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Vida

¿El que (poco) paga puede contaminar?

10/04/2019
Por: Juan Diego Restrepo Toro- UdeA Noticias

Con el uso de la teoría económica ambiental se puede proteger cuencas como la del río Grande, en Antioquia, amenazada por los efectos del cambio climático y las dinámicas productivas que la contaminan.

Páramo de Belmira. Cortesía: Corantioquia.

Mientras el campo entrega recursos vitales como el agua, a cambio recibe muy poco de las ciudades. No todos los consumidores urbanos, aunque requieren agua limpia para realizar sus actividades, están dispuestos a pagarles a los campesinos para que protejan las cuencas que garantizarían el suministro para las grandes ciudades en cuanto a cantidad y calidad.

En Medellín y su área metropolitana, más del 50 % del agua llega de la cuenca del río Grande, una zona de alta montaña y páramo, rica en recursos hídricos y con potencial para la explotación minera aurífera.

Allí están San Pedro de los Milagros, Entrerríos, Don Matías, Belmira y Santa Rosa de Osos, donde se producen alrededor de 2.5 millones de litros de leche diarios, cifra que representó, en el 2014, el 70 % de la producción de leche de Antioquia y el 18.5 % del país. Desde ese año, profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Alma Máter investigan cómo garantizar la provisión de agua potable en esta cuenca desde las políticas económicas ambientales.

«Todos queremos bosques prístinos, pero el gran dilema es que el consumo y el estilo de vida que tenemos no es sostenible», indicó David Tobón Orozco, quien, junto a los expertos en microeconomía Carlos Molina Guerra y Carlos Andrés Vasco Correa, construyeron un modelo de equilibrio regional para representar esta compleja realidad de manera simple, asumiendo la relación entre el campo y la ciudad. Los resultados están publicados en el libro Riesgo de desabastecimiento en la provisión de agua potable en grandes ciudades y políticas económicas ambientales híbridas.

La «tasa por utilización de agua» y la «tasa retributiva», que son pagos por el uso del agua y vertimiento de contaminantes, tienen cobros tan bajos que a muchos productores les sale más barato pagar por contaminar. En 2018 se pagaron cerca de 131 pesos por cada kilogramo vertido bajo el parámetro de demanda bioquímica de oxígeno —DBO—, y 56 pesos por kilogramo vertido con la medida de sólidos suspendidos totales —SST—.

Estos cobros son menores a los ideales, llamados impuestos pigouvianos por los economistas, herramienta económica que desincentiva las actividades contaminantes y que se basa en la máxima del economista inglés Arthur Pigou: «El que contamina, paga», que es muy distinto a decir que el que paga puede contaminar. Estos impuestos tienen en cuenta el costo social de la producción, lo cual implica considerar los costos ambientales. Una herramienta como el modelo de equilibrio general facilita estos cálculos económicos y ayudaría al diseño de regulaciones ambientales.

«Se quiere cobrar por la polución que llega a las aguas, pero con tarifas tan bajas que no retribuyen las necesidades de protección de la cuenca —señaló David Tobón Orozco— además las normas no cubren todos los vertimientos, y muchas personas en vez de tirarlos a un río, los desechan en los potreros, lo cual causa contaminación por la escorrentía del suelo».

La extracción, el uso intensivo de recursos y la polución agravan los efectos del cambio climático en esta cuenca, especialmente en temporadas como el fenómeno de El Niño. Sin embargo, la legislación dispone de estrategias para la protección ambiental, como la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y los pagos por servicios ambientales —dirigidos a campesinos que cuidan los bosques—, hasta el cobro de las tasas de uso mencionadas.

Oscar Iván Giraldo Duque, subdirector de Gestión Ambiental de Corantioquia, apuntó que los instrumentos que disponen las corporaciones ambientales para el cuidado del agua se desprenden de la política nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.

Una política que se implementa en los planes de ordenación del recurso hídrico y en distintas actividades, como la adquisición de predios para conservación, la siembra de árboles nativos, el funcionamiento de plantas de tratamiento, la promoción de buenas prácticas agropecuarias y la participación ciudadana. «Esta cuenca fue pionera en tener un órgano consultivo, en el que están representados distintos actores», señaló Giraldo Duque.    

Pero los instrumentos para mitigar la polución del agua no funcionan, según el profesor Carlos Andrés Vasco Correa. «Las normas se quedan en el papel porque las autoridades no siempre tienen capacidad de ejercer control».

Estas iniciativas también requieren de esfuerzos adicionales de las autoridades ambientales ante problemáticas que a veces sobrepasan sus capacidades técnicas y económicas para la vigilancia y control.

Trayectoria del ducto de canalización del agua que llega a Medellín y su área metropolitana desde la cuenca del río Grande. Infomapa: Mónica Valencia Arismendy.

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