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Garantías laborales del sector salud por la pandemia

05/06/2020
Por: Luz Marina Restrepo Uribe – Periodista

El Decreto 538 de 12 abril de 2020 busca tomar medidas para contener y mitigar la pandemia generada por la covid-19, a la vez que garantizar la prestación de los servicios de salud en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica que se vive en el país.


Según el análisis del Decreto 538 de 2020 que realizó el Observatorio de Garantías Laborales de la Universidad de Antioquia, este tiende a favorecer a las EPS, muchas de las cuales son privadas, en detrimento de las IPS que son las que realmente prestan el servicio de salud, y con dineros públicos que deberían orientarse a fortalecer el sector público de la salud.

El Decreto se emite en el marco de la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica que hizo el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 del 20 de marzo de 2020, con el propósito de tomar medidas temporales para enfrentar la pandemia por la enfermedad de la covid-19 hasta que dure el confinamiento, pretendiendo organizar los servicios de salud y conservando la estructura del Sistema, que está regulado en la Ley 100 de 1993 y sus respectivas modificaciones.

Como plantean los estudiosos del Observatorio citando el mencionado Decreto, el Covid-19 por tratarse de un virus nuevo, solo terminará en el momento en el cual la población tenga inmunidad; bien sea porque tuvo contagio y mejoró, o porque recibió la vacuna, momento al cual podría llegarse en un plazo aproximado de 12 meses, situación que permite pronosticar un incremento progresivo en el requerimiento de la capacidad instalada hospitalaria a nivel nacional.

El trabajo se llevó a cabo mediante el enfoque de trabajo decente desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en términos de promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.

Para la OIT los efectos del Covid-19 en el mundo del trabajo evidencian una crisis mayor que la provocada por la Segunda Guerra Mundial, ya que se está afectando a sectores empobrecidos en la economía mundial, pero especialmente a 136 millones de trabadores del sector salud y a más de 2000 millones de trabajadores independientes, que carecen de mecanismos de protección básica y de cobertura de prestaciones otorgadas por los sistemas de seguridad social, que pueden ser afectados por la infección o por las medidas de confinamiento.

Algunas de las recomendaciones que hace la OIT son: apoyos inmediatos a la población trabajadora informal y a las pequeñas y medianas empresas para conjurar el desempleo y el subempleo e implementar medidas fiscales y de financiación que permitan cerrar las brechas de desigualdades existentes.

Asuntos críticos del Decreto

Algunos aspectos que el estudio cuestiona se relacionan con el llamado obligatorio al personal de salud en ejercicio o en formación, lo cual consideran los expertos vulnera el derecho a elegir profesión u oficio, lo cual es fundamental en caso de que se afecte la propia salud del trabajador y se ponga en riesgo la salud de los familiares que conviven con él.

En este sentido, ¿de dónde deriva tal obligatoriedad impuesta por el Estado con el personal de salud, si en muchos casos ni siquiera ha sido formado por el Estado? A lo anterior se suma que muchos de estos profesionales han estado desempleados y sin opción laboral por parte del Estado, mientras otros tantos son tercerizados ilegalmente a través de cooperativas de trabajo asociado.

Además, muchos profesionales nunca han ejercido práctica clínica y en lugar de aportar, la presencia obligatoria en la asistencia puede ser un factor obstaculizador de las buenas prácticas en salud, enfatiza el documento.

También se cuestiona la graduación anticipada a estudiantes para asistir la emergencia, por cuanto consideran los investigadores estas personas aún no están capacitadas para estar en primera línea de atención, y por lo tanto, los estudiantes de último periodo académico seguramente no tendrán todas las competencias para un desempeño óptimo. 

Propuestas y recomendaciones

El documento plantea que se requiere un nuevo sistema de salud que privilegie lo público y lo común en lugar de seguir favoreciendo a las empresas privadas de salud, a las farmacéuticas y al sistema económico financiero.

Por eso, aunque estemos en situación de emergencia sanitaria, los expertos explican que los servicios de salud prestados deben ser óptimos, buscando la calidad entendida como la previsión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos para lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios.

Proponen, además, cuidar y proteger la salud y la seguridad en el trabajo del personal que atiende la emergencia por la covid-19 y sugieren una mayor solidaridad del sistema, para que las afectaciones de la población pobre no incrementen, lo cual estaría ampliando las brechas y profundizando las desigualdades que la pandemia ha puesto de presente.

A continuación, revive el Foro en el que un panel de expertos hace un análisis sobre el Decreto. 

 

 

 

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