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Por tradición histórica y por disposición constitucional, la universidad colombiana tiene como misión principal contribuir a la educación superior de los colombianos. La educación, a su vez, puede concebirse como un camino para la ilustración y la autonomía individuales, y para la convivencia pacífica y el buen vivir colectivos. 

El anuncio del acuerdo de terminación del conflicto entre el gobierno colombiano y las Farc fija importantes retos al quehacer de la universidad colombiana y su aporte a la paz. Si la educación es la misión arquetípica de la universidad, es válido plantear entonces que la educación que debe brindar la universidad, sea una educación para la paz. Pero, ¿qué entender por este concepto?

Siendo múltiples las concepciones de lo que significa educar para la paz, me aventuro a formular las siguientes consideraciones a este respecto. La primera cuestión que involucra la educación para la paz, atiende a las necesarias reformas que debe acometer la universidad para adaptar y transformar sus currículos de pregrado y posgrado, varias de sus prácticas académicas y pedagógicas que demarcan la docencia, la investigación y la extensión, e incluso varias de las subjetividades de los universitarios, a las perspectivas pacifistas y que cultivan la transformación positiva de los conflictos. Sólo una universidad enrutada por el pacifismo puede responder con un proyecto educativo para la paz.

Una segunda cuestión proviene del contexto derivado de la política pública de educación, de la que la universidad es destinataria pero también es constructora. En el posconflicto venidero la educación debe ser el epicentro de la política y la acción pública estatales. Asegurar el crecimiento de las plantas de profesores universitarios, posibilitar su capacitación de alto nivel y asegurar el crecimiento sostenible de recursos para la investigación y para la extensión solidaria, así como una adecuada infraestructura física y tecnológica son condiciones estructurales para la generación de una oferta adecuada de cupos proporcional a la demanda; son tareas del sistema educativo estatal indispensables para la creación de unas condiciones estructurales de equidad en el acceso a la educación superior vista como conditio sine qua non de un sistema político y social en paz. 

En tercer lugar, es importante que la universidad promueva una cultura de paz que, basada en el pacifismo, irradie los programas de formación ciudadana y constitucional. La paz requiere de una nueva concepción y ejercicio de la ciudadanía, que promueva el diálogo entre los ciudadanos y entre ellos y el Estado, fomentado su participación activa en la vida pública y una perspectiva afirmativa de la reivindicación de los derechos civiles y sociales. Paz en este sentido debería significar reconocimiento no disputado ni cuestionado de los derechos de los asociados, especialmente los de la salud, el mínimo vital de trabajadores y pensionados, la igualdad, la libre asociación civil y sindical, el disenso político y la libertad de expresión, cuya reivindicación en la Colombia del conflicto ha equivalido a muerte, desaparición forzada, exclusión, desplazamiento y destierro.

Como cuarta cuestión, la universidad tiene el reto de hacer trasversal a sus programas y currículos, desde la formulación de proyectos educativos institucionales y de política curricular, los estudios, la cultura y la construcción de paz. Los programas académicos pre y posgraduales, los proyectos de investigación y de extensión, los sujetos universitarios y sus subjetividades, los administradores universitarios debemos ser conscientes del deber ético que implica la construcción de paz en los niveles curricular, pedagógico y de la gestión y la planeación universitarias. La paz transforma las concepciones y las prácticas más acendradas en torno a las disciplinas y sus tradiciones epistémicas y profesionales. El ingenio y la apertura hacia una academia pensada desde y para la paz es sin duda un reto que nos compromete como ciudadanos ilustrados que abogan por la educación como un instrumento de convivencia pacífica.

En quinto lugar, la universidad como institución de gran tradición, debe aprestarse con un sentido histórico y prospectivo a la promoción de la paz como un proyecto ético-público sostenible en el tiempo. A este respecto, vale señalar que son muchas las décadas y las generaciones que estamos y estarán involucrados en la construcción de la paz en Colombia. Solo si trascendemos como sociedad, de los proyectos inmediatistas y de coyuntura, para asegurar a la paz un lugar en nuestra cosmovisión como nación, concientizándonos entonces de la importancia que tiene la sostenibilidad de este proyecto de civilidad al que llamamos paz, podremos ser incondicionales con este, con independencia  de que sepamos que se trata de un camino que no está ni estará libre de obstáculos, pero que vale la pena proseguir ante el camino inconducente e injustificable de la guerra.