Sociedad

Fotografía tomada de https://www.flickr.com/photos/universidadantioquia

El país necesita reestructurar su Sistema de Seguridad Social para afrontar los nuevos retos que plantea el siglo XXI y así poder superar las condiciones de pobreza y desigualdad que se han mantenido por generaciones. Esta situación es más evidente en el campo, que ha sido golpeado durante más de 50 años por el conflicto armado y que ha permanecido invisibilizado en los planes de desarrollo elaborados desde las ciudades.

Para diseñar una política pública que atienda a las verdaderas necesidades del sector rural en materia de protección social es fundamental partir del análisis de las estructuras familiares en el campo y sus particularidades. Así lo expuso Olga Lucía Acosta, asesora regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe —CEPAL— , en el seminario “Retos de la Seguridad Social en Colombia”, que se realizó el pasado 27 de abril en la Universidad de Antioquia.

De acuerdo a las cifras de la Encuesta de Calidad de Vida que elaboró el DANE en el 2011, en materia de protección en la vejez el 53% de los hogares ubicados en zonas rurales no cuenta con protección alguna, mientras que en las cabeceras esta cifra es del 37%. Ligado a esto, en las zonas urbanas un 41% de los hogares hacen aportes al régimen contributivo, pero en el campo sólo lo hace el 9%.

Entre más bajos sean los aportes de los trabajadores al Sistema de Seguridad Social es mayor el dinero que debe desembolsar el Estado para subsidiarlo, lo que ha originado serias dudas acerca de su sostenibilidad financiera a futuro. Para entender las razones de que en el campo colombiano sean tan bajos los aportes a seguridad social, se debe tener en cuenta la alta informalidad y la segmentación del mercado laboral rural.

Un asunto clave es la poca diversificación de las actividades productivas, ya que el sector agropecuario ocupa a casi la mitad de los trabajadores, en donde el 98% no tiene educación superior y el 14% no tiene educación alguna. Características como la producción por temporadas y las largas distancias que se requieren para llegar al sitio de trabajo contribuyen con la informalidad. Esto sumado a que los salarios se ven muy afectados por condiciones como la disminución de precios internacionales de productos agrícolas o una débil demanda externa.

Un segundo aspecto son los salarios. En el campo son de un promedio mensual del 75% de un salario mínimo, siendo más bajos en el sector agropecuario donde corresponden al 70% del mínimo, según datos del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. La situación es aún más crítica para los trabajadores independientes, quienes reciben ingresos equivalentes al 47% del SMLV.

En cuanto a las mujeres, su participación laboral es inferior a la de los hombres y así mismo su posibilidad de acceder a la seguridad social. Otro limitante para que las campesinas accedan al empleo formal es la cantidad de tiempo que invierten en actividades de cuidado y en trabajo no remunerado, ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, en 2013 el 93% de las mujeres en edad de trabajar dedicaban entre 8 y 12 horas a este tipo de tareas.

Frente a estos desafíos, una de las conclusiones de Olga Lucía Acosta es la necesidad de flexibilizar el Sistema de Seguridad Social, de manera que se pueda adaptar a las condiciones de la población con un enfoque territorial.  Más allá de generar un infraestructura institucional, se debe avanzar en un “acuerdo político” que se construya de la mano de las comunidades y en dónde se reconozca a los habitantes rurales como sujetos de derechos y agentes de desarrollo productivo.

Es necesario mejorar la escasa información que se tiene sobre la calidad de vida en el campo, los distintos niveles de ruralidad y la conformación de las familias rurales. Esto permitiría identificar rutas para el fortalecimiento de la economía familiar y las formas asociativas alternativas que nacen desde el interior de las comunidades, que podrían ser integradas al sistema de protección social.

La asesora de la CEPAL también planteó que se debe revisar la relación entre el salario mínimo, el empleo formal y la protección social, puesto que con el marco legal actual este es uno de los principales obstáculos para que gran parte de la población esté protegida.