, siendo el 70 % habitadas por personas de Venezuela, quienes viven del reciclaje y padecen situaciones complejas por la irregularidad de los servicios públicos.

“Por ser invasión es muy difícil que algún gobierno o alcaldía invierta acá en estos predios. Los migrantes venezolanos accedimos a vivir aquí porque es menos costoso que en la ciudad”, explica la lideresa comunitaria con seguridad y consciencia sobre los riesgos que sufren a diario.

En relación con el suministro de electricidad, en el sector cuentan con un transformador que surte de energía a la comunidad, y frente a la falta de acceso a gas doméstico la alternativa que aseguran tener es “comprar el cilindro, que es bastante costoso; y aquellos que no puedan, cocinamos a leña”. “Tenemos que esperar que lleguen los camiones con la leña, seleccionarla, hacer un pequeño fogón, lo encendemos y empezamos el procedimiento de cocina. Es una alternativa muy grande porque me estoy ahorrando el costo del cilindro y es más rápido, pero también contribuyo a la contaminación ambiental porque afecta a los vecinos y a mi salud también”, añade con preocupación Mariana Hernández.

[CONOCE AQUÍ EL TESTIMONIO COMPLETO DE MARIANA HERNÁNDEZ]

El agua se va hasta dos o tres veces por semana  

En el asentamiento de Barlovento logran tener el suministro de agua a través de mangueras debido a la falta de acceso a este servicio, que también reclaman en la localidad Metropolitana: “Tengo que almacenar en ollas el agua. Hasta dos y tres veces se va a la semana. Me mudé para acá pensando que no iba a tener este problema”, indica Dionelys Carrasquero, habitante de origen venezolano, quien tiene cinco años de haber llegado, procedente de la ciudad de Valencia.

[CONOCE AQUÍ EL TESTIMONIO COMPLETO DE DIONELYS CARRASQUERO]

La electricidad funciona fraudulenta, irregular y costosa

El edil de la localidad del Suroriente, Juan Gamero, revela que barrios como San Roque, Rebolo, La Luz, La Chinita y El Ferry son sectores donde está concentrada la mayor cantidad de población venezolana. En algunas comunidades cuentan con todos los servicios, pero los que bordean la franja del río Magdalena tienen zonas inundables en las que el uso de los servicios de electricidad y de agua se hace de forma fraudulenta. A esto se suma que las operadoras de telefonía e Internet tampoco han podido brindar el servicio por las dificultades para instalar las redes, en ocasiones porque son asentamientos que no son aptos para habitarlos, y por otro lado, por temas de inseguridad que nos les permiten el acceso a las comunidades.

[CONOCE AQUÍ EL TESTIMONIO COMPLETO DE JUAN GAMERO]

“Aquí funcionan todos los servicios, pero el de la luz es muy irregular, se va hasta dos veces a la semana, y con el calor que hace aquí es insoportable”, señala Luisa Ferrer, venezolana residente del barrio Rebolo; por su parte, los colombianos Adolfo Torres, habitante del barrio Carlos Meisel en el Suroccidente, y Mónica Garzón de Villa del Mar, de Riomar, coinciden en que el sistema eléctrico es irregular y costoso.

[CONOCE AQUÍ EL TESTIMONIO COMPLETO DE LUISA FERRER]

[CONOCE AQUÍ EL TESTIMONIO COMPLETO DE ADOLFO TORRES]

Whitman Percy, edil de la localidad del Suroccidente, asegura que hay grandes desafíos en cuanto a acceso a agua, gas y alcantarillado que enfrentan las comunidades de Los Ángeles, La Pradera, La Paz, Los Olivos, El Bosque, Cuchilla de Villate, La Esmeralda y Pinar del Río, entre otros.

[CONOCE AQUÍ EL TESTIMONIO COMPLETO DE WHITMAN PERCY]

El transporte público: en dos ruedas o en dos pies

En cuanto al transporte público, existen zonas vulnerables y peligrosas a las cuales no ingresan las rutas de autobuses, en algunos casos debido al riesgo por inseguridad y, en otros, por el mal estado de las vías, lo que reduce las posibilidades al uso de mototaxis, bicicoches, motocarros o taxis. Y si no existe disponibilidad de estas alternativas, los residentes saben que les toca caminar.

