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Opinión

La pandemia del hambre y el derecho a la alimentación

16/10/2020
Por: Germán Darío Valencia Agudelo, profesor Instituto de Estudios Políticos UdeA

«... Debemos trabajar en el corto, mediano y largo plazo, en variados frentes, para generar seguridad alimentaria en los hogares colombianos. En crear y expandir los programas de protección social, para facilitar el acceso a alimentos y proteger los ingresos de los grupos más vulnerables...»

La crisis de la salud, provocada por la pandemia de Covid-19, ha servido para desnudar la grave situación de pobreza y marginalidad que vive la mayoría de los hogares colombianos. Millones de personas se levantan a diario con la incertidumbre de no saber que van a comer durante la semana o incluso durante el mismo día. El país se enfrenta a la pandemia del hambre, una vieja pero silenciosa enfermedad social que hoy, en la coyuntura de la crisis, se hace más palpable.

Esta crisis de inanición quedó evidenciada desde las primeras semanas en las que se decretó el confinamiento obligatorio. A pesar de la advertencia del mal invisible, desde marzo de este año, miles de personas alzaron la bandera roja en sus precarias casas como símbolo de desesperación y muestra de la frágil situación que viven. Además, salieron a las vías públicas a pedir alimentos y a realizar largas filas con el fin de recibir ayudas alimentarias que la gente les pueda entregar.

Pero el problema del hambre de la población en Colombia no se asocia con la falta de alimentos, sino por la carencia de recursos para comprarlos. Un ejemplo lo presenta hoy Antioquia: hoy existe una sobreproducción de leche y los empresarios ganaderos no tienen forma de salir de los cuarenta mil litros diarios que tienen en sus bodegas; sus clientes no tienen dinero para comprar. Lo mismo les pasa a los supermercados, sus estantes están repletos de alimentos, pero faltan los adinerados clientes que se los lleven.

La crisis del hambre explotó con el aislamiento obligatorio del Gobierno. Esta situación provocó que los grupos más vulnerables, aquellos que viven en la informalidad y cuyos ingresos depende de su trabajo diario, comenzaran a sentir hambre. Nos encontramos frente a un modelo económico construido sobre la idea de que cada uno debe buscar la manera de sostenerse y sobrevivir. Que el bienestar económico de cada ciudadano depende del trabajo que cada uno realice.

De allí que deba reconocerse que la crisis del hambre que pasa el país, dejó venirse desde hace varias décadas. La economía ha dejado construir una serie de variables que han llevado a que hoy se viva la crisis del hambre. Entre ellas, una tasa de desempleo cercana a los 20 puntos, que ha creado alrededor de cinco millones de personas desocupadas; y nueve millones de víctimas del conflicto, la gran mayoría de ellas viviendo en los cinturones de miseria de las ciudades.

Estos hechos han afectado de manera generalizada los ingresos diarios de millones de personas. Las tasas de pobreza y pobreza extrema siguen subiendo en Colombia. La falta de ingresos está limitando a los hogares colombianos al acceso de bienes y servicios esenciales para la vida, tales como los productos de la canasta familiar. El resumen, el consumo de las familias se ha reducido y asistimos a una recesión económica sin precedentes. La realidad es que millones de personas están aguantando hambre en medio de la abundancia.

Ante esta situación el Gobierno ha acertado en entregar ayudas humanitarias para atender la emergencia durante los primeros meses. Siguió la vieja receta de entregar subsidios y contribuciones para que los pobres pudieran quedarse en casa ante la orden de no salir a buscar comida. Apoyo estatal que fue complementado con la solidaridad de la gente, quienes como muestra de altruismo social y confianza colectiva llevaron a millones de personas, a través de campañas, alimentos a los hogares.

Pero estas ayudas alimentarias se han reducido en la actualidad, la crisis del hambre continúa presente. Ahora se tiene, incluso, más pobres que antes; pues, además de los tradicionales pobres que no tienen que comer, se le une los nuevos pobres provenientes de la casi desaparecida clase media. Una población que han perdido sus empleos y fuentes de ingresos. Son los nuevos pobres, y desafortunadamente a estos les queda más difícil recibir ayudas y poner trapos rojos en sus viviendas para pedir auxilio.

Y lo peor, se viene restringiendo los sistemas de protección y se observa interrupciones a las cadenas de suministro de alimentos esenciales. El sistema de bienestar y aseguramiento social para los colombianos está igual. La gente debe pagar para comer y para tener acceso a una cita médica, de lo contrario se morirán de hambre y de enfermedades. Y el Gobierno piensa que el apoyo solo era momentáneo y que debía cubrir el instante del aislamiento. De allí que no quiera continuar con las ayudas a los pobres.

En este sentido, es urgente que como sociedad pensemos mejor la manera cómo podemos atender la pandemia del hambre. Debemos ser innovadores, creativos e inteligentes en la forma como debemos atender la crisis del hambre y mejorar las redes de protección social. La gente no está pidiendo limosna, están pidiendo derechos. La crisis del hambre debe atenderse, al menos desde dos frentes: por un lado, continuar con el apoyo con programas de seguridad alimentaria con el que se construya en el país el derecho a la alimentación; y a la vez, trabajar en generar capacidades para que esta población salga adelante.

Debemos atender de manera urgente y prioritaria la población en situación de pobreza extrema. Se requiere trabajar en acciones que brinden apoyos a los hambrientos, como la entrega de comida, a través de bonos para alimentos, restaurantes escolares o comedores comunitarios. Y a la vez trabajar en programas que les devuelvan el empleo, la estabilidad y los ingresos laborales a los hogares, acciones de largo plazo que respondan a los desafíos que plantea la coyuntura y expandan el bienestar y protección social de la población más vulnerable.

Debemos trabajar en el corto, mediano y largo plazo, en variados frentes, para generar seguridad alimentaria en los hogares colombianos. En crear y expandir los programas de protección social, para facilitar el acceso a alimentos y proteger los ingresos de los grupos más vulnerables de la población. En garantizar respuestas acertadas a las problemáticas y demandas sociales, económicas y territoriales originadas por la crisis sanitaria.

Este texto fue publicado el martes 13 de octubre en la página de la Fundación Paz y Reconciliación 


Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.

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