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Por la ratificación del Acuerdo de Escazú

25/01/2021
Por: Natalia Piedrahita Tamayo- Periodista

Ante una petición del Senado de la República, la Universidad de Antioquia emitió concepto sobre las razones para que el país ratifique el Acuerdo de Escazú, un pacto para la gobernanza ambiental y el desarrollo sostenible de América Latina.

De la serie 'Líderes de la conservación'. Foto: Archivo WWF Colombia. 

El 4 de marzo de 2018, 22 países latinoamericanos y del Caribe firmaron el «Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe», en Escazú, Costa Rica. Este documento propuso, ante todo, una agenda para la gestión ambiental y climática, y dio garantías para que la ciudadanía se informe sobre el impacto medioambiental de los proyectos y desarrollos de empresas y gremios de cada país. 

Ante la urgencia global de implementar acciones relacionadas con la bioeconomía y la sostenibilidad, y ante la necesidad nacional de proteger los derechos de líderes sociales y ambientales, tan a menudo amenazados y desaparecidos, resulta poco consecuente que en el congreso colombiano existan voces en contra de este Acuerdo, cuya suscripción ha sido solicitada por organismos como el Banco Mundial, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe -CEPAL-, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-. 

La Alma Mater, atendiendo a la petición de concepto sobre el Proyecto de Ley 057 de 2020 – para aprobación de este Acuerdo- por parte de la Comisión Segunda del Senado, emitió un documento desarrollado por Harold Cardona Trujillo, del Instituto de Estudios Regionales- INER, y Melissa Restrepo Villegas de la Corporación Académica Ambiental, quienes se encargaron de examinar y exponer las razones por las que el país debe ratificarlo. 

Cardona Trujillo explicó que al revalidar el Acuerdo «los países se comprometen a suministrar información amplia sobre las intervenciones que se hagan en su propio territorio, lo que significa que el Gobierno debe solicitar información pública sobre la huella ambiental de compañías y empresas». 

Sin embargo, desde la perspectiva de algunos congresistas, en Colombia ya existe un marco normativo que da herramientas similares a las del Acuerdo, y con su firma, se pierden soberanía y posibilidades de inversión. Estas ideas impiden ver el Acuerdo como lo que realmente es: una herramienta para frenan las prácticas extractivistas en el país: minería, tala de bosques, contaminación de fuentes hídricas, afectación de ecosistemas estratégicos y desplazamiento, desaparición o muerte de líderes ambientales. 

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales operaría para los países latinoamericanos y del Caribe. Foto: Archivo escazuahora.com

Este último es sin duda un punto neurálgico y que hace más urgente la ratificación de este Acuerdo, ya que, desde 2008, se reportaron 129 casos de conflictos socioambientales en Colombia, según el Atlas de Justicia Ambiental Mundial. Además, en palabras de Restrepo Villegas: «la cifra de líderes ambientales asesinados señala que en el país no se está haciendo bien la tarea de defender la vida y que los instrumentos legales que se disponen para ello no son efectivos».

A la fecha, estos son los países que han ratificado el Acuerdo: Argentina, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, México, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

«Este Acuerdo es también un bastión para la lucha contra la corrupción, ya que exige que se tenga un amplio acceso a la información eficaz, veraz, transparente, suficiente, de calidad y oportuna, posibilita una contrucción participativa, voluntaria e informada, y, con ello, las entidades públicas y privadas pueden brindar una información más clara y veraz sobre sus acciones, en aras de la transparencia», aseguró el profesor Cardona Trujillo.

Ante las voces opositoras, desde lo académico, lo político y lo empresarial se ha dado una movilización fuerte basada en la necesidad de mirar al futuro desde la valoración de los recursos ambientales, incluido el humano. Incluso, empresas del sector petrolero que han virado sus prácticas a una producción limpia, han declarado la conveniencia de esta ratificación porque les da oportunidad de mostrar abiertamente su gestión. 

Finalmente, y de cara a la reactivación económica que se propone para Latinoamérica en 2021- 2022, es importante que los Gobiernos impulsen acciones enfocadas en la bioeconomía y el desarrollo sostenible, aspecto en el que Colombia necesita gran reflexión. Este Acuerdo significa la oportunidad de replantear el concepto de desarrollo más allá del extractivismo, priorizando la protección de la vida, consagrada en la constitución de 1991 pero vulnerada constantemente en la práctica.

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