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Sobre protocolos y otras desmesuras

24/02/2020
Por: Juan Carlos Arenas Gómez,profesor Instituto de Estudios Políticos UdeA

«...la decisión de ingresar al campus a perseguir en caliente a quienes ya no estaban en el sitio de la refriega, no deja sino daños y sobre todo dinamita los puentes que se habían bosquejado para el diálogo entre una administración local —tradicionalmente sorda ante los reclamos de la universidad— y los estamentos universitarios...» 

Una medida amparada en la legalidad y anunciada para evitar la violencia, tiene como efecto incrementarla; un camino emprendido para proteger la protesta pacífica, agrede a quienes ni siquiera estaban protestando y les da motivos razonables para el enojo.

Un principio de normalización de las actividades lectivas en las universidades públicas, resulta bruscamente entorpecido por la decisión “a ojo cerrado” de agredir en masa a quienes habitan cotidianamente el campus, so pretexto de proteger sus derechos intangibles.

En este caso se procede como en las llamadas “guerras humanitarias”: con el pretexto de proteger se usa la fuerza desmedida contra aquello que se dice cuidar. En cualquier caso, quienes padecen el acoso, quienes se ven agobiados por las medidas de fuerza, son aquellos que están a expensas de las violencias de todos los bandos.

No hace ninguna diferencia que el sonido aturdidor provenga de artefactos artesanales o de las bombas aturdidoras provistas por la industria militar y esgrimidas por agentes oficiales; acaso la única diferencia radique en la asimetría entre estos dos conjuntos de perpetradores; el daño desigual lo padece la población universitaria que está en medio de la disputa, daño al que ahora se agrega el enojo razonable por una invasión del predio universitario que borra de un plumazo las acciones que se venían gestando entre un sector de universitarios para lograr que el campus se librara de manifestaciones violentas que aturden y no dejan oír los reclamos legítimos ni pensar las alternativas viables y razonables.

El alcalde ha argumentado ante varios interlocutores, que la situación de violencia en los campus universitarios estaba desatendida por las autoridades. Según su juicio, todas las otras administraciones se habían hecho las de la vista gorda respecto al tema. Pero en eso el alcalde también se equivoca.

La medida que él juzga como una novedad, ya había sido practicada con idénticos resultados por Luis Alfredo Ramos, logrando el fabuloso resultado de cerrar la universidad durante un mes, además de cosechar varios heridos graves en las refriegas. También en aquella oportunidad el problema quedó disuelto en medio del humo y el ruido.

Pero entre aquella situación y ésta y entre el Ramos de aquella época y el Quintero del presente si hay una diferencia. Ramos nunca mostró interés y simpatía por la universidad, podría uno decir que no la conocía, llegaban a sus oídos las molestias de los disturbios y bueno, unos puestos que proveer y contratos que mover entre los amigos y cercanos.

En general, la comunidad universitaria no tenía expectativas de ser bien tratada por ese mandatario. Pero en el caso de Quintero la cosa era distinta. Tenía las condiciones servidas para entablar un diálogo con los estamentos universitarios, para crear un ambiente que reforzara el rechazo al uso de medios violentos dentro de la universidad.

Pero la decisión de ingresar al campus a perseguir en caliente a quienes ya no estaban en el sitio de la refriega, no deja sino daños y sobre todo dinamita los puentes que se habían bosquejado para el diálogo entre una administración local —tradicionalmente sorda ante los reclamos de la universidad— y los estamentos universitarios. Es como si la carta de invitación a este diálogo hubiera sido una carta bomba y al abrirla todo se fue al carajo.

¿Cómo puede mostrarse un grado tan notable de torpeza en comprender las cosas? Si la idea es crear condiciones para que la comunidad universitaria rechace el uso de la violencia y sancione socialmente a quienes suelen usar la violencia para expresar sus demandas, este camino emprendido por Quintero es el más errático, destruyendo todo el camino andado por una comunidad universitaria que venía intentando modos alternativos, otros repertorios de reclamo. Estas son medidas que literalmente “dinamitan” la confianza entre la autoridad municipal y los miembros de la comunidad universitaria.

De otra parte ¿Cuánto vale el despliegue policial? ¿cuánto cuesta la movilización de las “fuerzas del orden” para agredir el campus y sus residentes cotidianos so pretexto de impedir la acción del 0.1% de quienes protestan con violencia? ¿Qué tanto se logra disuadir a ese 0,1%? ¿no cree más bien que era la respuesta que esperaban y que le vuelve a dar aire a sus medios violentos?

¿Se pensó por algún momento que un protocolo planteado de este modo era la herramienta idónea, la que les hacía falta a quienes le apuestan a la “agudización de las contradicciones” para crear un clima favorable a la confrontación y en el que el diálogo quede pisoteado por el uso indiscriminado, desproporcionado de la fuerza?

Y ya que esta es una administración que está en la onda de campaña permanente, de aquellas que no les gusta abandonar el fragor de la contienda electoral, habría que preguntarse qué mensaje espera recibir de los ciudadanos que caminamos por estos predios, no solo de los empresarios, no exclusivamente de los opinadores del establecimiento o de las autoridades no electas.

Y en ese balance lo que está claro es que así no es, que este camino además de costoso es ineficiente, ofende a quienes dice proteger, deteriora los caminos nuevos que se habían emprendido y, como un bidón de gasolina, le da nuevo aire a la confrontación violenta.


Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.

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