Opinión

A cien días de asumir el cargo como rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, presentó cifras sobre la situación financiera que son realmente preocupantes. El déficit para el año 2018 es de 69 mil millones de pesos y el acumulado es de 113 mil millones. Este ha ido creciendo desde 1992, cuando el gobierno estableció la política financiera para las universidades.

La UdeA tiene 37.041 estudiantes en pregrado, 1.646 en maestrías y 616 en doctorados; el 92 % de los estudiantes pertenece a los estratos 1, 2 y 3; tiene 103 programas de pregrado y 213 de posgrado; 13 sedes regionales en los municipios del departamento y cuenta con 1.419 profesores vinculados, 507 ocasionales y 4.983 de cátedra.

El asunto de la desfinanciación está afectando de forma grave el proyecto que se muestra en estas cifras. Hay mucha inseguridad porque “la sostenibilidad financiera de la Universidad está en riesgo”, advirtió el vicerrector Administrativo Ramón Javier Mesa.

La situación de la UdeA es similar en este aspecto a la de las 31 universidades públicas del país, las cuales tienen un desfinanciamiento de $15 billones (Sistema Universitario Estatal-SUE). Este hueco en el presupuesto es el efecto del impacto económico de la Ley 30 de 1992, la cual estableció que las transferencias que reciben las universidades crecieran al ritmo del comportamiento del IPC. Pero los gastos de funcionamiento, inversión y de personal han aumentado 5,9 puntos porcentuales por encima del IPC entre 2010 y 2017.

¿Cómo enfrentar esta situación? Hay varias propuestas. Parece que el Ministerio de Educación propondrá un cambio de algunos artículos de la Ley 30 y modificará el sistema de estímulos para la producción académica por uno de bonificaciones. El rector Arboleda y otros rectores proponen que se generen recursos propios para financiar las universidades. ¿A dónde va la universidad pública? ¿Debe organizarse como una empresa para generar sus recursos? ¿El sistema de bonificaciones conducirá a la reducción del nivel salarial de los profesores?

Sabemos que el desfinanciamiento es la consecuencia de una política, no de la falta de recursos financieros del Estado, el cual ha tomado partido por la educación privada y creado mecanismos para transferirle recursos públicos, como el programa “Ser Pilo Paga” y el recaudo del impuesto sobre las ventas que se le entregó a las universidades privadas a través de Icetex, entre otros.

El desfinanciamiento es entonces una política neoliberal. Para los neoliberales, “la organización tradicional de las universidades implica en el mejor de los casos una asignación poco eficiente de los recursos públicos, en el peor, un puro desperdicio” (Escalante). Consideran que la universidad debe actuar como una empresa que busca éxito en la competencia por fondos, profesores, estudiantes; debe abandonar la idea de la comunidad científica que produce conocimiento como un bien público global, y avanzar hacia la producción de un conocimiento competitivo como un bien privado (Münch). Cuando esto suceda se acabará el problema del desfinanciamiento, pero no tendremos universidad. Tal vez una empresa con negocios académicos.

Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el martes 14 de agosto de 2018

Nota

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