Especiales

Vista desde el barrio El Triunfo hacia la zona noroccidental. Diciembre de 2015. Cortesía Grupo de Investigación Conflictos y Violencias 

En 1991, en Medellín se presentaron 6.349 muertes violentas, correspondiente a una tasa de 381 homicidios por cada cien mil habitantes, la más alta del mundo para ese año. En las últimas décadas, además de los homicidios, la mayoría de su población ha padecido graves problemas de inseguridad como extorsiones (llamadas vacunas), atracos callejeros, hurtos a residencias y agresiones sexuales, entre otras. Problemas estrechamente vinculados a una profunda inequidad social, a la corrupción de la clase política a la que vino a ligarse el fortalecimiento del narcotráfico y su poder devastador en lo social, lo ético y lo cultural. 

Hechos de violencia e inseguridad vividos en el área metropolitana generaron un ambiente de miedo en todos sus habitantes y contribuyeron a una imagen negativa sobre Colombia y en particular sobre Medellín, al tiempo que constituyeron una profunda crisis social y ética que conmocionó a todos los estamentos sociales que, obligados a reaccionar, tomaron medidas para enfrentar esa difícil situación; entre ellas, eventos académicos, sociales y políticos fueron convocados a reflexionar sobre esta problemática y diseñar políticas para enfrentarla.  

La clase dirigente ha intentado de diversas maneras enfrentar la violencia y la inseguridad padecidas crónicamente por nuestra sociedad. Frente al conflicto armado, en ocasiones se negocia con grupos armados insurgentes y con narcoterroristas; en la mayoría de las veces, se les confronta militarmente buscando eliminarlos o capturarlos. No obstante, todas estas medidas han estado dirigidas a atacar las manifestaciones más visibles de la violencia, pero dejan de lado enfrentar los factores de orden económico, social y cultural que originan dichos conflictos. Por ello, la mayoría de estas políticas han constituido soluciones parciales, que aplazan las causas de fondo que originan los problemas e incluso llevan a agravarlos. Las políticas aplicadas en Medellín no han estado ajenas a este mismo enfoque de seguridad. 

La Seguridad Democrática (2002-2010) logró un descenso en el número de homicidios y un control del Estado en las principales vías públicas del país, lo cual ganó el apoyo de la mayoría de colombianos, en tanto mostró resultados parciales y sirvió para presentarla como exitosa. Esta es un claro ejemplo de una política basada en la represión, que como dijimos, no ataca las causas. Al contrario, bajo esta política se incrementaron las violaciones a derechos humanos: desaparición forzada, desplazamientos, ataques a opositores políticos y militarización de la sociedad; también conllevó la expansión de organizaciones paramilitares ilegales de extrema derecha vinculadas al narcotráfico. Durante el 2007, hubo 4.223 desapariciones forzadas en Colombia; en el 2008 cerca de 15.900 y en el 2009, 18.492, cifras poco mencionadas en el país y el exterior, número superior a las ocurridas en los países de Suramérica sometidos a dictaduras. 

Debido a la propaganda en los medios y al manejo populista del presidente, la mayoría de colombianos aplaudieron la Seguridad Democrática y a sus líderes políticos impulsores, por considerarla beneficiosa para el país, con la equivocada idea que defender derechos humanos es opuesto a la seguridad. La Seguridad Democrática se implantó en Colombia para garantizar la inversión extranjera y expandir el modelo neoliberal, particularmente privatizar bienes públicos esenciales: salud, educación, servicios públicos domiciliarios, infraestructura vial y seguridad personal. 

Medellín, en el 2009, tuvo una tasa de homicidios de 79 por cada cien mil habitantes, más alta que el promedio nacional; se presentó desplazamiento forzado intraurbano, consecuencia de amenazas. Y, en el mismo año hubo 2.441 personas víctimas de desaparición forzada. Igualmente, en los últimos 25 años, más de 5 millones de colombianos fueron víctimas de desplazamiento forzado, de los cuales más de la mitad ocurrieron durante la Seguridad Democrática. 

Mientras muchos colombianos aplaudían las soluciones guerreristas al histórico conflicto interno, un grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia y activistas de derechos humanos, retomamos la idea de la Seguridad Humana, propuesta por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1994), resaltando que toda política de seguridad debe tener como principales destinatarios a las personas y que el Estado y sus instituciones son solo un medio. De ahí que el centro de toda política de seguridad debe ser los derechos humanos. La seguridad humana parte de un enfoque integral en el que la seguridad es un medio y no un fin en sí misma y se logra con la satisfacción de los derechos, bajo un orden público democrático, en el que el Estado no puede ser defendido en contra de las personas ni de la sociedad.

