Opinión

Entre los factores que permiten comprender las movilizaciones ciudadanas, debe destacarse los efectos de la Constitución de 1991. Sin ser la panacea y con todas sus limitantes, ella con su acento en la participación de la ciudadanía y con la promesa del Estado social y democrático de Derecho marcó un giro en la tradición política del país.

El giro ha sido traumático porque conlleva una crisis que podríamos entender en la lógica de lo nuevo en pugna por emerger y lo establecido resistiendo su extinción. Para una sociedad acostumbrada al favor, la caridad, la rosca, la clientela, el catolicismo, el miedo, “sálvese cada uno”, “no sea metido”, “qué me importa”, etc., resultó traumático empezar a aprender el lenguaje de los Derechos y el interés por lo público, pero hemos avanzado.

En efecto, en esa Constitución el esbozo de una sociedad democrática y con Estado social contrastó con la cultura política per viviente del siglo XIX hasta nuestros días.  Por ello, en el siglo XXI uno de los resultados de la Constitución es que las personas pasaron de pedirle dadivas a los representantes del Estado a exigirles el cumplimiento de los Derechos.

Empezar esa ruptura ha tomado casi treinta años. La pedagogía constitucional ha dado sus frutos. Por lo mismo, en su mayoría los rostros de los manifestantes exigiendo Derechos son de personas jóvenes (bachilleres y universitarios), todos ellos educados y criados bajo el signo de la participación y la responsabilidad del Estado en la atención al ciudadano.

Además de este hecho, debe contemplarse que los jóvenes de hoy cuentan con mayor formación e información que generaciones anteriores (padres y abuelos), esto gracias a la globalización en su aspecto tecnológico y cultural. De ahí, que las figuras de autoridad requieran, para serlo, ir más allá del engaño y la tradicional amenaza del uso de la violencia.

En el nuevo contexto global, el gobernante al tomar una decisión la somete a validación con perspectiva internacional, es decir, no basta tener como argumento la situación nacional. Es así como una decisión gubernamental sobre educación es discutida por los jóvenes comparando la decisión nacional con tendencias del mismo continente o con países europeos. Cuando el gobierno decide prohibir el consumo de drogas, encuentra jóvenes que manejan información sobre política de drogas de países como USA y los mismos informes de la ONU.

Si el gobierno decide políticas mineras y energéticas, encuentra jóvenes que controvierten ese tipo de decisión presentando entre sus argumentos la situación de países africanos. Cuando el gobierno decide políticas de seguridad nacional para detener una amenaza internacional, encuentra jóvenes informados sobre los enfoques de seguridad en el mundo y las dinámicas políticas en otros continentes, etc.

Por esas condiciones, tanto internas como externas, los actores del paro nacional no se detendrán solo a cambio de 3 días sin IVA y por las promesas del gobierno de deshacer leyes. El gobierno, posiblemente por su fuerte influencia católica, considera que está hablando con la generación de las limosnas, pero realmente tiene enfrente a la generación de los Derechos. Generación que eleva su voz de protesta porque reconoce a la protesta misma como parte de la dimensión de la ciudadanía en un sistema pretendidamente democrático tanto a nivel nacional como global.

Generación que también ha logrado comprender que la participación ciudadana no es sinónimo de violencia y que, justamente en un país con larga historia de violencias, el mayor reto es lograr las transformaciones sin apelar o permitir que las acciones violentas acallen los contenidos de las voces en protesta.

En esa medida, no se trata solo de una opción ética por la paz, sino de una opción estratégica: en Colombia el uso prolongado de las violencias las ha hecho retardatarias. Hemos logrado avizorar algo más de la Colombia Constitución de 1991 después de la firma del Acuerdo de paz que durante todo el tiempo de confrontación armada.

Esta generación sabe que los Derechos cuestan y que estos pueden financiarse siempre y cuando los cambios conduzcan a que sociedades ricas, como la colombiana, dejen de tener un Estado empobrecido: bajos presupuestos estatales, alta corrupción y atención a unos pocos.

Esta generación parece también tener claro que la otra cara de los Derechos son los Deberes. Y en una democracia uno de los principales deberes es el interés por lo público. Cuando la ciudadanía establece una agenda pública, como ha hecho la generación gestada al calor de 30 años constitucionales, demuestra que esta es la generación de los Derechos y llegó para quedarse.

Este texto fue publicado en La Silla Vacía el martes 10 de diciembre de 2019

Nota

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