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Academia

Crisis de la universidad pública: una urgente reforma

10/10/2018
Por: John Mario Muñoz -Presidente de la Asociación de Profesores de la UdeA

La desfinanciación de las universidades públicas no puede verse como algo circunstancial. La situación obedece más a reglas de juego institucionales y normativas, que les han restado capacidad de funcionamiento y las han asfixiado, por la falta de presupuesto y de una política educativa estructural, que pase de los metarrelatos y el eslogan a una verdadera financiación por parte del Estado.

Imagen: Archivo Universidad de Antioquia.

La cifra es cercana a los 16 billones de pesos, sin embargo, en el programa Ser pilo paga se «invierten» 3.7 billones de pesos de recursos públicos, el 90% de los cuales se van para universidades privadas. Así, por ejemplo, mientras a la Universidad de Los Andes le ingresan cerca de 48 mil millones de pesos por 3.366 estudiantes «pilos», a la Universidad de Antioquia le ingresan 9 mil millones de pesos por los 468 matriculados por este programa.

Con el dinero de Ser pilo paga, presupuestado para 40.000 estudiantes, las universidades públicas podríamos formar 305.000, dadas las diferencias en el costo de las matrículas.

Otro punto desconcertante es que los dineros de la reforma tributaria de 2016, destinados en principio para la educación superior pública, fueron girados de manera inconsulta al Icetex y a Ser pilo paga.

El panorama es más preocupante aún, cuando el Gobierno está planteando una reducción presupuestal para educación del orden del 30%. Es claro, pues, que la pérdida histórica y deliberada de los ingresos para las universidades públicas va en contra vía de los lineamientos de política pública para la educación superior.

En la iniciativa Acuerdo por lo superior 2034, se propuso invertir 7 puntos del PIB para aumentar en 1.250.000 estudiantes en educación superior, pero solo se invierte 0.4 del PIB cada año. Según el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia, en 1993 el 73% de los aportes del Estado destinados a la educación superior eran para funcionamiento, y en 2016 es el 48%; en 2002 se invertía el 0.5% del PIB en educación superior y en 2018 es el 0.4%.

En contraste, entre 2000 y 2018 la población estudiantil universitaria creció 124%. Y como siempre, la crisis financiera de las universidades públicas afecta, de manera directa y particular, a los estratos menos favorecidos, que tienen que enfrentar una dura competencia por un cupo, ya que solo el 10% de los aspirantes pasan, y de estos el 85% son de los estratos 1, 2 y 3.

Por otro lado, y con los mismos recursos de hace dos décadas, ha sido notorio el aumento de la cualificación docente y de la producción investigativa y de publicaciones. De hecho, 8 de las 10 mejores universidades del país son públicas.

La regresión en los salarios de los profesores tampoco es un problema menor. Por efectos de la reforma tributaria de 2016 —artículos 336 y 388 de la Ley 1819— los docentes hemos perdido de 1 a 3 salarios, según cada caso; lo mismo por la reforma al Decreto 1279 de 2002 y la modificación del Publindex, pues al disminuir las revistas clasificadas para publicar se le resta a los profesores posibilidades de incrementar el salario.

Mientras todo esto sucede, las universidades públicas sobreviven por el porcentaje de autofinanciación cercano al 50%, lo cual conlleva al deterioro de las instituciones, porque las expone a un mercadeo desaforado que las descentra de su esencia fundamental. 

Como profesores, estudiantes y administración de las universidades públicas, debemos insistir, persistir y exigir, no solo una adecuada financiación de las universidades públicas, sino un cambio sobre el modelo de estructuración de la educación en el país.

Las decisiones en la educación deben ser concertadas, para que la universidad sea dignificada y brille como lo hace, pese a las circunstancias financieras; y se repotencie como polo de desarrollo social, ético y moral de la sociedad.

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