El Observatorio de Seguridad Humana de Medellín –OSHM- retomó el enfoque de seguridad, que concibe a las personas como seres integrales (históricos, culturales, sociales y políticos); de ahí sus múltiples dimensiones: económica, alimentaria, salud, ambiente, personal, comunitaria y política. El Observatorio resignificó estas dimensiones a las condiciones específicas de los sectores más vulnerados de la ciudad, denominándolo Seguridad Humana  desde  Abajo.  Además, se incluyó la seguridad para las mujeres, inexistente en las dimensiones del informe de Amartya Sen. El OSHM es un proyecto impulsado desde la Universidad de Antioquia que trabaja mediante la Investigación y la Acción Participativa conjuntamente con organizaciones comunitarias, con el propósito de generar nuevos conocimientos para mejorar integralmente las condiciones de vida de las comunidades y de la ciudad. 

Desde sus inicios en el 2008, el Observatorio aplica la metodología desde Abajo como un proceso adelantado en tres ámbitos: análisis de los hechos y situaciones generadoras de inseguridad humana en la respectiva comunidad (lugares de trabajo, vivienda y espacios públicos); políticas del Estado en materia de seguridad; promoción y fortalecimiento de iniciativas y acciones de resistencia de las comunidades para enfrentar las inseguridades y formular agendas comunitarias que incidan en el accionar del Estado y la administración pública municipal en pro de corregir esas inseguridades y satisfacer los derechos vulnerados. También, visibiliza y potencia iniciativas ciudadanas dirigidas a mejorar la seguridad en una o varias de sus dimensiones. Desarrolla articuladamente cuatro estrategias: investigación (análisis), difusión, educación y acción transformadora.  

La metodología aplicada por el OSHM ha traído como uno de sus resultados aumentar la responsabilidad estatal frente a sus ciudadanos y no hacia élites económicas. Las acciones que se apoyan son las que no apelan al uso de la violencia y promueven la defensa de derechos humanos.
En un ejercicio investigativo, el Observatorio preguntó a personas del Medellín urbano y rural, por el problema de seguridad que más les afectaba, y la respuesta fue: primero, seguridad económica; segunda, seguridad comunitaria, dada la persecución o asesinato de que son víctimas líderes comunitarios o sociales. En las zonas periféricas, resaltan la inseguridad ambiental, pues por afanes desarrollistas, se incrementan construcciones para atraer turistas, generando contaminación ambiental, con riesgos para la seguridad personal y la salud.

El enfoque de Seguridad Humana desde Abajo entiende que la seguridad no debe ser asunto de expertos o de agentes estatales, pues son las comunidades las que más conocen sus necesidades. En un diálogo de saberes entre comunidades, expertos académicos y agentes estatales, se busca construir alternativas que garanticen mayor seguridad y combatan las amenazas que se presentan. Contiene múltiples efectos: dinamiza expresiones colectivas de resistencia, genera procesos prácticos y reflexiones teóricas sobre cómo se pueden enfrentar los problemas para construir comunidades más seguras; fortalece las capacidades personales y comunitarias en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, asumiéndose como sujetos sociales y políticos que interactúan entre sí, con otras comunidades y también con el Estado. 

Caso emblemático de la aplicación de este enfoque y metodología son los habitantes de la comuna 8 de Medellín, quienes definieron como principal factor de inseguridad la dimensión alimentaria y económica, que a su vez fomenta otras inseguridades. Una integrante de la Mesa de Desplazados, Comuna 8 de Medellín afirma: “muchas personas no tienen cómo mandar el niño a la escuela, porque no tienen para el refrigerio o una comida”. Otra dice: “Si tenemos empleo, para comprar comida, transporte, vestido, vivienda, salud, esto da seguridad”. Para la Mesa, la seguridad va más allá de la ausencia de violencia física, pues incluye el reconocimiento de sus derechos como comunidad. 

Con el enfoque y metodología de Seguridad Humana desde Abajo las comunidades identifican factores generadores de inseguridad y a partir de ahí elaboran agendas comunitarias de seguridad humana con propuestas al Estado para corregir estas inseguridades y exigir la satisfacción de los derechos vulnerados. Otro resultado obtenido es visibilizar y potenciar la incidencia política de la ciudadanía, con lo cual logran formarse como ciudadanos actuantes, sujetos de su propio destino y las organizaciones comunitarias actúan como sujetos colectivos. Aunque esta propuesta contiene ciertos riesgos, sin embargo, el criterio de éxito es lograr mejores niveles de convivencia pacífica y democrática, donde prevalezca el respeto a la dignidad humana en las comunidades con las cuales se trabaja.

La Seguridad Humana desde Abajo, impulsada desde el Observatorio, ha mostrado tener potencialidades sociales y políticas para las comunidades y tiene el mérito de impulsar a la acción. Es un proceso continuo, teórico y práctico que exige estar evaluando, revisando cada paso, dado que se está construyendo sobre la marcha. 

Este texto hace parte de la revista Experimenta