Opinión

Se ha creído que Colombia es privilegiada por su alta disponibilidad de recursos naturales e hídricos. Así como la regulación ambiental para su protección la cual se ha descrito como exhaustiva y completa (Kathuria, 2006).

La normativa abarca principalmente sistemas de información, planificación de territorios y zonas protegidas (en términos de lo que se puede o no se puede hacer en un territorio), normas de comando y control (normas de vertimientos, licencias ambientales, concesiones y planes de compensación), incentivos económicos (tasas por uso de agua, tasas compensatorias y la iniciativa público privada de pagos por servicios ambientales) e subsidios tributarios (deducciones de impuestos de renta, excepción del IVA y otros).

En teoría esta regulación ayudaría a controlar la disponibilidad de recursos de agua, mantendría su calidad y reduciría la vulnerabilidad a los ciclos de la naturaleza y los eventos climáticos de gran escala (Tobón et al., 2018).

Empero los datos no soportan ninguna de estas afirmaciones. El Environmental performance index, diseñado para hacerle seguimiento al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, muestra un deterioro progresivo del país ocupando el lugar 71 en provisión de agua potable, el 61 en sistemas de saneamiento y el 68 en el suministro de ambos servicios de utilidad pública respecto a los 180 países que hacen parte de estas metas en 2018 (Wendling et al., 2018).

Desde otro prisma se observa que la cobertura de acueducto es del 92,3% y la de alcantarillado del 88,2%, con más de 3,6 millones de personas sin acceso al primero y 5,6 millones que no cuentan con el segundo. En algunas zonas rurales la cobertura de ambos servicios no llega al 75% y existen altos riesgos en la dimensión calidad del agua en las zonas donde hay predominancia de cultivos ilícitos y mineras (Delgado, 2018).

También las falencias regulatorias debido a la baja calidad institucional y la influencia de los grupos de interés de la industria y los sectores políticos en el diseño e implementación de la regulación ambiental son la cara oculta del prisma. Unos ejemplos notables de esto último son: el desequilibrio en las normas de vertimientos de residuos, cada vez más completas pero que exigen esfuerzos de vigilancia y control incapaces de cumplir por las corporaciones ambientales con recursos técnicos y económicos limitados y sujetas a la injerencia política.

La protección de zonas estratégicas cada vez asediadas por la ampliación de la frontera urbana y económica legal e ilegal. Las tasas retributivas por el vertimiento de solo dos tipos de contaminantes que son muy bajas en comparación con el valor del daño causado el cual debería valorar otros contaminantes, que estos cada vez son más complejos, y que el daño ambiental es acumulativo en el tiempo.

Las tasas por el uso del agua son absolutamente burlescas pues se paga por metro cúbico de agua utilizada un precio cercano a cero que no se compadece con la escasez relativa del agua y los recursos ecosistémicos requeridos para la protección integral de los cuerpos de agua. Y la iniciativa de pagos por servicios ambientales es incipiente y no le compensa al campesino que resguarda un predio de su propiedad sus costos de oportunidad o todos los beneficios ecosistémicos adicionales a la regulación del caudal de agua que se obtienen con esta protección (Tobón et al., 2017).

Lo peor es que es previsible la continuación en el deterioro de los recursos hídricos dados el crecimiento poblacional y la actividad de una economía de mercado emergente como Colombia sustentada en un porcentaje significativo de industrias extractivas y agropecuarias, y donde coexisten actividades ilícitas (Dane, 2019).

La pretensión del cumplimiento del objetivo No 6 del desarrollo sostenible Agua limpia y saneamiento, con metas específicas a alcanzarse en 2030 relacionadas con el acceso universal al servicio público del agua, la protección de los ecosistemas, la eficiencia en el uso del agua, la reducción de la polución del agua, el acceso a más y mejores tecnologías de tratamiento de agua potable y aguas residuales y la participación comunitaria en la gestión del agua (Salvia et al., 2019), lo cual es un compromiso voluntario a nivel de país con la sostenibilidad del planeta tendrá que exigir esfuerzos enormes en varios frentes.

Por ahora la participación de Colombia en Global Compact, que es el brazo de las Naciones Unidas que recopila la participación voluntaria de los países en los distintos ODS, es precaria dado que apenas 335 compañías registradas en Colombia reportan el cumplimiento de los diferentes objetivos de ODS en sus informes de Responsabilidad Social Corporativa, y si se suman distintas organizaciones públicas y privadas, incluyendo ONG, fundaciones y centros académicos, la suma asciende a solo 547 participantes en 2019 (United Nations Global Compact, 2019).

Para garantizar la universalidad en el acceso al agua es necesario un fortalecimiento institucional que dé cuenta de agencias ambientales consolidadas y con recursos propios relacionados con la eficiencia en su gestión reguladora, lo cual demanda la antigua pretensión de first best de crear en Colombia agencias reguladoras autónomas e independientes, y alejadas de los ciclos políticos y los grupos de interés. De la aplicación de la normatividad y los incentivos económicos existentes ajustando las tasas ambientales a los costos de oportunidad de no disponer de agua en cantidad y calidad.

Que los ministerios encargados de la política ambiental y Parques nacionales tengan una ampliación y un acompañamiento permanente de los ministerios de Interior, Agricultura, Defensa y Policía y distintas fundaciones y  organizaciones de la sociedad civil  relacionadas con la defensa del ambiente (Becerra, 2019), y por supuesto, del involucramiento de más organizaciones sociales, universidades y centros de formación en todos los niveles que cumplan una doble función de transmitir los resultados de la investigación en distintas áreas del conocimiento relacionadas con la sostenibilidad en la provisión del agua y de una formación de ciudadanos y profesionales que se involucren en la defensa del agua entendiendo que lo ambiental no esté supeditado a lo social, ni lo social se supedita a lo ambiental, sino que se le debe dar sentido a lo que significa vivir en equilibrio con la naturaleza.

Referencias

Dane (2019). Exportaciones. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones

Delgado, Paula (26 de julio de 2018). Para 2030 la cobertura debe ser universal, lo que falta en suministro de agua y alcantarillado en Colombia, El Espectador.

Kathuria, V. (2006). Controlling water pollution in developing and transition countries—lessons from three successful cases. Journal of Environmental Management, 78(4), 405-426.

Rodríguez, Manuel (29 de junio de 2019). El futuro ambiental de las ciudades, El Tiempo.

Salvia, A. L., Leal Filho, W., Brandli, L. L., & Griebeler, J. S. (2019). Assessing research trends related to Sustainable Development Goals: Local and global issues. Journal of cleaner production, 208, 841-849.

Tobón-Orozco, D., Molina, C. & Vasco, C. (2018). Riesgo de desabastecimiento en la provisión de agua potable en grandes ciudades y políticas económicas ambientales híbridas, Colciencias-Universidad de Antioquia.

Tobón-Orozco, D., Molina, C. & Vargas, H. (2017). Pigouvian taxes and payments for environmental services in an economic model restricted by the resilience of a body of water. Water Resources and Economics, 19, 28-40.

United Nations Global Compact (2019). See who’s involved. http://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants

Wendling, Z. A., Emerson, J. W., Esty, D. C., Levy, M. A., de Sherbinin, A., et al. (2018). 2018 Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy. https://epi.yale.edu/