Opinión

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 metas que deben cumplirse para 2030 demuestran la escala y la ambición de la nueva agenda global. Esta refleja 15 años de trabajo y aprendizaje en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y resulta en consonancia con el enfoque de derechos y exigiendo modificar patrones de planificación, seguimiento, convivencia, producción, consumo y comercialización (GES, 2016).

Es así, como el nuevo concepto de cambio transformador está ganando impulso en las comunidades de investigación, negocios y políticas debido a las tendencias alarmantes en el cambio climático y la protección de la biodiversidad que pronto pueden volverse irreversibles. El aumento de las desigualdades de ingresos y riqueza y el acceso desigual a los servicios clave, como la salud y la educación, dentro de los países también requieren profundas transformaciones de las políticas sociales, territoriales y fiscales.

Diseñar la combinación correcta de políticas transformadoras y equilibrar las consideraciones a corto y largo plazo requiere los esfuerzos integrados de científicos, academia y especialistas en políticas. Como también se necesita un amplio apoyo público y aceptación (Sachs J, et al. 2019).

Actualmente, se han propuesto seis transformaciones sustentadas por los principios de no dejar a nadie atrás, y circularidad. Salud, bienestar y demografía, agrupa intervenciones para garantizar la Cobertura Universal de Salud (CUS), promover comportamientos saludables y abordar los determinantes sociales de la salud y el bienestar. Se dirige directamente a los ODS 2, 3 y 5 con fuertes sinergias en muchos otros objetivos, donde su implementación debe ser dirigida y coordinada por el ministerio de salud (Sachs J, et al. 2019). Alcanzar las metas en salud dependerá mayormente de los factores favorables de economía política (Reich M, 2019).

Colombia tiene fuertes razones para asegurar la implementación de esta agenda y ser un país transformador. Fue uno de los precursores en su diseño desde la Conferencia Río+20 en 2012 y ha sido pionero en la inclusión de la Agenda en sus instrumentos de planeación, como lo es el CONPES 3918 sobre ODS (PNUD, 2018). Además, aunque el balance general del país en el cumplimiento de los ODM fue positivo (86,8% de cumplimiento) para los ocho objetivos establecidos, metas en salud como la disminución de la mortalidad materna en 2015 no fue lograda (CONPES 3918, 2018). Igualmente, a nivel territorial se evidenciaron disparidades importantes que sugieren un avance desigual en las diferentes zonas del país.

Por otro lado, la implementación de los ODM se soportó en recursos propios del Gobierno nacional, sin embargo, los recursos no fueron suficientes debido a la falta de planeación financiera de la estrategia de implementación y la dificultad para costear una agenda tan ambiciosa de largo plazo (Martin y Walker, 2015).

Asimismo, entre 2015 y 2017 los recursos destinados a cumplir los ODS disminuyeron en un 11% debido a que la economía nacional se vio afectada por los precios del petróleo. Particularmente los ODS 3 y 4 (salud, bienestar y educación) se vieron afectados por su predominante financiación a través del PGN (Presupuesta General de la Nación) y del SGP (Sistema General de Participaciones) (DNP, 2018). Necesitamos ser estratégicos para que las dificultades fiscales de los ODM no se repitan.

Finalmente, el cambio transformador es clave y necesario. Se debe llevar los ODS a los territorios con una mirada multidimensional para que “nadie se quede atrás”. Hay que involucrar a todos los actores en realizar la Agenda 2030. Se requieren alianzas que sumen el compromiso y acción de las empresas, sociedad civil organizada, ciudadanía, academia y cooperación internacional.

Al tratarse de una ambiciosa agenda, su financiación representa retos y oportunidades. Adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y aprovechar los recursos públicos y privados para generar transformaciones nos concierne a todos.