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Sobre las recientes objeciones presidenciales a la JEP y cómo ello incide negativamente en la construcción de paz son los temas principales del comunicado del Claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.
Hace algunos meses parecía que había cambiado la agenda política del país. Ya se hablaba de otros asuntos como el financiamiento de la educación pública o la lucha contra la corrupción. Llegamos a pensar que por fin se había abandonado a la seguridad y a la guerra como temas prioritarios en la agenda del país. Sin embargo, la agenda varió nuevamente tras la situación con Venezuela, la ruptura de los diálogos de paz con el ELN, y ahora con las objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz -JEP-.
A propósito de esto último, el claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia manifiesta su preocupación frente a una decisión que, si bien tiene implicaciones jurídicas por referirse al trámite de una ley estatutaria, tiene sobre todo un profundo significado político e impactos inciertos en la confianza de quienes dejaron las armas respecto al compromiso efectivo del Estado en el cumplimiento de lo acordado.
Preocupa que, con la idea de “aportar al proceso de construcción normativa”, el Presidente Duque, al usar una de las atribuciones que le confiere la Constitución, haya posibilitado una situación que genera un desgaste innecesario a las instituciones políticas y pone en entredicho la voluntad del Estado para cumplir las obligaciones adquiridas tras la firma de los acuerdos de paz del año 2016. Aunque se quieran presentar estas objeciones como una concreción del principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público, es importante precisar que ellas, en realidad, se refieren a materias de constitucionalidad, y por ello, a cuestiones sobre las cuales ya se pronunció la Corte Constitucional.
Estas objeciones a la ley estatutaria de la JEP hacen parte de un complejo entramado de acciones y discursos con los cuales se ha atacado el proceso de paz, inicialmente en su fase de negociación, y ahora, en el escenario de implementación de lo acordado. Que sea la JEP el principal objetivo de estos ataques, hace que otros asuntos, como la reforma rural integral, se opaquen o que sencillamente no aparezcan dentro de las preocupaciones relativas a la implementación del acuerdo de paz. Sería importante, en este sentido, que el actual gobierno entienda que cumplir lo acordado es un asunto de conveniencia para el país y que todos estos temas también deben ser atendidos.
Más allá de la coyuntura de la JEP, resulta preocupante que la decisión del Presidente puede abrir una puerta a escenarios muy riesgosos para nuestra democracia. Pareciéramos estar regresando a la política del “estado de opinión”, en la cual el respeto de las instituciones políticas es algo que se hace en principio y no por principio. Por ello, que ahora se desconozca una sentencia de la Corte Constitucional por los réditos políticos que esto puede generar no deja de ser lamentable. No hay que olvidar que lo anterior se enmarca en un año electoral en el que cualquier política “popular” podría traducirse en votos a favor del partido de gobierno en las elecciones regionales.
Someter las decisiones del ejecutivo a los intereses de ciertos sectores políticos y a los cálculos de las campañas electorales resulta profundamente lesivo para el Estado de Derecho y nos podría llevar a la prolongación de un conflicto que creíamos estar superando. En pocos meses, la institucionalidad creada para la implementación de los acuerdos con las FARC ha sido herida de gravedad por los más mezquinos intereses partidistas.
Finalmente, es importante recordar que las objeciones a la ley estatutaria que reglamenta la JEP no son un hecho aislado y debemos conectarlo con el conjunto de decisiones gubernamentales de vincular a funcionarios hostiles al proceso de paz en instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica, que se ocupa de la construcción de memoria para el esclarecimiento de la verdad, y en aquellas que han registrado la violencia en nuestro país, como la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación. Esta batalla jurídica contra la Corte Constitucional podría leerse en el marco más amplio de una batalla cultural en la cual los relatos del gobierno disputan por imponer un nuevo sentido común en el que sea la lucha antiterrorista y no el conflicto armado lo que explique nuestra historia.
Lamentamos que en lugar de discutir sobre otras cuestiones trascendentales para el país como el proyecto de Plan de Desarrollo, el cumplimiento efectivo de los acuerdos por la educación superior, o el uso de los recursos naturales, las decisiones del actual gobierno hayan puesto a la opinión pública a hablar otra vez de la guerra, o al menos de cómo evitar que se reanude con toda su crudeza.
Medellín, 18 de marzo de 2019
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