Otra descripción que ilustra los retos de este recorrido por las localidades de Barranquilla es la brindada por Yeraldín Torres, oriunda de Venezuela, quien explica que cada vez que se va al trabajo sale de su casa caminando hasta la avenida principal de Villa del Mar, ya que las calles están intransitables; esto les impide a los mototaxistas la prestación del servicio de transporte hacia y desde esas zonas de la ciudad.

[CONOCE AQUÍ EL TESTIMONIO COMPLETO DE YERALDÍN TORRES]

Aunque las autoridades locales prometieron, en el año 2022, que en este 2023 implementarían el Sibus (sistema inteligente para transporte en Barranquilla y su área metropolitana), que generaría un impacto positivo en la vida de al menos 700 000 ciudadanos que se desplazan diariamente para llegar a sus trabajos, hogares, centros de estudio y otros destinos, hasta la fecha de publicación de este informe periodístico las obras no han iniciando. Sin embargo, la nueva modalidad de transporte fluvial Río-Bus ya inició sus labores, y se espera que pueda incluir soluciones a la movilidad de las personas que viven en la franja costera del río Magdalena.

“El Río-Bus es una embarcación fabricada en acero para asegurar su resistencia, especialmente diseñada para adaptarse a las condiciones del río. Tiene una capacidad mínima para llevar a 60 pasajeros, incluyendo personas con movilidad reducida. Su altura máxima alcanza los 4.5 metros, y puede navegar a una velocidad que varía entre 20.37 y 31.48 kilómetros, con el que se espera conectar la ciudad con los municipios del departamento y en un futuro, con otras regiones del país.

La fase inicial, de las dos que comprende el proyecto, conectará el actual muelle de Puerta de Oro, en el Gran Malecón, con un muelle que se habilitará en el sector de la Intendencia Fluvial, haciendo uso del río Magdalena y el caño Los Tramposos”, según información emitida por la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

En cuanto al transporte público, los ediles de las localidades de Suroriente y Suroccidente de Barranquilla plantean que es necesario fortalecer las conexiones de las rutas y garantizar la seguridad en los barrios más vulnerables. El uso de mototaxis, bicicoches y el desplazamiento a pie son las alternativas para llegar a los hogares, aunque estas impliquen riesgos para la seguridad de las personas.

El Internet y el servicio telefónico, limitados en zonas vulnerables

El informe de MMC² también revela que el acceso a Internet es limitado, “lo que obstruye el acceso a la información, las herramientas y los servicios en línea y evitando que las personas migrantes y refugiadas puedan mantenerse en contacto con la familia”. Este informe menciona que el 46 % de las personas encuestadas no tiene acceso regular a Internet en el hogar y que el 37 % solo tiene acceso ocasionalmente. Los datos de las personas encuestadas que viven en asentamientos informales apuntan a índices aún menores de acceso a Internet.

“En el barrio tampoco tenemos redes de telefonía y se dificulta la comunicación”, menciona la señora Mónica Garzón, desde Villa del Mar, en la localidad Riomar.

[CONOCE AQUÍ EL TESTIMONIO COMPLETO DE MÓNICA GARZÓN]

Thailer Fiorillo, presidente de la Fundación De Panas Que Sí, explica que a pesar de que los servicios públicos en Barranquilla son “excelentes”, las personas venezolanas presentan dificultades de acceso a telefonía móvil y a plan de Internet domiciliario. Esta situación sucede principalmente en las zonas vulnerables de la ciudad.

Fiorillo muestra su preocupación con las personas que viven en contextos que no proporcionan espacios aptos para vivir como Villa Caracas, Fronteras de Maduro, Lomas Rojas, Bajo Manhattan, entre otros asentamientos, ya que el acceso a los servicios públicos tanto para la población venezolana como para la de acogida es una calamidad: “Siempre hay que estar tratando de ubicar a estas personas y que no sigan invadiendo porque es de interés público”, apunta Thailer.

