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Tanto en el Acuerdo general del 26 de agosto de 2012, como en el desarrollo de diversos puntos de la agenda pactada, y por supuesto en el Borrador sobre participación política del 6 de noviembre de 2013, el Gobierno colombiano y las Farc reconocieron la necesidad de “ampliar la democracia”, y establecieron algunos compromisos preliminares al respecto. Una explicación del alcance de la participación en el marco de ese proceso, puede valerse de la distinción de tres momentos: uno, el de la transacción entre las partes; dos, el del respaldo de lo transado; y tres, el de la puesta en práctica de lo que se transó. 

En el primer momento las posibilidades de participación ciudadana son muy pocas, no solo porque esa es una carencia habitual en la negociación de una confrontación bélica, sino porque tras el acercamiento de las partes no se encuentra una demanda ciudadana que las haya obligado a negociar. La hipótesis de una presión civil tan poderosa es inverificable en el contexto histórico colombiano, inclusive frente a la evitación del rompimiento de los procesos. En ese primer momento, sin embargo, sí hay una especie de participación ciudadana imprescindible en el marco de la cultura humanitaria actual: la participación de las víctimas. Sin haber oído a las víctimas, hubiera sido imposible adelantar un proceso de negociación como el actual. 

En el segundo momento, y más allá del crucial reconocimiento procedente de la comunidad internacional, la participación es inevitable siempre que se haya pactado la refrendación ciudadana de los acuerdos. No hay opción: la gente dirá “sí” o “no” con consecuencias que son más o menos inciertas, aunque un resultado notoriamente avasallante en cualquiera de los dos sentidos puede dar certidumbre sobre el futuro.

En el tercer momento (puesta en práctica de los transado), la participación ciudadana adquiere pleno sentido, es determinante, multidimensional, busca diversas finalidades y es demandada por muy distintos actores. Así:

Tiene pleno sentido, porque ya habrá sido removido el mayor obstáculo para que la participación y la ciudadanía sean. Es decir que ejercer los derechos políticos para lograr reformas o para disputar esquemas de organización y distribución del poder, es cruel y decepcionante mientras se estén librando combates armados por esas mismas razones. O es ilusorio suponer que las personas toman decisiones más o menos autónomas, o que pueden trazar planes de vida más o menos fiables, si a la vuelta de la esquina hay múltiples dominadores o si —como diría Bobbio— la fuerza y no el derecho es la que permite tener la razón. La participación política en medio de un conflicto armado es por eso una contradicción en los términos. De hecho esa es una de las razones por las cuales los mecanismos de participación acordados en 1991 no han tenido el alcance esperado.

Es determinante. De una parte, porque la participación ciudadana permite confirmar que un pacto de paz sí tiene la virtualidad de proscribir “la violencia como método de acción política”. Y de otra parte, porque tiene la potencialidad de transformar, por vías democráticas, estructuras que estuvieron siempre en cuestión o en disputa. Es determinante la participación de la ciudadanía en la posguerra, porque de otra manera será muy difícil saber que la paz valía el precio de ciertas renuncias.

Es multidimensional. En el mundo contemporáneo una participación reducida a los derechos de las primeras generaciones es canija, raquítica. Por eso en un momento de posguerra, la democracia procura extenderse también a los bienes de la cultura, a la riqueza, al bienestar, sobre todo al de quienes han estado extraordinariamente distantes de las oportunidades de acceso. 

Tendrá diversas finalidades y será demandada por diversos actores. La puesta en práctica de lo transado implica, en primer lugar, la presencia de ciudadanos que abandonaron su convicción sobre un método (¡y el método!), pero que no renunciaron a sus convicciones sobre otras maneras de organización, control, ejercicio o distribución del poder político. En segundo lugar, hay actores institucionales que también han prometido descartar la violencia organizada como forma de mantener o alcanzar sus posiciones políticas, pero que demandan garantías. Tercero, hay zonas más afectadas que otras por el largo conflicto armado, y sus pobladores necesitan decir qué han perdido y cuáles son sus necesidades. Requieren además una especial capacidad de participar de las decisiones políticas para gestionar su recuperación y su destino. 

El proceso se encuentra en el segundo momento descrito y tiene posibilidades de alcanzar el tercero. Todo depende de que las personas revisen lo que ha sido transado y decidan a qué temen realmente. En materia de participación exclusivamente, habremos de decidir entonces qué tan temible se nos figura el compromiso de desarrollar instrumentos para proteger derechos y garantías de la oposición política y de la protesta ciudadana; o si es atemorizante un Sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, institucionalizado, preventivo, protector y evaluable, y un sistema de garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos en situación de riesgo. 

Cada quien debe tomar una decisión sobre el grado de amenaza que implica una ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades de las organizaciones y movimientos sociales; o una convocatoria para la adjudicación de radios comunitarias, la apertura de espacios en las emisoras y canales para la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales.

Cada persona habrá de decidir qué tan riesgoso resulta un Consejo nacional para la reconciliación y la convivencia, con representantes del Gobierno, el Ministerio Público, delegados de los partidos y movimientos, organizaciones y movimientos sociales, mujeres, campesinos, gremios, minorías étnicas, iglesias y sector educativo; o qué tan peligroso es un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, o la revisión de las funciones y la conformación de los Consejos territoriales de planeación, o el fortalecimiento de la JAL y de la planeación participativa. 

Cada uno ha de preguntarse si sus prácticas o preferencias políticas se verían vulneradas por el hecho de que la obtención y conservación de la personería jurídica de partidos y movimientos políticos no dependa de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso; o porque se establezca un sistema progresivo de derechos para partidos y movimientos políticos según su desempeño electoral. Cada quien ha de medir la pérdida que implicaría la reforma del Consejo Nacional Electoral o la promoción de la participación y liderazgo de la mujer en la política.

Ahí están los acuerdos y decidiremos, según nuestras propias expectativas, si nos dan miedo las circunscripciones transitorias especiales para que compitan como candidatos personas que habiten regularmente unos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno; o si tememos que los partidos que cuentan con representación en el Congreso de la República no puedan inscribir candidatos para esas circunscripciones, o si tememos que en cada mecanismo, proceso o medida  se garantice un enfoque de género.

En lo que respecta a la democracia y a la participación, la ciudadanía decidirá en los próximos días si esos compromisos son temibles. Porque en esto hay que ser francos: la democracia puede ser una seria amenaza. En ella, cuando se la toma en serio, existe una enorme posibilidad de que se pierdan exenciones, franquicias, inmunidades, mercedes, protagonismo, poder, bienes materiales, fieles y seguidores. La democracia es un riesgo enorme. Eso lo supieron bien en su momento los poderosos, privilegiados e inmunes de muchas sociedades que hoy en día nos producen envidia.