Opinión

Como suele pasarle a variados columnistas, esta columna tiene su procedencia en una experiencia cotidiana: tomar el taxi. Los taxistas son una suerte de “porteros” de la ciudad, son las primeras personas que, así uno no lo pida, ofrecen un relato del lugar a quienes usan su servicio. Ese relato es tomado en serio porque el taxista, se supone, gracias a su labor de calle, tiene a favor el conocimiento de los intríngulis de la vida cotidiana de la localidad.    

Al tomar un taxi en Medellín, el taxista empezó su conversación con la siguiente afirmación: “¡Aquí en Colombia todos somos corruptos! Míreme a mí, ser corrupto hace parte de mi trabajo. Acá en Medellín usted cuadra con todos los guardas. Las infracciones las resuelvo con billete. De pagar todo lo que toca pagar al Municipio, mejor cuadro con el guarda y salgo ganando. La multa oficial es más costosa que el arreglo bajo la mesa. Eso sí —me advirtió—, ni se le ocurra irse para Envigado, allá uno no tiene manera de sobornar a un guarda”. “¿Y eso?” —le pregunté—. “Porque allá los tienen con cámaras, en los botones de la camisa ahí las tienen, entonces todo queda grabado”.

El taxista, cuando citó el caso de Envigado, literalmente estaba indignado porque, según él, en el municipio del sur, después de ir más de una cuadra en contra vía, un guarda del tránsito lo sancionó y el taxista no pudo sobornarlo. La anticorrupción de los funcionarios, atribuida a las cámaras, fue el único argumento de este taxista para jurar que no volvería a hacer “carreras” a ese municipio.      

Resultó llamativo de este diálogo que, contra el ideal de la transparencia en la actuación pública, el ciudadano de marras no estuviera indignado por la corrupción en el país, sino —todo lo contrario— que su indignación radicaba en haber encontrado funcionarios que, al parecer, por presión de la cámara, actúan correctamente, apegados a la ley.

Esta experiencia es aleccionadora sobre la situación de la corrupción en Colombia. Para un sector de nuestros ciudadanos —temo que no sea un sector menor— lo normal es que el guarda de tránsito sea corrupto o corruptible; lo extraño, incluso al punto del repudio, es un funcionario que cumpla con la ley, así sea obligado por el control que —según el citado taxista— ejerce la cámara que lleva en los botones.

Para este tipo de ciudadano, su comportamiento resulta justificado porque en el país “todos somos corruptos”, en consecuencia, si el resto lo hace ¿él por qué no? En el racionamiento de este ciudadano, el centro de la preocupación es exclusivamente los intereses particulares. Para este taxista, las infracciones de tránsito cometidas —lo cual acepta— no desea pagarlas legalmente porque resultan costosas. Su cálculo es que al negociar con el funcionario ambos terminan ganando: quien hace la infracción porque pagará mucho menos del valor oficial del comparendo y el guarda porque obtendrá recursos extra.

El techo económico de la fraudulenta negociación es el monto oficial de la infracción establecida por el Estado, pero el pago efectivo de lo acordado no entra al erario. El dinero, billete, entregado al funcionario corrupto va para su bolsillo. Y en eso el taxista efectivamente tiene razón, en la corrupción los mayores beneficiados son los privados. Pero, faltaría agregar que los beneficios de la corrupción para los privados, especialmente los que tienen más poder, redunda en detrimento del interés público. La concepción de igualdad ante la ley y la garantía de encontrar un funcionario que actúe en consecuencia con esta queda desdibujada.

Esta experiencia cotidiana contribuye a comprender las raíces socioculturales de la corrupción en el país y, por lo mismo, esboza el largo camino a recorrer para que los ciudadanos tengan noción de y responsabilidad con lo público. Esta normalización de la corrupción como la forma de relacionamiento con el Estado, con sus funcionarios, para obtener beneficios hace parte de las serias dificultades para hacer reformas de fondo sobre esta problemática.

Con ciudadanos como el mencionado taxista, es más que comprensible la suerte de los proyectos anticorrupción presentados por el actual gobierno al Congreso de la República: de siete proyectos, avanzan tres y cuatro fueron hundidos. Y de los tres, hay que esperar cómo quedan después de los debates y ajustes. Mientras tanto, los privados seguirán favoreciéndose de la corrupción, sabiduría popular del taxista.

Este texto fue publicado en La Silla Vacía el miércoles 9 de octubre de 2019

Nota

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