Opinión

Este objetivo se dirige al circuito del mercado responsable, donde a su vez se inscriben dos actores claves: aquellos quienes lideran el proceso productivo, que nombraremos los productores responsables; y la sociedad que para acceder a los bienes de consumo actúan en el circuito de dicho mercado, que serán nombrados aquí como los consumidores responsables.

Este análisis supone inicialmente que es sobre estos dos actores, como categorías analíticas sobre las que debe concentrarse el proceso de acción para la construcción de este circuito de intercambio basado en la responsabilidad social y ecológica, y al menos hasta que logremos concretar un nuevo modelo que lo remplace, también que garantice el crecimiento económico basado en nuevas formas de acumulación social y ambiental.

Partiendo de este principio los mecanismos de acción hacía la sostenibilidad deberían pensarse entonces como la posibilidad incidir en la racionalidad de quienes comandan el proceso productivo, dirigiendo el proceso de acumulación hacía una perspectiva más amplia de producción y bienestar, es decir lo que se considere la ganancia de un sistema productivos, no debería ser solamente referido a la acumulación de capital financiero, sino que se debe ampliar la concepción hacía la acumulación del bien común (Felber, C. 2004)[1].

Esto significaría mudar hacía la idea de una prosperidad asociada al bienestar que, cambia los parámetros de la acumulación del individuo y se expande hacia el bienestar comunitario. Idea esta última que, se fundamenta a su vez en el principio de reciprocidad cultural equilibrada o generalizada (Sahlins, M. 1987)[2]; y hacía un decrecimiento, que según la ecología política es el desenvolvimiento económico que no desborda los límites de los recursos naturales y energéticos, es decir “necesitamos extraer menos recursos y no solo usarlos más eficientemente” (Martín-Sosa Rodriguez, S. 2012)[3].

Dichos cambios deben permitirle al proceso productivo seguir ocupando un nicho de competitividad en el mercado global; pero tal competitividad entonces tendrá que ampliar los parámetros de medición, debe involucrar variables que sumen al capital, tales como bienestar ecológico y social.

Desde esta perspectiva, entonces los productores deberían ofertar cada vez más un tipo de “commodities”, bienes o servicios que usan menos y más eficientemente los recursos naturales y la energía, entre los cuales los consumidores podrían elegir como mejor opción de mercado. Sin embargo, es sobre los fundamentos que se defina esta capacidad de elección, que debemos pensar la segunda perspectiva analítica de acción.

Ya que esta elección se debe basar en una participación activa de los consumidores y ciudadanos bajo la premisa de la búsqueda de alternativas y de la construcción de la sostenibilidad desde la toma de decisiones racionalmente sostenibles, para lo cual no solo debe limitarse a elegir entre las posibilidades que les brinda el mercado en un momento determinado, sino que debe movilizarse y presionar para fomentar el uso eficiente y sostenible de los recursos; pero adicionalmente debe proponerse reducir el consumo para disminuir el uso de los recursos y así disminuir la fatiga social y ambiental.

Es evidente que entre ambas se requiere un eje articulador, el cual debe ser el Estado a través de sus instituciones públicas, las cuales permitan que los dos procesos se encuentren en el proceso sinérgico del desarrollo sostenible. De allí la importancia que han adquirido las alianzas tripartitas del mercado donde lo privado- la sociedad civil y lo público- deben afincarse para la construcción horizontal de propuestas en los temas de desarrollo sostenible (Felber. C. 2012)[4].

Es en este nuevo escenario que las empresas desarrollan procesos competitivos que superan los límites que nos impone la crisis ecológica y busca maximizar el bienestar de nuestra sociedad; la sociedad civil como motor del cambio y promotor de los acuerdos, se beneficia con la posibilidad de obtener productos de mejor calidad, a la vez que condiciones sociales y ambientales más optimas; y los Estados y las instituciones públicas recobran su papel preponderante como bisagra entre los dueños del capital y la sociedad, ya que podrían estimular a los productores a través de nuevas estrategias, tales como: la creación de estímulos y bonificaciones, reducción de impuestos y aranceles, entre otras medidas económicas que promuevan la producción sostenible social y ambientalmente, como un incentivo la sostenibilidad empresarial; pero generando mayor bienestar social y cuidando la naturaleza con el mayor bien común.

[1] Christian Felber. 2008. Neue Werte für die Wirtschaft. Eine Alternative zu Kommunismus und Kapitalismus, Deuticke, Viena.