Sociedad

Taller de Vivienda Asistida por docentes uruguayos a excombatientes de los ETCR de Tierra Grata, Cesar, y Pondores, La Guajira.

A 40 minutos de Valledupar, capital del Cesar, en zona rural del municipio de La Paz, se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Tierra Grata, al que llegaron 160 excombatientes de las Farc en 2016 con su única posesión: «un fusil y el equipo de campaña», cuenta Francisco Ortega, consejero de comunicaciones del ETCR. 

Ahora son más de 300 los excombatientes que habitan uno de los ETCR más exitosos del país por sus iniciativas productivas, sus condiciones de seguridad y los perfiles de sus integrantes, en su mayoría de base, y oriundos del Caribe colombiano. 

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Si bien el proceso de reincorporación a la sociedad presenta diferentes alcances por regiones, en este caso la reunificación familiar, el baby boom (22 nacimientos) y su ubicación geográfica en la Serranía del Perijá han hecho que el tamaño de la población del sector de Tierra Grata haya aumentado, mostrando así, el cambio demográfico al que se enfrenta el ordenamiento territorial de los municipios donde se encuentran los ETCR. Por ello, y ante el incumplimiento parcial en el Acuerdo de paz por parte del Gobierno Nacional, este grupo de personas concentra sus esfuerzos en lograr el acceso a una vivienda propia.

Por esta razón, los docentes de la Universidad de la República, sede Salto, Alejandro Noboa, Natalia Bisio, Rosmari Negrin y Mariano Suárez visitaron este espacio. 

Uruguay es un referente mundial en el modelo de construcción de vivienda asistida, así que a través de un taller, los docentes explicaron a los excombatientes las bondades, dificultades, tiempos y momentos que ha tenido el proceso en Uruguay. Una experiencia «muy valiosa para nuestro proyecto Ciudadela de paz», manifestó Carlos Andrés Ospina, coordinador territorial del ETCR Pondores en La Guajira.

«Todos construyen la casa de todos, es el lema de una de las estrategias de vivienda asistida en Uruguay. El modelo se basa entre otras cosas, en la triple A: autogestión, autoconstrucción y ayuda mutua», explicó Natalia Bisio. 

La estrategia funciona así: los integrantes de la cooperativa de vivienda urbana solicitan un crédito de manera conjunta al Estado uruguayo, que al ser obtenido deben administrar en cada uno de los procesos que comprende la construcción. Además deben trabajar mínimo 21 horas semanales en la edificación.

El poder del trabajo colectivo

Escuela del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Tierra Grata, Cesar. 

De acuerdo con el censo realizado en 2017 por la Universidad Nacional de Colombia, del total de los excombatientes ubicados en los 24 ETCR a lo largo del país, el 77 % no tiene vivienda donde habitar, el 54 % tienen hijos y el 57 % solo tiene nivel educativo de básica primaria. 

En el estudio se añade que «la vivienda es un asunto que se debe atender de inmediato para establecer mecanismos que permitan la construcción y manejo sostenible (…) Estos procesos se deben adelantar ya mismo, pues una vez empiece a madurar la consolidación de los asentamientos ya no será posible». 

La delegación académica de Uruguay destacó que una de las facilidades que pueden tener los integrantes de los ETCR para aplicar este modelo es que ya viven y trabajan en comunidad, así que no será un problema organizarse para cumplir su meta: la construcción de 350 viviendas, 200 en Pondores y 150 en Tierra Grata. 

Carlos Andrés Ospina explica que con el proyecto Ciudadela de paz se hace una «apuesta por romper los moldes de la vivienda convencional en Colombia; bien sabemos que no hay un marco legal que regule la vivienda asistida y este proyecto se lo propone para garantizar no solo la reincorporación social, sino también mejorar el déficit de vivienda que hay en nuestros entornos comunitarios».

Intercambio de saberes

Conversatorio de profesores uruguayos y colombianos en la Sede de Investigación Universitaria.

En la Sede de Investigación Universitaria, SIU, los docentes uruguayos se reunieron con los colombianos para hablar sobre metodologías participativas desde la sociedad, el Estado y la academia. La actividad hizo parte de las estrategias de formación, promoción e investigación del Grupo de Procesos y Metodologías Participativas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – Clacso. 14 docentes reflexionaron durante cuatro días sobre los procesos de las metodologías participativas. 

«Buscamos interrelación de una academia que colabora, participe y esté muy al frente con la realidad local de las organizaciones de base. Nuestro énfasis fue resaltar los avances y tendencias de la Investigación Acción Participación –IAP– y mostrar con ejercicios de la vida académica, comunitaria y estatal cómo se han venido incorporando metodologías que acompañan la IAP y que permiten hablar de unos avances y explosión de este enfoque y método», explicó Eryka Torrejón, socióloga de la Universidad de Antioquia e integrante del grupo de investigación Medio Ambiente y Sociedad.

Los cerca de 70 asistentes pudieron dialogar sobre experiencias universitarias como Fuentes vivas de la Universidad Externado de Colombia y Medellín se toma la palabra de la Universidad de Antioquia. O iniciativas comunitarias y desde la base, como la experiencia de la Cooperativa Confiar o los presupuestos participativos en Uruguay, con el aporte de los profesores invitados. 

Además, los asistentes participaron de talleres que permitieron acercarse a la práctica de algunas de las técnicas participativas orientadas por lo que se denomina sociopraxis, una de las vertientes que ha originado la IAP en otros contextos académicos. En palabras de James Vinasco, docente UniMinuto, «estas metodologías se aprenden haciendo, esa es la clave. Repetirlas nos permite encontrar la riqueza y más cuando se hacen diálogos con otras personas, otras perspectivas y otros conocimientos, porque le da más riqueza a la técnica».

Mariano Suárez, docente de teoría social en la Universidad de la República, compartió la experiencia de los presupuestos participativos en Uruguay y Argentina, modelo que los asistentes compararon con el caso Medellín. Del encuentro surgieron dos posiciones «unos dicen que los presupuestos participativos deben levantar la mira y hacer que el individuo piense en problemas generales de la zona y se despoje de su posición individual; y otros que no, que dicen que el individuo necesita de pequeñas cosas, como obtener resultados rápidamente en mejora de su calidad de vida», indicó Suárez. 

De acuerdo con Natalia Londoño, directora del Centro de Estudios de Opinión del departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia, «conocer la experiencia de Uruguay nos permite reflexionar sobre cómo hacer para que se abra y fortalezca el diálogo entre estas instancias y hacer investigaciones más pertinentes». Ese fue uno de los objetivos logrados en el Seminario Internacional de Investigación Social, diálogo sociedad, Estado y Universidad: el poder «poner a conversar experiencias» uruguayas y colombianas.

El seminario finalizó con una charla sobre participación de víctimas en la Jurisdicción Especial de Paz –JEP– a cargo de la magistrada del Tribunal Especial de Paz, María del Pilar Valencia, y otra charla sobre participación de campesinos en el derecho a la tierra, a cargo de la abogada Isabel Correa.

En este contexto, la magistrada expresó que «sería muy importante que la academia definiera algunas estrategias en el marco de la justicia transicional para acompañar y asesorar a las víctimas en la elaboración y presentación de informes con líneas investigativas que ayuden y contribuyan a la documentación de los casos, esto sería un aporte muy importante, unido a procesos de pedagogía para que la ciudadanía se apropie del alcance, contenidos y mecanismos de participación de que dispone la JEP».