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Sociedad

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Academia Sociedad

Asesinato de líderes sociales, un atentado a la democracia

17/09/2018
Por: Elizabeth Cañas Rodríguez- UdeA Noticias

La victimización de defensores y activistas es “una crisis humanitaria, por los daños al tejido social y las vulneraciones múltiples”. Artículo publicado en el número 679 del periódico Alma Máter.

Fotografía: Laura Montoya Sanabria

El daño no es solamente contra el sujeto agredido, sino también a lo que es ese sujeto social y políticamente frente a otros; al territorio, al movimiento social, político, y a cualquier posibilidad de construcción democrática, dice el director del Instituto Popular de Capacitación, Diego Herrera Duque, frente al asesinato de líderes sociales en el país.

El Gobierno nacional firmó el ‘Pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales’, propuesto en julio de este año y por medio del cual, se fijaron once acciones para garantizar la seguridad de activistas y líderes en el país.

Entre tales acciones, se determinó reestructurar el Programa de protección de líderes a cargo de la Unidad Nacional de Protección, UNP; constituir la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; revisar los esquemas de seguridad de quienes cuentan con medidas de protección y activar alertas tempranas.

Sin embargo, los asesinatos de líderes en Colombia gravitan sobre asuntos de fondo, que deben ser tenidos en cuenta. Así lo señalaron, además del director del Instituto de Capacitación, IPC, Gerardo Vega Medina, director de la Fundación Forjando Futuros, y Álvaro Villarraga Sarmiento, directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Los tres participaron  en el conversatorio “Ser líder social en Colombia”, organizado por la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, Asoprudea.

Villarraga Sarmiento explica que “el Acuerdo de paz reduce el conflicto bélico, pero resurge un nivel de intolerancia sobre los actores sociales”, y agrega que en parte contribuye a ello el papel parcial y débil del Estado por recuperar los territorios; no solo es atribuible al gobierno como tal, sino también a la fuerza pública en su conjunto. A pesar de los 86.000 efectivos comprometidos en el Plan Victoria, el control territorial ha sido minoritario con respecto a lo conseguido”.

El directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica señala el incremento de agresión contra gestores, líderes sociales y defensores de derechos humanos como “una reversión histórica, porque antes de 2015 la tendencia era la disminución de este tipo de victimizaciones”. De hecho, informa, mientras en 2017 fueron asesinados 93 líderes, en 2018 son más de 300 los asesinatos ocurridos en 73 municipios de 24 departamentos del país.

La defensa de territorios, la oposición de movimientos y luchas sociales donde hay actividad extractiva, la defensa de lo ambiental, iniciativas de zonas de reserva campesina, las demandas por el cumplimiento y la protección de los derechos humanos, la restitución de tierras, aparecen como causas de esas muertes, y de manera errada como asuntos del ámbito de la criminalización”, advierte Villarraga Sarmiento.

Y eso, que —contrasta— en 2017 el gobierno nacional revisó la demanda de las organizaciones para superar el concepto de delincuencia, y considerar a los herederos de paramilitares y de redes mafiosos, gestión que generó la reclasificación e inclusión de los grupos, incluyendo, entre ellos, la categoría de armados organizados residuales, a propósito de las disidencias se las Farc

Villarraga Sarmiento califica a la victimización de los líderes sociales en el país como “grave, masiva y sistemática; una crisis humanitaria, por los daños al tejido social y las vulneraciones múltiples”.  

El ataque es político

El director del Instituto Popular de Capacitación convoca a no perder la ruta de los asesinatos de líderes sociales, y trascender de cuántos son, quiénes los matan para reconocer también las características de las víctimas y el porqué de sus muertes.

Coincide con Villarraga Sarmiento en que los incrementos de asesinatos de líderes en Colombia son mayores después de procesos de negociación, pero advierte que, en este último periodo, las víctimas no son tan reconocidas, sino que se trata de activistas y defensores de ‘bajo perfil’, “de sectores rurales, sin representación visible, integrantes de organizaciones comunales; condiciones determinantes para reconocer las causas de sus muertes”.

Herrera Duque asegura quela naturaleza del ataque es política, por la oposición cualificada, el temor a que se regularicen procesos sociales y al fortalecimiento de opciones políticas minoritarias”. Por ello, el director del IPC propone “dar el salto de víctima inerme a víctima como sujeto político”. Para el director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega Medina, la importancia de la tierra y las geografías específicas, así como la posesión de tierras están correlacionadas con los asesinatos de líderes.

De las tasas de concentración de las tierras en América Latina, es la de Colombia la más alta: el 1% de los colombianos es dueño del 83% de las tierras del país. “Aquí se necesita voluntad política para adelantar esa restitución que esperamos, pero, en realidad, no son muchas las expectativas y a pesar de que no está planteada ni siquiera una gran reforma agraria; la restitución ocupa un 5% de la agenda de paz”.

Y asegura que el Estado no sabe de quién es la propiedad de la tierra. Son 114 millones de hectáreas, pero un 63% no están formalizadas; es un Estado que no tiene control y este desorden le sirve a quienes tienen dominios en los territorios.

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