La sociedad colombiana, tal como ha ocurrido en otros lugares del subcontinente, ha expresado su inconformidad, su malestar y los deseos de ser atendidos por quienes están encargados de tomar decisiones de gobierno. Ese malestar y esa inconformidad señalan los límites y perjuicios de un modelo económico injusto e inequitativo y un sistema político incapaz de representar la pluralidad de las demandas e intereses.

Estas expresiones masivas que despliegan repertorios de acción muy variados, son tal vez un subproducto del proceso de paz y de la desactivación parcial del clima de guerra, que había neutralizado permanentemente la movilización y el reclamo de derechos. En otros momentos mujeres, campesinos e indígenas se movilizaron, lo hicieron en medio de la guerra y, bajo esas condiciones adversas, tuvieron la valentía de reclamar derechos y la salida negociada al conflicto.

Pero casi ninguna de aquellas movilizaciones alcanzó la magnitud de las actuales, ninguna logró juntar tanta diversidad y casi ninguna pudo desplegar sus acciones sin correr el riesgo de ser anulada bajo la etiqueta de infiltración subversiva. Hoy quienes se han puesto en la tarea de desprestigiar la movilización social han instaurado nuevos epítetos que, como el calificativo de “vándalos” o la “conspiración del foro de Sao Pablo”, crean un fantasma aún más intangible que el anterior.

A los motivos que nos unen con los movimientos de otros países, se suman el reclamo por una adecuada implementación del Acuerdo de Paz, la demanda frente a la responsabilidad del Estado de proteger a los líderes sociales, el debate acerca de los planes de extracción masiva de recursos naturales, y las manifestaciones a favor de una mayor inversión de recursos en las instituciones de educación públicas.

Ante esta agenda heterogénea, llena de matices y que recoge demandas y procesos vividos en otros momentos, los responsables y voceros del gobierno insisten en callar ante lo importante, en construir mensajes de una unidad ficticia, en oponer ante dicha unidad el clima de miedo ante el vandalismo y la desestabilización del orden, para justificar los actos desmedidos de fuerza de los agentes del ESMAD, con el argumento de proteger a la ciudadanía —fórmula abstracta, que permite discriminar adecuadamente los destinatarios de dicha protección— produciendo daños tangibles e irreparables en la otra parte de la ciudadanía que se manifiesta en calles, campos y universidades mostrando su descontento frente al gobierno.

Ante las pancartas, las consignas y las cacerolas el gobierno en cabeza de Duque (¿o de quién?) ha reprimido, ha emitido mensajes elusivos, se ha reunido de urgencia con aquellos que no han marchado (empresarios-comerciantes; alcaldes electos), ha diluido los liderazgos de quienes se movilizaron para llamarlos a “un diálogo nacional” y ha “propuesto” como base de este diálogo su propio plan de desarrollo y la agenda de las reuniones que ya tenía proyectadas.

Su incapacidad para leer las circunstancias es proporcional a su frivolidad, que se refuerza con la falta de independencia frente a los poderes que controlan eficazmente su mandato.

De otra parte ¿Qué ocurre del lado de los manifestantes? ¿Qué matices marcan las diversas agendas que se han puesto en movimiento? Bajo estas condiciones de pluralidad en las agendas y en los repertorios de acción ¿Qué posibilidades existen para el diálogo y la concertación? ¿Qué opciones existen para que desde abajo se pueda compatibilizar la agenda de demandas, para que sirva de base común para una concertación realista y que dé salidas al actual conflicto?

Como profesores condenamos la violencia estatal y su efecto homicida. Insistimos en que el valor de la vida de los jóvenes estudiantes, de los campesinos, de los líderes sociales, de quienes le prestan servicios al Estado está por encima de cualquier daño material previsible y remediable. La pérdida de la vida de uno de nuestros jóvenes es algo irreparable y en ningún caso se compara con el daño en bienes materiales que pueden recuperarse con posterioridad.

Llamamos la atención sobre la capacidad que han demostrado las movilizaciones callejeras y los diversos repertorios que se despliegan en ellas –las artes, las consignas, los actos simbólicos, la alegría– para criticar con radicalidad el orden y para lograr cambios sin que, como contrapartida, sea necesario ofrendar la vida de quienes han puesto en ellas sus esfuerzos y creatividad.

Este llamado de atención implica una reflexión seria sobre el uso de la violencia, sobre lo que nos ha costado y sobre las vías alternativas que se abren como retos que hasta ahora nos hemos arriesgado poco a explorar. Las movilizaciones previas de los estudiantes han ensayado vías creativas y audaces, que hoy más que nunca estamos llamados a continuar.

Finalmente, nos sumamos al esfuerzo y reafirmamos la voluntad de mantener la universidad abierta, con espacios plurales de discusión y reflexión, en los que florezcan propuestas lúcidas para responder a los retos que nos impone la situación presente como sociedad.