Opinión

El Presidente electo durante la campaña política generó la expectativa de hacer un gobierno de reconciliación. Con la intención de apaciguar las aguas polarizadas por la negociación de la paz, el mandatario Duque considera que ajustar el Acuerdo permitirá, ahora sí, unir a los colombianos.

La reconciliación en esos términos condujo a que en el Congreso la bancada del gobierno Duque hiciera cambios a la ley que crea el procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La bancada de Duque logró incorporar dos cambios: impedir que la JEP practique pruebas ante una solicitud de extradición, reduciendo su papel a verificar si la conducta fue cometida antes o después del Acuerdo. Y suspender todos los procesos adelantados por la JEP a los agentes de la Fuerza Pública hasta que el Congreso, por vía de una reforma constitucional, cree una sala especial, dentro de la misma jurisdicción, con nuevos magistrados para que haya un proceso de juzgamiento diferencial y único.

Estas modificaciones, las cuales están pendientes del control de la Corte Constitucional, hacen parte de los motivos que alientan a los sectores opositores al gobierno para realizar manifestaciones de rechazo a su mandato porque consideran que tales medidas no contribuyen a la reconciliación porque lesionan aspectos centrales del Acuerdo de paz.

De hecho, el día de la posesión presidencial se convocó a una protesta nacional que es entendida por los seguidores de Duque como parte de una estrategia para entorpecer su gobierno. Estos aspectos, han dado para pensar que la mayor dificultad para que Duque mantenga la gobernabilidad pasará por enfrentar la oposición encabezada por Petro y sectores similares.  

Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran otros ámbitos problemáticos para el gobierno Duque, al punto de pensarse que las mayores dificultades para la reconciliación promovida por el novísimo Presidente parecen provenir de su propia bancada. La designación burocrática realizada por el Presidente ha dejado descontentos a sectores políticos participes de su bancada y con asiento en el Congreso.

Posiblemente los afectados quieran obstruir en el Congreso la composición de mayorías. De ser así, Duque tendrá que lidiar más de lo previsto para alcanzar la aprobación de sus proyectos insignias sin acudir a la “mermelada”.

La situación en el Congreso podría calmarla el senador Uribe a favor del Presidente. Sin embargo, la apertura formal de una investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia al senador agregó un elemento adicional al reto de la gobernabilidad que tiene Duque.

En calidad de Presidente, máximo representante de las instituciones estatales y del interés general, resulta problemático que sin haberse posesionado haya tenido que responder ante la opinión pública por la investigación que la Corte Suprema de Justicia abrió por soborno y fraude procesal a su mentor y jefe político. Igualmente porque, en el marco de la investigación, Uribe puede dejar el Senado con lo cual tendría que recomponerse la dirección de la bancada de gobierno.

Y sin duda porque los afectos que manifiesta públicamente el Presidente por el senador investigado deberían ser ajenos a posibles influencias en el proceso judicial, permitiendo el debido proceso.

Pero mayor preocupación debería generarle al Presidente los pronunciamientos de miembros de su bancada —incluido el senador investigado— que ponen en cuestión la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia bajo el argumento de la “persecución política”. Poco contribuye a la reconciliación que los miembros de la bancada de gobierno desplieguen una campaña de desprestigio de la justicia que el mismo Presidente debe hacer respetar.

Así mismo, poco aporta a la reconciliación que los adeptos a Duque consideren que la mejor manera de controvertir las decisiones judiciales que los afectan sea llevar a la gente a protestar a la calle alterando el orden por el cual el Presidente debe velar. Y más contradictoria resulta la llamada a la movilización social por parte de miembros de la bancada de gobierno cuando el entrante Ministro de Defensa tiene entre sus planes inmediatos regularla. Así las cosas, el Presidente, él solito, tendrá que empezar su gobierno de reconciliación por unir a sus copartidarios y, a la vez, reconciliarlos con la justicia del país, la cual juró acatar y respetar.