[CONOCE AQUÍ EL TESTIMONIO COMPLETO DE THAILER FIORILLO]

Falta conciencia ciudadana para el adecuado uso del servicio del aseo

Si bien el servicio del aseo urbano es uno de los que se presta con mayor regularidad en las cinco localidades de Barranquilla, el cuestionamiento generalizado en las fuentes consultadas está en la falta de conciencia ciudadana para arrojar los desperdicios en los recipientes destinados para tal fin, y el hecho de que no son sacados en los días fijados por la empresa para la debida recolección.

El edil Juan Gamero no duda en decir que en algunos barrios del Suroriente en ocasiones se han generado discusiones entre las personas venezolanas y colombianas por el mal uso de recolección de basura, problemática evidenciada igualmente por Ciudades Sin Borde en el resto de las localidades vulnerables de la ciudad.

Lismary Villarreal es una joven venezolana que vive en Pinar del Río (localidad Suroccidente) y plantea que es necesario promover la conciencia ciudadana para evitar la contaminación ambiental. Por ello, exige a la ciudadanía a contribuir en tener una comunidad más limpia y sana.

[CONOCE AQUÍ EL TESTIMONIO COMPLETO DE LISMARY VILLARREAL]

Rutas de atención: Alcaldía de Barranquilla articula oferta de servicios a población migrante

Desde la Secretaría de Gobierno local, Yennifer Villareal resalta que “la Alcaldía de Barranquilla ha estado ciento por ciento comprometida con la atención a la población migrante. Desde el desarrollo de su política pública y con la gestión de la Secretaría de Gobierno, quien lidera este proceso, se ha logrado atender a más de 128 000 migrantes y retornados desde el año 2019 con el Centro de Integración Local para Migrantes, ahora Centro Intégrate”.

Además, la Alcaldía “ha logrado articular con organizaciones de la sociedad civil, sector público, cooperación y sector privado toda la oferta de servicios para masificar el impacto y el beneficio a esta población, lo que ha llevado al Centro Intégrate a ser reconocido con múltiples premios a nivel nacional e internacional, conformándose como una de las buenas prácticas bandera de la alcaldía, la cual ha sido tomada de ejemplo y replicado en nueve ciudades del país bajo el proyecto Integra, de USAID”, según se describe en el comunicado emitido por Yennifer Villarreal de Hoyos –Secretaria de Gobierno Distrital de la Alcaldía de Barranquilla– como respuesta a este tema planteado por el proyecto Ciudades Sin Borde.

Desafíos conjuntos de la administración pública y la comunidad migrante, refugiada y de acogida

En Barranquilla, los desafíos en el acceso a servicios públicos no solo afectan a las personas migrantes y refugiadas venezolanas, sino que abarcan a todos los residentes en las comunidades de acogida. 

Esta lucha no siempre es visible para todas las personas, pues se oculta detrás de las dinámicas vertiginosas y cotidianas de la ciudad. A pesar de la importancia y la urgencia de esta situación, la atención y visibilidad de la misma es insuficiente, y pone de presente la necesidad de ponerle rostros y trabajar de manera articulada en las soluciones.

El acceso a servicios de electricidad, gas doméstico, transporte público, agua potable, telefonía y alcantarillado es el punto de partida para la calidad de vida de cada familia, pero también impulsa el bienestar y el desarrollo económico comunes, proporciona condiciones adecuadas para el desarrollo educativo, disminuye tensiones y conflictos sociales, impacta la carga a los sistemas de salud y favorece la cohesión social y la sostenibilidad frente al uso de recursos. Por esto, desde Ciudades Sin Borde* encontramos imperativo asegurar una vida digna y próspera para cada individuo, sin importar su origen, identidad o nacionalidad.

*Ciudades Sin Borde es una estrategia educomunicativa para la integración y desarrollo de la comunidad venezolana en Colombia y sus comunidades de acogida. Es implementado por el Laboratorio Barrio U de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia y Fundación Casa de las Estrategias, y es financiado con recursos de la Unión Europea a través del Fondo Vivir con Dignidad, operado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos -UNOPS-.

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