Periódico Alma Máter

La Ley 1448 —de Víctimas y Restitución de Tierras— ha reconocido a más de nueve millones de víctimas en diez años de vigencia. Imagen de referencia, cortesía de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Horacio Rendón es un sobreviviente. Mientras defendía los derechos laborales de los trabajadores de banano en el Urabá antioqueño, se salvó de perder la vida en su casa de Apartadó. 

Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, comandadas entonces por Fidel Castaño, lo buscaron para asesinarlo junto a otros nueve compañeros suyos que perdieron la vida en la masacre de Los Katíos en 1993. Había llegado a la región en 1984 y, tras nueve años de trabajar allí, nunca más pudo regresar. 

«En ese entonces, en los noventas, Colombia no tenía todavía esa capacidad de entender qué sufre un desplazado, cómo se recupera lentamente y mucha parte de la población no sabía qué derechos tenía como víctima», dijo este líder quien hoy es concejal de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, a donde llegó a empezar de cero sin más recursos que su vida y la de su familia, una vez fue desplazado. 

Lo que no sabía era que en 2008 también le tocaría liderar un desplazamiento masivo en el que 1645 personas tuvieron que huir de los enfrentamientos entre Caparros y Clan del Golfo en la vereda El Tigre, ubicada a 25 kilómetros de la cabecera municipal de Cáceres.  «De esas personas desplazadas, más de 900 han sido reconocidas por la Unidad de Víctimas y tienen el Registro Único de Víctimas –RUV–», comentó. 

Esas 900 personas y este concejal, forman parte de las 9 113 500 personas reconocidas como víctimas e incluidas en el RUV en Colombia, desde que la Ley 1448 —Ley de Víctimas y Restitución de Tierras— entró en vigencia en 2011. Muchas de estos más de nueve millones de personas, han vivido en carne propia múltiples hechos victimizantes, el desplazamiento forzado ha sido el que ha afectado al grueso de la población víctima y ha dejado más de 8 millones de personas en condiciones en las que requieren con urgencia atención humanitaria y reparación integral.

Un intento de reparación

La ley, que en junio de 2021 cumple 10 años de vigencia, considera víctimas a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas en medio del conflicto armado interno. Además, las víctimas de desplazamientos generados por bandas criminales que surgieron en 2006, cuando culminó la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, también son reconocidas gracias a la Sentencia C-280 y auto 119 de 2013 de la Corte Constitucional. 

Aunque el fenómeno de desplazamiento forzado se presenta en Colombia por lo menos desde 1930, el Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia, creado en 1995, le abrió la puerta a la política pública para víctimas del conflicto armado interno. Este Plan evolucionó a lo largo de los años hasta lo que hoy conocemos como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que mediante la Ley 2078, sancionada por el presidente Iván Duque, ha sido prorrogada hasta 2031. 

En 2004 la Corte Constitucional exigió que se concretara una regulación específica para que las víctimas pudieran recuperar sus predios, además de recibir medidas de atención humanitaria. Es así como la Ley tiene como uno de sus énfasis la restitución de tierras, que responde al despojo o abandono forzado que han vivido miles de familias en Colombia por cuenta de grupos armados ilegales y el desarrollo de sus economías ilícitas. 

Uno de los componentes más polémicos y neurálgicos de la ley es la restitución de tierras pues después de aprobada la Ley 1448, el gobierno de Juan Manuel Santos prometió que se restituiría en Colombia 3,5 millones de hectáreas en cuatro años. Sin embargo, desde 2011 la Unidad de Restitución de Tierras –URT– ha restituido más de 380 000 hectáreas en el país. La ley, según los expertos consultados por Alma Máter, se ha quedado muy corta. 

«Desde la colonia se habla de la disputa por la tierra. Resolver este problema, por supuesto no se iba dar de la noche a la mañana. Nos hemos encontrado con una realidad durísima: no hay bases de datos uniformes, están desactualizadas o hay incoherencias en las fuentes. Eso complejiza mucho la situación y hace que sea difícil establecer la relación de las víctimas con la tierra», explicó Benjamín Yepes Puerta, abogado y especialista en restitución de tierras de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

Para este experto la institucionalidad colombiana aún no está a la vanguardia de las exigencias que requiere el cumplimiento cabal de esta política y los jueces han tenido que ajustar e intentar coordinar a diferentes entidades del Estado que no estaban alineadas inicialmente con el enfoque de la Ley. 

A esto se suma que el Estado colombiano intenta reparar a las víctimas en medio de un conflicto que permanentemente «recicla» grupos y actores que lo han agudizado en algunas regiones, incluso después de la desmovilización de las Farc. «Ese fue el desafío desde el comienzo: mientras el conflicto exista es muy complejo, la verdad es que hay zonas del país donde no se puede restituir, incluso a pesar de la microfocalización», indicó Yepes Puerta. 

La micro y la macrofocalización son procesos necesarios para la restitución de un predio, para esto se requiere el aval por parte de la Fuerza Pública para el ingreso de sus hombres y los funcionarios de la Agencia de Restitución de Tierra. En municipios como Cáceres y otros del Bajo Cauca antioqueño, este proceso se ha detenido en varias ocasiones por cuenta de las disputas territoriales entre grupos ilegales.

Esperanza prorrogada

Para este abogado y catedrático es valioso el recorrido de la Ley durante estos diez años. Incluso, ya hace parte de un capital humano e institucional el conocimiento especializado de jueces de tierras y de los acuerdos con las diferentes instituciones del Estado, para afrontar la prórroga hasta el 2031. «Yo creo que ha faltado un poquito de voluntad política en todo, ya ha habido muchos aprendizajes, pero ¿qué ha pasado? El ejecutivo es muy variable, sus funcionarios cambian mucho, no pasa lo mismo con los jueces». 

Para Horacio Rendón hay una esperanza. Aunque diez años le parecen poco, otros gobiernos posteriores podrían permitir seguir avanzando: «Es la esperanza para las víctimas de entrar a hacer propuestas, también tenemos derecho a pronunciarnos para tener una reparación digna y rehacer su vida». 

Aunque la Ley puede llegar a quedarse corta, cree que esta debería priorizar el reconocimiento y la reparación integral de víctimas que hayan sido revictimizadas incluso dos o tres veces. Espera que como él, otras víctimas sientan que sus derechos han sido reivindicados y que el Estado pueda saldar con ellas una deuda histórica, consecuencia del conflicto armado interno que ha ocurrido durante décadas.